Gobierno federal afinará acciones de seguridad en lo local

La Estrategia Nacional de Paz y Seguridad del Gobierno Federal plantea perfeccionar sus esfuerzos con los de las instituciones de seguridad y cuerpos policiales de los estados y municipios

 

En México se encuentran 15 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el último ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

A esta cifra se suman datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que señalan que desde diciembre pasado, cuando inició el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cantidad de homicidios en el país es de 20.59, esto es 22 por cada 100 mil habitantes.

“El aumento de la violencia en México durante la última década representa un problema urgente que no necesita exagerarse y debería ser causa de grave preocupación para el gobierno”, señala el informe “Organized Crime and Justice in Mexico (Crimen organizado y justicia en México)”, del programa Justice in Mexico, que desarrollan la Universidad de San Diego, Estados Unidos, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Puebla.

Para el especialista en seguridad Javier Oliva, no ha habido una estrategia de seguridad pública desde 1988; asegura que desde el ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari hasta el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, no han tenido un planteamiento integral y sus medidas han sido de carácter reactivo.

“Salinas, por ejemplo, creó el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) al disolver a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) después del asesinato del periodista Manuel Buendía; Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva (PFP); Vicente Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal; Felipe Calderón creó la Policía Federal (PF); Enrique Peña Nieto desapareció a la Secretaría de Seguridad y creó la Gendarmería y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), hasta llegar a López Obrador, que desapareció al Estado Mayor Presidencial y creó la Guardia Nacional”, refiere.

Asimismo, el experto agrega que estos ejemplos dan cuenta de que “las decisiones han sido en un sentido reactivo y no han atendido de manera estructural el problema de la inseguridad”.

ESFUERZOS DIRIGIDOS

Ante este panorama, el gobierno de México se ha visto obligado a modificar su estrategia de seguridad. Tras afirmar que la violencia engendra más violencia, la actual administración decidió cambiar lo que llamó las “medidas de guerra” por lo que dijo será una “política de paz y seguridad”.

“Hemos vivido, con datos oficiales, el peor inicio de sexenio desde que se llevan los conteos en materia de los delitos de alto impacto, hemos visto que las autoridades civiles no han estado en las condiciones adecuadas para responder a los desafíos de la seguridad, de ahí que esto se refleje también en los estados de la república, en sus municipios”, explica Oliva.

Con esa premisa como eje, la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, cuyo decreto fue expedido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de este año, establece entre sus objetivos principales erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.

El documento explica que el narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de combustibles (conocido como “huachicoleo”), el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros delitos de alto impacto no se podrían perpetrar sin el contubernio bien estructurado de funcionarios públicos.

Javier Oliva

Javier Oliva.

“Si se pretende resolver exitosamente fenómenos como la delincuencia común y la delincuencia organizada, es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos”, detalla la redacción de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con dicho decreto, en estrecha coordinación con los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México, el Gobierno Federal focalizará esfuerzos en el combate a los delitos que más afectan a la población. “En las zonas de más alta incidencia delictiva incrementaremos el estado de fuerza”, se lee.

El propio gobierno explica dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que junto con las entidades federativas, se tiene como meta garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, así como el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud.

Asegura que esto se logrará por medio de los programas regionales y sectoriales de desarrollo, como Jóvenes Construyendo el Futuro, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el Bienestar y los programas Sembrando Vida, entre otros.

También apuesta en los estados a programas como Infraestructura Carretera, Zona Libre de la Frontera Norte, Tren Maya, Corredor Multimodal Interoceánico y la construcción del Aeropuerto «Felipe Ángeles» en Santa Lucía.

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Ante la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, el nuevo gobierno justificó el envío de las fuerzas militares a los estados de la república para recuperar la seguridad y combatir a la delincuencia, esto por un periodo de cinco años, en tanto se completa la formación de la Guardia Nacional.

Esta nueva corporación será el brazo derecho del Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.

Al respecto, Santiago Roel, Director del Semáforo Delictivo, aclara que, aunque la actual administración encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador declare que la «guerra» ha terminado, esta no se acaba por decreto presidencial, sobre todo cuando la venta y el consumo de drogas continúan en el país.

Asimismo, explica que lo que se requiere es quitarle a las bandas de narcotráfico su capacidad financiera mediante la regulación de las drogas, y agrega que en el plan nacional de seguridad faltan iniciativas adicionales para regular otras sustancias, como la amapola, las metanfetaminas y la cocaína.

La Guardia Nacional dispondrá de elementos suficientes, instalaciones fijas y equipamiento en diversas zonas del territorio nacional y no sustituirá a las policías municipales ni estatales. Se estableció que apoyará a la policía de los estados y municipios en la medida de sus necesidades.

Sin embargo, Javier Oliva asegura que aún esta nueva estrategia no deja en claro el fortalecimiento del trabajo conjunto con los gobiernos locales.

“Aquí la problemática es que los alcaldes y los gobernadores no vayan a delegar la responsabilidad que les compete por ley, que es procurar las condiciones de seguridad pública y le deleguen esta responsabilidad a la Guardia Nacional, porque además ha faltado en los planteamientos del Gobierno Federal en materia de seguridad pública, darle un papel preponderante a la creación y fortalecimiento de las policías municipales y estatales”, puntualiza.

En el ámbito nacional se tiene ya un mando coordinado, el Gabinete de Seguridad, que es encabezado por el Presidente de la república. Éste sesiona todos los días en Palacio Nacional y en él participan los Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa, y se convoca con regularidad al Fiscal General de la República.

Lo que quieren las autoridades es replicar ese modelo a escala estatal y regional, con la participación de los coordinadores federales, los gobernadores y sus comandancias de policía y seguridad pública, e invitaciones especiales a las fiscalías y autoridades judiciales locales.

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