Singladura: Toro fiscal

Es curioso, y aún paradójico, que en un país como el nuestro, tan urgido de recursos financieros para detonar el desarrollo (…) los municipios desperdicien todavía o al menos sigan sin aprovechar el gran potencial recaudatorio que tienen al alcance de su mano.

Por Roberto Cienfuegos J.

Es curioso, y aún paradójico, que en un país como el nuestro, tan urgido de recursos financieros para detonar el desarrollo a través de la inversión en áreas críticas y de enorme impacto económico y social, los municipios, unos 2500 en cifras redondas, desperdicien todavía o al menos sigan sin aprovechar el gran potencial recaudatorio que tienen al alcance de su mano.

¿Cuál es la razón? Es probable que el hecho esté asociado al propio desinterés de los munícipes, o tal vez a la ausencia de una infraestructura básica para activar la palanca fiscal, incluso pudiera responder a la escasa cultura ciudadana tributaria o, peor aún, a la ancestral desconfianza del gobernado en torno al manejo honrado de los recursos que se acumulan en las arcas públicas, donde –dice la conseja- hasta el más justo peca. Alguno, o todos estos factores, juegan en el fenómeno, supongo.

Sobre el tema impositivo, a finales de diciembre pasado la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, hizo ver que los gobernadores y alcaldes del país aún se rehúsan a entrarle al toro fiscal. “Tienen que aprender a cobrar impuestos”, recomendó, en un llamado que prácticamente entró –si acaso- por un oído y salió por otro de quienes debieron ser sus primeros interlocutores. Fue un llamado a misa, como solemos decir.

Polevnsky, la polémica lideresa de Morena, hizo ver entonces que “no es correcto que se hable de recursos y crean que del gobierno federal puede salir todo”. El llamado y aún advertencia de la otrora y primera presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ni mella hizo en gobernadores y menos en los alcaldes.

Estos comentarios de Polevnsky fueron hechos el 29 de diciembre pasado al término de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara el Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte. Allí, la dirigente política, antes empresaria, lamentó que los gobiernos estatales prefieran muchas veces por ejemplo devolver los hospitales a la federación antes que cobrar impuestos para mejorar las condiciones físicas de los centros hospitalarios.

Aseguró entonces que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) instrumentaría recortes en todas las áreas del sector público y cuenta con un plan para sacar adelante al país. Puso en claro sin embargo que los gobiernos municipales y estatales tendrán que “aprender a cobrar impuestos”. ¿Será?

El Coordinador de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Adrián García Gómez, hace ver efectivamente que “existe un gran potencial recaudatorio en muchos municipios” del país.

Alerta que “éste debe ser uno de los temas centrales” en cuanto llegue el momento de discutir una reforma fiscal, un tema aún pendiente en México y al que de igual forma, se teme aun y cuando la recaudación tributaria del país resulte “la más baja, medida como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

García Gómez destaca que la estrategia actual del gobierno de la 4T “está enfocada en combatir la evasión y la elusión fiscal, donde la SHyCP estima que se pierden entre 3 y 4 puntos del PIB de recaudación”, un caudal de recursos potenciales.

Para dimensionar este monto, apunta García Gómez, en 2018 la recaudación total del IVA fue de 3.9% del PIB. En consecuencia, agrega, “habrá que ver los resultados que se obtengan de estos esfuerzos, para en el futuro discutir a fondo la necesidad de una nueva reforma fiscal, en donde se indague en temas que están pendientes desde hace muchos años, como el fortalecimiento de la recaudación de estados y municipios y los impuestos al capital”. Hay que escuchar a Yeidckol, al menos en esta materia.

García Gómez alerta sin embargo el cambio “muy marcado” por el lado del gasto gubernamental bajo la 4T, “sobre todo en el gasto social”, donde hay un viraje hacia una política “de transferencias directas” a los beneficiarios bajo el argumento de que existía una gran corrupción, y como consecuencia una pérdida de recursos por los intermediarios.

“Es muy pronto para analizar el impacto que este nuevo enfoque tendrá en el bienestar de la sociedad, sin embargo, hay cuestiones que prenden focos rojos, como que muchos de estos programas no tienen reglas de operación y que el mecanismo de transferencias directas se pueda utilizar con fines políticos”, indica. Es cierto, pero eso, al menos por ahora, corresponde a otro campo.

García Gómez añade: en 2018, y de acuerdo con lo presentado en el paquete económico 2019, “la deuda pública ha tenido un manejo responsable”.

Hay un superávit primario, “lo que quiere decir –explica- que el gasto público, sin contar el pago por el servicio de la deuda, es menor que los ingresos obtenidos por el gobierno”.

Aun así, el pago del servicio de la deuda es considerable, representando más de 2% del PIB, y, peor aún, “si se pierde este manejo responsable, la deuda y el pago de intereses aumentarían, lo que dejaría menos recursos disponibles para realizar políticas públicas”, lo que abre el riesgo de recurrir a un endeudamiento no sostenible.

En el mediano y largo plazo debe asegurarse que el gasto se realice en áreas que potencien un mayor desarrollo y crecimiento económico, como la inversión, la salud y la educación, precisa el Coordinador de Ingresos e Impuestos del CIEP.

En un seminario regional sobre política fiscal la semana pasada en la capital de Chile, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, sugirió en nombre del organismo cinco instrumentos para ampliar espacio fiscal y potenciar la Agenda 2030: Reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos; impulsar la adopción de impuestos a la economía digital y de salud pública; cambiar incentivos mediante impuestos ambientales para avanzar hacia la descarbonización de la economía y la reconversión productiva; revaluar los gastos tributarios; y fortalecer el impuesto sobre la renta personal y los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.

Este último punto –impuestos a la propiedad inmobiliaria- constituye un tema clave, según García Gómez. En México, indica, apenas representa el 0.3 por ciento del PIB y está a cargo de los gobiernos locales.

Bárcena dijo que hay cinco opciones de políticas de gasto e inversión pública: proteger la doble inclusión (laboral y social) a partir del gasto social, potenciar y reorientar la inversión pública para impulsar el uso de tecnologías innovadoras (energía, movilidad, comunicación y bioeconomía) con recursos naturales,  avanzar hacia sistemas presupuestarios que incentiven la inversión pública prioritaria a  través de marcos contables pro inversión, establecer acuerdos público-privados para infraestructura y energía renovable, y rediseñar los incentivos fiscales para políticas industriales.

¿Quién le entrará al toro? ¿La 4T? Es tiempo.

@RobertoCienfue1

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