Basta de gastar “a ciegas”

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Desde hace cuatro años, la administración pública federal comenzó a aplicar el modelo de Presupuesto con Base en Resultados para programar y ejercer el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, lo que significa medir la eficacia de un programa o servicio público antes de asignarle determinada cantidad de recursos.

Algunos gobiernos locales han comenzado a adoptar este esquema. Uno de ellos es el estado de Oaxaca —con apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal—, que en mayo pasado terminó y dio a conocer su sistema.

Sin embargo, no se puede decir que sea la generalidad de las administraciones estatales y menos aun municipales, a pesar de que ya es un mandato de ley tras las reformas hacendarias que se hicieron en los años 2006 y 2007, por lo que los tres niveles de gobierno están obligados a aplicar el esquema, refiere Carlos Montaño Fernández, subsecretario de Egresos de la SHCP.

El modelo de Presupuesto con Base en Resultados es un conjunto de actividades y herramientas que sirve para la toma de decisiones en materia presupuestal, con el propósito de garantizar que el impacto de los programas sea el esperado. Se integra por un Sistema de Evaluación del Desempeño, que a su vez incorpora un Marco Lógico y una Matriz de Indicadores, instrumentos técnicos que generan información sobre todas las etapas de los programas y sus impactos.

El esfuerzo de revisar lo que se hace con el dinero no es menor, sobre todo si se toma en cuenta que el gasto público de nuestro país es equivalente a 24 por ciento del PIB, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

ORGANISMOS VIVOS

Lo que se pretende con el enfoque de resultados es gastar mejor, porque sin instrumentos de medición y sin evaluaciones “es como manejar a ciegas, sin saber qué camino se ha tomado”, agrega Carlos Montaño.

Hasta ahora, la SHCP ha practicado 502 evaluaciones —con el auxilio de supervisores internos y externos— a 272 programas federales, que tienen como características otorgar subsidios, producir bienes y servicios o desarrollar actividades de planeación de políticas públicas, entre otras. Tan sólo de 2007 a 2010, el Gobierno Federal tuvo ahorros por 25 mil millones de pesos (mdp).

Para explicar cómo se utiliza la información de las evaluaciones, Carlos Montaño puso como ejemplo el proyecto del PEF de 2011, en el que se plantearon cambios en el ramo agropecuario. “Lo que encontramos ahí es que, en conjunto, todos los programas no estaban alcanzando los objetivos que se buscaban, y lo que se hizo fue aplicar una recomposición de los mismos, agrupándolos de una mejor manera.”

Carlos Montaño FernándezSin embargo, aunque una evaluación salga negativa no quiere decir necesariamente que deban retirarse los recursos o desparecer el programa. “Por ejemplo, tenemos un programa para mujeres con cáncer, pero sale mal calificado, bajo ningún motivo vamos a quitarle el dinero a un programa así”, comenta el subsecretario

En todo caso, lo que arrojan las revisiones es que probablemente hay alguna falla en las reglas de operación o en alguna etapa de la ejecución del programa, o incluso, que ya no exista la población objetivo, lo que da elementos de diagnóstico para hacer las correcciones necesarias. Incluso, a los programas bien evaluados —como Oportunidades y Setenta y Más—, también se les pueden imponer retos mayores para elevar los beneficios.

Los programas de política pública son “como organismos vivos en constante evolución”, comenta el funcionario. Actualmente, se estima que más de la mitad del gasto programable se somete a evaluaciones.

Oaxaca es el único estado que ha firmado el convenio de colaboración con la SHCP para aplicar el modelo de Presupuesto con Base en Resultados, en tanto que se tienen avanzadas las pláticas con el gobierno de Veracruz. Por medio de dicho convenio, los solicitantes obtienen asesoría técnica de la Secretaría y el apoyo financiero que canaliza el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para 2011, se tiene previsto impulsar a 10 entidades federativas.

En los últimos años, gobiernos como el de Jalisco y del Distrito Federal han introducido paulatinamente el esquema de orientación a resultados, aunque sin tener un convenio con la Federación. Pese a esto, falta mucho camino por recorrer. “Hemos estado aquí para apoyar a las entidades federativas que quieran sumarse a este esfuerzo y así vamos a continuar, pero todavía no hay un avance importante a nivel estatal ni municipal”, advierte Montaño, y reconoce que las ciudades más grandes son las que en principio estarían en posibilidades de aplicar el esquema.

OAXACA BUSCA RENTABILIDAD SOCIAL

El gobierno de Oaxaca presentó en mayo pasado, a la Cámara de Diputados local, su propuesta del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública, que pretende transformar la asignación presupuestal, de un esquema de cumplimiento de metas generales a uno de medición de resultados. Está dirigido a las entidades públicas de nivel estatal, mientras los municipios están en libertad de acatarlo o no.

Buscan ApoyoLa idea es identificar en qué programas los recursos públicos tienen “mayor rentabilidad social”, así como mejorar los controles del gasto y elevar la transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad, explica Gerardo Cajiga Estrada, secretario de Finanzasdel gobierno del estado.

El diagnóstico no era muy favorable para la entidad, ya que según el Índice de Desarrollo de los Sistemas de Evaluación y Monitoreo en las Entidades Federativas (IDSEM), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Oaxaca ocupa el lugar 25 en todo el país.

La propuesta del Sistema de Evaluación, que hasta el cierre de esta edición seguía bajo el análisis de la Cámara de Diputados local antes de ser aprobado, plantea de entrada, evaluar 3 por ciento del gasto programable que corresponde principalmente a programas sociales. Posteriormente se agregarán otros programas.

A Oaxaca le llevó cuando menos cinco meses para concretar la iniciativa y, gracias al convenio firmado con la Federación, recibió un apoyo económico de 10 mdp. El secretario de Finanzas agrega que una de las bondades del esquema es que se contratarán evaluadores externos para dar una opinión totalmente independiente, además de que se prevé recortar recursos a aquellas acciones que no generen los beneficios esperados.

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