Aunque parezca lejano el 2017, los gobierno municipales ya deben pensar muy bien cómo administrarán los recortados recursos para el próximo año; los recortes al gasto serán la prueba de fuego para muchos gobernantes, que tendrán que hacer igual con poco.
Es conocido a nivel nacional que los ingresos del petróleo han disminuido, por lo que una medida “cautelar” siempre es el recorte presupuestal, no solo a la educación, cultura y fomento económico, sino que también impacta a los ayuntamientos, que para el próximo año estarán recibiendo hasta un 20 por ciento menos del presupuesto que les destina la federación.
Me refiero a que será la prueba de fuego porque en los municipios donde habrá elecciones en 2018, tendrán que elegir entre ejecutar la obra pública que ya deben estar planeando o gastar, de forma arbitraria, en armar las estructuras del próximo candidato de su partido; esta segunda opción, la menos correcta pero para muchos la más adecuada: el objetivo es seguir en el poder.
Un municipio con un promedio de 400 mil habitantes se estima recibe como presupuesto anual un aproximado de 700 millones de pesos, pero debido a las limitaciones económicas nacionales ahora estaría recibiendo hasta 105 millones de pesos menos; por lo tanto ¿qué se puede esperar con eso? Dos o tres pavimentaciones de calles, despensas al por mayor y gastos no declarados para ir fortaleciendo las estructuras del partido, por la cercanía del 2018.
Para los gobiernos municipales seguramente el 2017 no pinta muy mal: total, que sacrifiquen obra pública pero no sus estructuras. Para quien sí pintará negro será para los ciudadanos, que seguramente deberán pagar hasta un 5 por ciento más en el predial o en el servicio de agua potable. El gobierno no pierde, son temporales, efímeros y constantes.
¿Existirá algún castigo para esos gobernantes que sólo ven en el presupuesto la materia financiera para construir y fortalecer sus estructuras? Seguramente sí, y si no, pregúntenle a Javier Duarte, si tarde o temprano no caen los malos gobiernos.
