Desde sus inicios y hasta noviembre de 2013, este programa ha emitido 187 alertas nacionales, las cuales permitieron recuperar a 105 menores en menos de 72 horas. El reto consiste en vincular a las alcaldías para incrementar los alcances de la iniciativa.
Ante la alta incidencia de menores desaparecidos, los estados del país se han preocupado por implementar el protocolo de Alerta Amber, un programa desarrollado para identificar y recuperar menores de edad en el menor tiempo posible. No obstante, los municipios deben jugar un papel más activo en esta labor. En ese sentido, los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de sumar a las alcaldías del país. Nelly Montealegre Díaz, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR) y Coordinadora Nacional de Alerta Amber, comenta que en México la iniciativa se instauró desde 2011, sin embargo hasta hace poco no todas las entidades federativas contaban con este protocolo.
BUEN CRITERIO.
Este programa surgió en Estados Unidos, en 1996, debido a la desaparición de Amber Hagerman, una menor que fue secuestrada y encontrada muerta a pocas calles de su domicilio. Para evitar casos similares se emitió un protocolo especial de búsqueda que se extendió en otros países. México fue el décimo a nivel mundial en adoptarlo.
Montealegre Díaz explica que para detonar una Alerta Amber es necesario cumplir con tres requisitos: el primero tiene que ver con la edad, pues aplica sólo para menores de 18 años; también es necesario que los familiares proporcionen información suficiente para su localización como rasgos físicos o tipo de ropa que vestía; asimismo se requiere información que demuestre que la vida del desaparecido está en peligro, por ejemplo, si fue sustraído con violencia.
Acatar dichos lineamientos puede parecer sencillo, sin embrago hay que tener un buen criterio de selección al lanzar una alerta. Por ello los enlaces de los gobiernos deben estar capacitados, ya que es una medida que se activa sólo en casos en los que los pequeños corren riesgo de ser privados de su vida, de lo contrario pierde relevancia y no se atienden los casos prioritarios, apunta la experta.
LOS AVANCES.
Desde los inicios del programa en México, el Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en el país brindó capacitación a funcionarios sobre cómo reaccionar ante este tipo de eventos, lo que permitió que los estados crearan sus propios comités.
Nelly Montealegre comenta que el comité nacional está integrado por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la PGR a través de la Fevimtra. Sin embargo éste no puede dictar cómo integrar los enlaces de cada estado.
A pesar de lo anterior, existe cierta homologación entre los gobiernos locales, ya que todos cuentan con la participación de las principales instancias de gobierno, pero también existen entidades que integran en sus comités, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública local, lo cual, a decir de la funcionaria, es benéfico.
En dichos comités no figuran los municipios, aunque estados como Nuevo León, Yucatán y Oaxaca sí involucran a los ediles. En esos estados los efectivos policiacos se suman a la labor de recabar información del secuestro o desaparición.
Que todas las entidades cuenten con este protocolo ayuda al sistema a ser más eficiente. El comité nacional puede vincular la alerta, es decir, si la información con la que se cuenta sobre una alerta en Yucatán hace suponer que el menor se encuentra en Colima, se lanza la Alerta Amber Nacional en esos dos estados. La coordinadora nacional del programa agrega que el reto en los próximos meses consiste en generar mejores resultados. “Lo importante en primer lugar era que todos los estados estuvieran involucrados, ahora necesitamos mejorar la información que surge de cada alerta emitida”, apunta.
Al respecto comenta que sólo se tienen cifras generales. Desde su inicio y hasta noviembre de 2013 se emitieron 187 alertas nacionales. En esos casos se recuperaron 105 menores en el lapso de 72 horas. Sin embargo no se puede precisar si los restantes fueron encontrados, cuántas alertas se dispararon en cada estado, así como el motivo de la desaparición ya que esa información la manejan las procuradurías locales.
LOS MÁS APLICADOS.
Montealegre Díaz refiere que Oaxaca es uno de los casos más destacados, ya que cuenta con una unidad especializada que se encarga de hacer la investigación correspondiente. También incorpora a un psicólogo que ayuda a las víctimas de estos casos. Otro caso exitoso es Chiapas, donde la Alerta Amber comenzó a operar en julio de 2012. Desde esa fecha han sido emitidas 40 alertas, de las cuales 36 fueron resueltas satisfactoriamente. En esa entidad, la fiscalía especializada para la Protección de los Derechos de la Mujer se encarga de coordinar el programa. Una vez emitida la alerta se hace llegar al Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas para que se envíe a los medios de comunicación para su difusión.
“Los medios han sido fundamentales para fortalecer las acciones de las autoridades investigadoras. Cuando ellos tiene conocimiento del robo de un menor hablan a la fiscalía para que estemos enterados y nos ponemos en contacto con los familiares para que vayan a denunciar los hechos y comencemos a investigar a la brevedad posible”, aclara Adriana Rebollo Nucamendi, fiscal especializada para la Protección de los Derechos de la Mujer y coordinadora estatal de la Alerta Amber.
La funcionaria menciona que en algunos casos en los que la desaparición es por motivos de desintegración familiar no es necesario activar la alerta, ya que la procuraduría ofrece una terapia familiar para resolver de la mejor manera la situación. Asimismo apunta que al ofrecer declaraciones falsas se incurre en un delito que se castiga con prisión de dos a seis años, de acuerdo con la legislación federal vigente.
COMO MANDAR UNA ALERTA, PARA LOCALIZAR A UNA PERSONA EN ZM DE GUADALAJARA JAL?