Cuando un Gobernante se va

gobernanteLa aprobación de licencias de trabajo para funcionarios de alto rango a nivel federal, estatal y municipal, si bien genera gastos económicos directos para sus administraciones, el mayor impacto está en los llamados costos indirectos, debido a los retrasos que se desencadenan en los proyectos de inversión trazados para un periodo de gobierno.Las causas más comunes por las que un gobernador, un presidente municipal o un secretario de Estado, por mencionar algunos cargos, dejan sus funciones, tienen que ver con alguna enfermedad que les impida realizar sus labores, desarrollar estudios fuera del país, ser sujeto de una investigación legal, desempeñar otro puesto en la administración pública y participar en comisiones específicas de tipo sindical.

No obstante, la más importante tiene que ver con las elecciones. Aproximadamente, 8 de cada 10 licencias para ausentarse del cargo están relacionadas con la búsqueda de un puesto de elección popular —el llamado chapulinero.

“En México, prácticamente todos los años tenemos comicios; entonces, todos los años se tramitan este tipo de permisos
que terminan por afectar al gobierno en cuestión”, comenta Carlos González, director Ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

¿CON O SIN?

La aprobación de una autorización para ausentarse del cargo público está sujeta a los lineamientos de trabajo de cada gobierno local; sin embargo, en la mayoría de los casos es aprobada sin mayor problema, añade el investigador.

La diferencia radica en si se avala con o sin goce de sueldo. Las principales causas por las cuales se autoriza que el funcionario se ausente de su puesto con una remuneración de por medio es por enfermedad y comisiones. En los demás casos, es raro ver que se aprueben con el salario que hasta ese momento recibía el funcionario.

“En casos de enfermedad, por supuesto que las licencias representan un gasto económico para la administración pública, porque además de erogar el salario del actual titular, hay que pagar el del que llegará a ejecutar sus funciones”, refiere Gustavo López Montiel, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

No en todos los casos llega nuevo personal a sustituir al que se ausenta, pero si la enfermedad indica que requiere de un tratamiento prolongado, lo ideal es traer un suplente que cubra la plaza durante el tiempo que sea necesario.

No obstante, dice Carlos González, no existe una partida de recursos asignada para tales fines. “Nadie presupuesta la salida de un gobernador o de un alcalde en su planteamiento económico. Finalmente, se trata de un gasto contingente que pocas veces, por no decir que nunca, se prevé.”

Por dicha razón, los recursos terminan por salir del gasto corriente. Eso, aunado a que el número de licencias varía año con año y en cada administración, hace imposible conocer qué porcentaje de un presupuesto se destina a esos fines.

“Por supuesto que deben ser cantidades importantes, que podrían destinarse a otros rubros, como el combate a la pobreza y la inseguridad, o bien, a infraestructura, pero como porcentaje de un presupuesto debe ser pequeño”, considera, y agrega que lo ideal es que los gobiernos contraten seguros para este tipo casos, o bien, hacer “un guardadito”.

ADECUAR LAS NORMAS

Sin embargo, en un entorno donde la constante es la poca recaudación, una generación limitada de ingresos propios y alto endeudamiento es una batalla difícil de ganar. Bajo ese entorno, la mayor carga radica en los costos indirectos, que impactan principalmente a la sociedad.

¿Por qué?

De acuerdo con Jesús Sánchez Arciniega, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las licencias de altos funcionarios retrasan los proyectos que se trazaron para una administración.

“Más que el dinero, el costo real de que un funcionario deje su trabajo tiene que ver con los rezagos que se crean en los planes de gobierno”, comenta.

El primer factor es el costo de aprendizaje. Cuando un funcionario se va, la persona que lo sustituye tarda entre tres y seis meses en entender en su totalidad las nuevas tareas. Esto significa una sexta parte de un gobierno municipal.

“Ahora bien, imaginemos un escenario en el que al nuevo encargado de despacho también le interese competir para ser diputado o senador. Estamos hablando de otros seis meses perdidos, porque vendrá otra persona en su lugar a desarrollar el proceso de aprendizaje que el primero vivió.”

En total, sería un año, es decir, una tercera parte de lo que dura una administración municipal, que es donde se registra el mayor número de licencias. Quedan dos años para un plan de trabajo que se trazó para 36 meses.

“Ante ese panorama, lo único que podemos tener son retrasos en obras y proyectos futuros, que terminan impactando en un menor crecimiento y una generación de empleo limitada, es decir, quien termina pagando el pato son los ciudadanos”, expone.

Para López Montiel es difícil cambiar por completo estas reglas, debido a que no hay leyes que las prohíban. Sin embargo, destaca que sí puede haber modificaciones a los marcos normativos que limiten el número de licencias en una determinada administración o en un periodo específico, particularmente en los periodos electorales.

 

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Las reglas dependen de cada congreso local, aunque también se pueden poner candados en las leyes de coordinación fiscal, destaca.

En opinión de Sánchez Arciniega, una alternativa consiste en ampliar los periodos de gobierno de los alcaldes. Actualmente, los alcaldes duran tres años y en algunos casos cuatro. Ampliarlo a cuatro sería una buena opción, además de establecer un calendario electoral mejor coordinado, en el cual todos, o al menos la mayoría de los gobiernos locales celebren sus comicios en un periodo similar.

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