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A la caza de gobiernos opacos

Entregando dineroLos índices se elaboran para diagnosticar problemas de política pública o para impulsar su reforma. Construir instrumentos de medición para la corrupción y la gobernabilidad cumple el mismo propósito. A pesar de que medir la corrupción es un ejercicio difícil, dado que los participantes evitan dejar registro, existen diferentes instrumentos de medición a nivel global.

Organizaciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otras, han diseñado instrumentos para medir la corrupción y la gobernanza apoyados en encuestas de opinión u otros instrumentos que miden la apreciación social del fenómeno. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional, fue el primero en medir la opinión global sobre el grado de corrupción en los países. A pesar de sus restricciones metodológicas, por estar sustentado en percepciones más que en la ocurrencia real de la corrupción, el IPC se ha convertido en el índice más conocido para impulsar la agenda global contra la corrupción.

Los índices globales permiten construir ordenamientos o rankings por países y son de fundamental importancia para crear conciencia y diálogo sobre el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, rara vez resultan en cambios políticos definidos. Para impulsar acciones en las políticas públicas es necesario desarrollar índices con resultados que permitan identificar problemas concretos y, desde allí, diseñar estrategias para enfrentarlos.

Con el objeto de trascender las limitaciones de los indicadores de percepción y medir la ocurrencia efectiva de la corrupción, Transparencia Mexicana diseñó en 2001 el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), con el cual busca medir la corrupción que afecta servicios públicos y trámites.

EL CASO DE MÉXICO

El INCBG mide la frecuencia con la cual los hogares mexicanos tuvieron que pagar un soborno para acceder a 35 trámites y servicios (desde la recolección de basura hasta gestiones judiciales ante el Ministerio Público o con jueces). Desde 2001, el INCBG mide experiencias de corrupción en trámites y servicios, representando así la primera serie histórica del país en materia de corrupción en este ámbito.

El Índice se calcula a partir de los datos proporcionados por los jefes de hogar sobre el número y tamaño de pagos que realizan para facilitar la utilización de servicios públicos proporcionados por los tres niveles de gobierno y por particulares. En la edición 2010 del Índice, se encuestaron 15 mil 326 hogares mediante un estudio nacional dividido en 32 encuestas, una por cada entidad federativa.

Los resultados de 2010 muestran que el INCBG creció tres décimas con respecto a 2007, al registrar 10.3 casos de corrupción por cada 100 ocasiones en que se realizó un trámite o servicio seleccionado. Los datos señalan que México pasó de 197 millones de actos de corrupción en 2007 a 200 millones en 2010. Mientras en 2007 se erogó un promedio de 138 pesos por cada acto de corrupción, en 2010 este pago llegó a 165 pesos. El costo asociado pasó de 27 mil millones de pesos (mdp) en 2007 a 32 mil en 2010, lo que representó un impuesto adicional de 13.9 por ciento sobre los ingresos promedio de los hogares mexicanos.

El Índice permite desagregar los resultados a nivel de entidad federativa y por trámites. De los 35 trámites, 14 redujeron sus niveles de corrupción entre 2007 y 2010, mientras que 21 trámites empeoraron. El trámite con mayor incidencia de corrupción es la infracción o la detención por un agente de tránsito local. Le sigue estacionarse en lugares controlados por personas que se apropian de ellos, así como recuperar un auto robado, evitar la detención en el Ministerio Público, realizar una denuncia, acusación o levantar un acta.

CRECIMIENTO COMPROMETIDO

En la desagregación por entidad federativa, el INCBG revela que la corrupción en trámites y servicios varía significativamente entre los estados. Entre 2007 y 2010, un total de 16 entidades lograron reducir sus niveles de corrupción, mientras que el resto se mantuvo sin cambio o empeoraron. Según el Índice de 2010, el Distrito Federal y el Estado de México resultaron ser las entidades más afectadas por la corrupción en trámites y servicios, mientras que Baja California Sur tuvo la menor cantidad de transacciones ilegales.

No sorprende que los que peor salieron en el índice son los estados más densamente poblados. En los lugares donde hay una demanda mucho mayor de servicios públicos, también aumenta el riesgo de la corrupción. Otros estados donde se presentaron mayores actos de corrupción fueron Guerrero, Hidalgo, Colima y Oaxaca, mientras que los que mejoraron fueron Baja California Sur, Yucatán y Morelos.

Las implicaciones que las “mordidas” tienen para el desarrollo en los estados es otra evidencia crucial del Índice. Los actos de corrupción a pequeña escala tienen un efecto devastador para las sociedades, especialmente para los sectores más pobres, ya que representan un obstáculo para el desarrollo humano.

Según los resultados del Índice, los hogares mexicanos destinaron 13.9 por ciento de su ingreso a las mordidas. Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo representa 32.8 por ciento de su ingreso. En áreas estratégicas para el desarrollo de las sociedades, los datos del Índice empeoraron: las “mordidas” en los hospitales y para obtener constancias o exámenes de escuelas públicas aumentaron.

Lo anterior muestra que la lucha contra la pobreza no se puede ganar en un contexto en el cual se abusa de los servicios públicos en áreas tan fundamentales como el acceso al sistema de salud o a la educación. La serie histórica del Índice también permite ver datos positivos, como la mejoría del ingreso a programas sociales desde 2001, lo que refleja un mayor grado de democracia en el país.

Los resultados del INCBG 2010 son útiles para continuar en el diagnóstico, pero más importante aún, para iniciar acciones concretas que reduzcan los niveles de corrupción que afectan a los hogares en su ingreso y en la exigibilidad de sus derechos.

El INCBG representa la oportunidad para enfrentar los problemas con acciones que permitan hacer frente a la corrupción que se da en la mayoría de los trámites y servicios de los tres niveles de gobierno. Después de una década de mediciones, los gobiernos de los ámbitos Federal, estatal y municipal tienen una tarea central: pasar del diagnóstico a la acción.

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