Desde octubre de 2024 al día de hoy 8 de julio de 2025, ocho presidentes municipales han sido asesinados en México —uno por mes en promedio—, que se suman a 23 ya existentes a lo largo de la cuarta transformación, estas muertes no son incidentes aislados, sino señales de cómo el crimen organizado penetra gobiernos locales y agrede frontalmente a sus autoridades, el secuestro, la decapitación y los ataques directos son el reflejo más brutal de esta ola de inseguridad.
Los alcaldes operan en zonas donde los cárteles dictan reglas: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, son territorios que desde los 90 presentan ascenso de estructuras criminales que buscan cooptar a la población y eliminar a quienes no se alineen.
La capacidad institucional en muchos municipios es mínima: pocos policías, sin equipamiento adecuada, y sin inteligencia local que combata el crimen, esto convierte al alcalde y al cabildo en un blanco fácil, no hay cuerpos de seguridad municipales fuertes ni filtros de control interno, incluso varios cuerpos policiales están infiltrados, lo que facilita agresiones internas o negligencia al cumplir con la seguridad de la población.
Foto: Archivo.
Asesinar a un alcalde, regidor o servidor público es un ataque directo a la democracia local, es topar proyectos, voces y esperanzas ciudadanas que buscan mejores condiciones, es el recordatorio de que cuando caminar cerca del poder equivale a acercarse al peligro, el despotismo, y la negligencia, la confianza social colapsa.
La estrategia integral de seguridad se demuestra insuficiente al solo combatir las causas, cuando las cifras suben y los datos no son transparentes.
Claves para entender el problema
- Impunidad prolongada: la falta del cumplimiento del estado de derecho o impunidad, prolonga el ciclo de violencia, cuando no se castiga con celeridad ni justicia el crimen, se normaliza la violencia y la delincuencia como estrategia política.
- Ausencia de protección a servidores públicos: La falta de protocolos y protección efectiva deja a alcaldes y funcionarios vulnerables, el fortalecimiento de escoltas, sistemas de alerta temprana y coordinación federal -estados, municipios y gobierno federal- son urgentes para plantear estrategias de combate a la delincuencia.
- Déficit en rendición de cuentas y transparencia: Sin mecanismos efectivos de control interno, la corrupción se entrelaza con grupos criminales, debilitando el Estado de Derecho.
No basta con lamentar los hechos, o aceptar las cifras, se necesita un análisis estructural y propuestas integrales:
- Reforzar y profesionalizar las policías municipales con formación, equipos y depuración de infiltrados.
- Crear sistemas de protección inmediata para alcaldes y funcionarios, incluyendo adiestramiento en gestión de riesgo y escoltas confiables.
- Implementar mecanismos reales de transparencia, con vigilancia ciudadana y evaluación constante para prevenir la corrupción.
- Fomentar modelos de seguridad comunitaria, en los que la ciudadanía y autoridades dialoguen y construyan confianza recíproca.
Solo así podremos romper la lógica del miedo, la amenaza y el asesinato como herramienta de poder, los municipios necesitan transformar la violencia sistémica en una apuesta por la convivencia democrática y segura.
Ahora, la mayor pregunta es ¿qué le espera a la ciudadanía? la pregunta duele, porque si quien ocupa el cargo más alto en el municipio —el alcalde— puede ser asesinado, decapitado, silenciado, ¿qué seguridad real tiene el ciudadano común que vive al margen del poder y de las estructuras institucionales?
Cuando asesinan a un alcalde, no solo muere una persona, se fractura la representación local, se quiebra la posibilidad de gobernar con legitimidad, y se envía un mensaje claro a toda la comunidad: nadie está a salvo. El crimen organizado no solo busca territorios, busca someter voluntades, si puede callar a un alcalde, puede controlar al comisario, al regidor, síndico, al maestro rural, al médico comunitario… y, finalmente, al vecino común.
La violencia se convierte en paisaje cotidiano, la gente ya no se indigna, se acostumbra, las balaceras, las desapariciones, las amenazas se aceptan como parte de vivir en México, lo que erosiona la capacidad colectiva de exigir justicia, de organizarse, de vivir una vida digna, que incluso impacta en lo internacional con las declaraciones de no venir a México por la violencia.
El miedo paraliza, si alguien puede asesinar a los representantes ¿para qué votar? ¿para qué participar? la ciudadanía se retrae de los espacios públicos y políticos. Calla, se encierra y ese vacío es aprovechado por quienes quieren imponer su ley y la fuerza, con armas, dinero y corrupción.
Cuando el Estado no protege ni a sus propios servidores públicos, tampoco podrá hacerlo con sus ciudadanos, así, la legitimidad institucional se desvanece, el ciudadano ya no cree ni en la policía, ni en los jueces, ni en los gobiernos, este es el caldo de cultivo ideal para el autoritarismo, el populismo extremo, la ley del más fuerte o la ley del oro: quien tiene el oro hace la ley.
La gente queda expuesta a extorsiones, desplazamientos forzados, reclutamiento criminal y pérdida de derechos fundamentales, cuando no hay Estado, el crimen decide, lo hace sin debate, sin justicia, sin misericordia.
La solución no está solo en más patrullas o más armamento, está en reconstruir el vínculo social, en fortalecer la educación cívica, en promover un liderazgo ético y ciudadano que regenere la confianza de unos a otros, desde lo local, si la ciudadanía recupera su voz, si exige, si participa, si vigila, entonces la democracia sobrevive, pero si se encoge de miedo y silencio, solo queda el poder del plomo.
No se trata solo de proteger a los alcaldes, se trata de garantizar el derecho a vivir sin miedo para todas y todos, de eso va el futuro de México.
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