Singladura | Indicadores alicaídos

Por Roberto Cienfuegos J.

El presidente sigue creyendo que su política distributiva importa más que el impulso de medidas que favorezcan o detonen el crecimiento económico del país.

La 4T parece empeñada en una transformación de fondo, radical, donde las “variables” económicas consideradas críticas, aun en modelos económicos como los de planificación central de China –economía de mercado socialista-, pasen a un segundo plano con el argumento de que se trata de “neoliberales, fifís” y hasta potencialmente corruptas porque sólo se pensaba en un grupo de amigos, en las cúpulas y/o roscas empresariales.

No nos llamemos a engaño. El presidente López Obrador nos lo ha dicho más que claro. “Primero los pobres”, “más que el crecimiento importa la distribución”, “adiós a los negocios amañados entre políticos y empresarios”, son algunas consignas loprezobradoristas, que trasuntan un peculiar pensamiento económico-político.

En su primer informe de gobierno, el uno de septiembre pasado, el mandatario censuró de manera contundente la “obsesión tecnocrática” de medirlo todo en función del “simple crecimiento económico”.

Lo fundamental, mencionó, “no es lo cuantitativo sino la distribución equitativa de la riqueza”, ya que el fin último es conseguir la felicidad de la gente. No hay en estos conceptos y posicionamientos presidenciales nada extraordinariamente raro.

El crecimiento económico, ha insistido, carece de sentido como objetivo en sí mismo. En realidad, López Obrador ve el crecimiento sólo como un medio para lograr un objetivo superior, el bienestar general de los mexicanos.

Argumenta López Obrador que el país tiene finanzas sanas, que no hay recesión, que no se ha aumentado la deuda, y que no hubo en este primer tramo de su administración un aumento de impuestos o nuevos gravámenes para la gente.

Más todavía, destacó que en lo que va de su gobierno se han logrado ahorros por 145 mil millones de pesos, con diferentes medidas, como las compras públicas consolidadas, evitando la corrupción y “lujos, opulencia y dispendios” que había antes para los funcionarios públicos.

En consecuencia y con este escenario como telón de fondo, tendremos los mexicanos que acostumbrarnos a una forma distinta de medir el desarrollo y/o el crecimiento nacional.

Poco, muy poco preocupan al gobierno de López Obrador los indicadores que utilizaron por casi cuatro décadas las administraciones englobadas en el concepto de “neoliberales”.

Ahora, el avance del Producto Interno Bruto (PIB) –la producción total de bienes y servicios de un país- pasa a un segundo plano, la inversión productiva en infraestructura –puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, autopistas, viviendas y muchas más- tampoco figuran –por lo menos no hasta ahora- en el top de la agenda gubernamental.

Quizá por ello, el lunes 14 de este mes, la agencia calificadora Moody’s recortó a 0.2% su proyección de crecimiento económico de México para 2019 desde el 0.5% previo, citando una “desaceleración significativa” en el consumo privado y la inversión en el primer semestre.

Para 2020, la firma también bajó su estimación de crecimiento del PIB a 1.3%, desde el 1.5% que esperaba en agosto.

Estos datos son desalentadores, pero el presidente sigue creyendo que su política distributiva importa más que el impulso de medidas que favorezcan o detonen el crecimiento económico del país.

Es cierto que México requería y requiere una distribución de la riqueza mucho más amplia y sostenida.

Es público y notorio que la desigualdad que impera en el país resulta extrema. Aun cuando la economía mexicana se coloca en el puesto número 14 del mundo, el 44 por ciento de los mexicanos sobrevive en la pobreza y 7.5 por ciento se debate en la pobreza extrema.

Se añade que la concentración de la riqueza en México refleja una severa  desigualdad entre los habitantes. Estimaciones diversas coinciden en señalar que el 10 por ciento de los más ricos capta 36 por ciento del ingreso del país, mientras que el 50 por ciento de la población se divide el 20 por ciento de los ingresos. Peor aún, el 10 por ciento más pobre apenas recibe 1.8 de los ingresos.

El presidente debe saber de manera sobrada la importancia de una redistribución de la riqueza, pero también la necesidad absoluta y aún vital de impulsar el desarrollo económico. Es indebido repartir lo que no se produce y es peor aún imaginarlo porque al tiempo será insostenible.

Dudo en alto grado que lo único que nos reste por hacer sea construir o formular variables o indicadores económicos distintos de aquellos que marca la teoría económica en general para explicar y, peor aún, justificar un estado de cosas que está lacerando al país, al menos por ahora. Hay que hacer algo para cambiar la ruta económica del país, pero pronto y muy bien. Urge.

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@RobertoCienfue1

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