En el proceso electoral actual, los partidos políticos deberán cumplir con diversas cuotas para promover la llegada al Congreso de personas pertenecientes a grupos sociales históricamente discriminados y subrepresentados.
Foto: Senado de la República.
Todo esto derivado de acciones afirmativas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así lo resalta un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Desafíos de los criterios de adscripción grupal en el diseño de acciones afirmativas para personas en situación de discriminación y subrepresentación”, por Susana Ramírez Hernández, sostiene que ante la ausencia de una ley que norme la adopción de acciones afirmativas electorales, el TEPJF reconoce que el INE tiene la facultad para regular sobre esta materia.
El INE aprobó a finales del año pasado un acuerdo que establece una serie de cuotas mínimas para diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Los partidos deberán postular para la Cámara de Diputados a 34 candidaturas de personas indígenas, 4 de personas afromexicanas, 8 de personas con discapacidad, 3 de la diversidad sexual y 5 personas migrantes residentes en el extranjero.
Y, para el Senado, los partidos deberán presentar 5 candidaturas de personas indígenas y al menos una candidatura para personas afromexicanas, una para personas con discapacidad, una de la diversidad sexual y una para migrantes.
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