En agosto de 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, del cual, uno de sus principales objetivos era crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza para los policías. Según la iniciativa, el plazo es de cuatro años —a enero de 2013— para evaluar a todos los elementos de las instituciones de seguridad pública mediante los centros estatales de control de confianza, pero hasta el momento el avance es de apenas 49 por ciento.

Durante el Foro Sumemos Causas, Ciudadanos + Policías, la asociación civil Ciudadanos por una Causa en Común presentó los avances de las evaluaciones a los elementos policiacos. De acuerdo con los resultados sólo se tiene certeza de que 31.18 por ciento del total de los policías del país han completado y aprobado la evaluación, mientras que 17.53 por ciento no han aprobado las pruebas de control de confianza y 19.4 por ciento está pendiente aún de la evaluación.

El desglose de las cifras a nivel estatal y municipal tampoco arroja un resultado optimista, pues del total de los policías estatales el avance es de 51.32 por ciento, contra 48.68 por ciento de efectivos que no se han sometido a las pruebas pertinentes. De los evaluados, 67.77 por ciento aprobaron los exámenes de control de confianza, mientras que 13.71 por ciento no corrieron con la misma suerte y 18.5 por ciento de los policías estatales del país permanecen a la espera de ser evaluados. Es decir, que de todos estos agentes, sólo se tiene certeza de poco más de la tercera parte de ellos.

En los municipios la situación no es muy distinta. Del total de los policías municipales hay un avance de 47.48 por ciento de evaluaciones, y 52.52 por ciento aún no han sido calificados. En tanto, 53.1 por ciento de los elementos evaluados ya ha sido aprobado, mientras que 24.36 por ciento reprobó y 22.53 por ciento está pendiente de los resultados. Esto quiere decir que de todos los policías municipales sólo 25.21 por ciento de ellos son confiables.

Causa en Común apunta que de los 37 mil 604 elementos no aprobados por control de confianza, sólo se han dado de baja a 3,326, y aún hay 34 mil 278 bajas pendientes.

FALTAN DETALLES

María Elena Morera, presidenta de la asociación, expresa que dichos resultados “nos tienen insatisfechos”, pues tampoco existe un seguimiento al respecto. Un ejemplo es que de los elementos aprobados se ignora cuántos pasaron con restricciones y qué medidas se están tomando al respecto. De igual manera, tampoco se sabe qué ha sucedido con los policías no aptos que no se les ha dado de baja.

“La importancia es que es una política pública recientemente implementada, llevamos poco más de 2 años reales de evaluar a la policía porque en este país todo es lento, es una política nueva completamente, la tenemos que consolidar. El planteamiento era que estuvieran todos (los policías) evaluados para enero de 2013. No se va a cumplir. Entonces, lo que necesitamos es consolidarla”, asevera María Elena Morera en entrevista para Alcaldes de México.

Ante esta situación, indica, Causa en Común propuso rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el Secretariado Ejecutivo del mismo cuente con un Centro de Evaluación y Seguimiento a Políticas Públicas, así como con un Centro de Desarrollo Policial que integre al actual Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

El foro, que se realizó el pasado 28 de agosto, contó con la presencia del embajador de Estados Unidos Anthony Wayne, fue inaugurado por el presidente Felipe Calderón, quien mencionó que al inicio del sexenio los policías del país carecían de esquemas elementales de evaluación y control, así como de mecanismos para su profesionalización, lo que derivó en la desconfianza de la gente hacia las instituciones policiacas, hacia las policías de los tres órdenes de gobierno. Además, provocó que las instituciones del orden estuvieran debilitadas ante la expansión de la actividad criminal.

El mandatario recordó que ante tal situación, el Gobierno Federal puso en marcha una estrategia integral de seguridad basada en tres ejes principales: enfrentar a las organizaciones criminales, reconstruir las instituciones de seguridad y justicia, y fortalecer el tejido social.

En lo que toca a las instituciones, se diseñó e implementó un nuevo modelo de policía para transitar a un esquema de prevención basado en la fortaleza de las instituciones, el trabajo de inteligencia y la confiabilidad de los miembros de los cuerpos policiacos en las 32 entidades federativas. Actualmente, todos los gobiernos están obligados por ley a implementar dicho modelo.

Además, se creó el Sistema Integral de Desarrollo Policial, con el objetivo de depurar, profesionalizar y regionalizar las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno. Durante la presente Administración se ha apoyado con más de 67 mil millones de pesos a las autoridades locales, para capacitar, evaluar, depurar y dotar de equipo a sus cuerpos policiacos.