A seis meses de entrar en funciones, la nueva Administración Federal enfrenta un desafío de seguridad que va en crecimiento. Se trata del surgimiento de grupos armados de autodefensa en municipios de Guerrero y Michoacán. Algunos de ellos se han denominado “policías comunitarias” y exigen que se les reconozca como tal.
Una de las principales aristas del problema es la desesperación de los habitantes de algunas comunidades en estas entidades federativas, ante la ineficiencia y la corrupción que imperan en el sistema de seguridad nacional.
Javier Oliva, especialista en temas de seguridad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que estos grupos distan mucho de ser verdaderas policías comunitarias.
La razón es que, a diferencia de éstas, los grupos de autodefensa actúan fuera de todo marco legal, a pesar de que dicen defender a comunidades donde la población está desesperada por la falta de acción de las autoridades locales ante los hechos delictivos.
“Son expresiones espontáneas que tienen que ver con un nivel de hartazgo por la incapacidad de las autoridades, pero eso no justifica obstruir el tránsito embozado y con armas diciendo que defiendes la ley”, apunta.
El académico sostiene que, a diferencia de la policía comunitaria que opera desde hace casi dos décadas en el sur del país, todas las fuerzas de autodefensa que han surgido en los últimos meses se mantienen al margen de las autoridades locales, no han emitido comunicados ni han expresado su simpatía por otras organizaciones similares.
SEGURIDAD ANCESTRAL
En 1995 surgió el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, el cual brinda protección a 77 comunidades de 12 municipios del estado.
Esta corporación opera bajo normas basadas en usos y costumbres indígenas respaldadas en los Artículos 2 y 39 de la Constitución. Su función es clara: resolver los conflictos de inseguridad con base en las decisiones de asambleas comunitarias, donde el pueblo determina las sanciones para los infractores, que por lo general consisten en trabajo comunitario. Dichas asambleas y sus resoluciones cuentan con el respaldo del Consejo de Ancianos o Principales, quienes son considerados como las personas de más sabiduría y respeto en estas comunidades.
Con base en el tiempo que durará su sanción, los delincuentes cumplen parte de su pena 15 días en una comunidad y después son trasladados a otra, hasta que concluye su condena. Permanecen bajo vigilancia constante de los policías comunitarios, son alimentados por la población y los principales se encargan de la reeducación, que consiste en platicar con ellos para hacerlos reflexionar sobre su conducta.
Este sistema de justicia indígena cuenta con mandos identificados y mantienen una comunicación constante con las autoridades locales. Asimismo, su operación se ajusta al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recoge el uso ancestral de reparar con trabajo daños producidos por delitos.
Los grupos de autodefensa carecen de estas características. Sin embargo, ya han surgido expresiones por parte de algunos gobiernos que buscan reconocer la labor de dichas agrupaciones y profesionalizar a sus miembros. En febrero, Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, anunció la intención del gobierno estatal de regularizar, capacitar y evaluar a las autodefensas que operan en la entidad.
En contraste, el mandatario guerrerense, Ángel Aguirre Rivero, se pronunció en contra de los grupos espontáneos ajenos a la policía comunitaria que opera en el estado desde 1995 y anunció que aplicará la ley para impedir la existencia de dichas agrupaciones.
POCAS OPCIONES
Javier Oliva sostiene que el surgimiento de los grupos de autodefensa representa un gran fracaso para los gobiernos locales, debido a la escasa respuesta y a las deficiencias que han mostrado ante la inseguridad en sus demarcaciones.
“Si el Estado a nivel local no responde, ¿entonces en manos de quién queda la seguridad? Ante este deterioro de la capacidad de la autoridad, las opciones son el Ejército o defendernos nosotros mismos”, expone.
Sobre la infiltración del crimen organizado o del narcotráfico dentro de estas agrupaciones, Oliva comenta que hasta ahora no parece haber evidencia de que los grupos de autodefensa tengan algún contacto con organizaciones criminales.
DIGNIFICAR A LAS POLICÍAS
Guillermo Valencia Reyes, alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, opina que el surgimiento de grupos de autodefensa puede ocurrir en cualquier municipio. En el suyo sucedió en febrero, cuando un conjunto de pobladores se aparecieron con paliacates, Javier Oliva. Foto: rosal ía morales machetes y armas de alto calibre durante una reunión de ganaderos.
La agrupación justificó su existencia con el argumento de que ya no aguantan los abusos de agrupaciones del crimen organizado como Los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El edil menciona que, para responder a las demandas de la población que exige mayor seguridad, la Secretaría de Gobierno del estado colaboró con el ayuntamiento para establecer una base de operaciones mixtas y para que se instalara otra base de la Policía Federal (PF).
El alcalde opina que mientras haya presencia permanente de las fuerzas federales, el municipio estará tranquilo. También considera que la figura de mando único policial es necesaria para que exista una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad que combaten al crimen, y evitar así que el pueblo tome la justicia en sus manos. Pero sobre todo, añade, urge dignificar a los cuerpos policiacos.
“Porque si los elementos municipales son parte de una policía única que siguen ganando 3 mil pesos mensuales, no se comprometen, ya que no tienen calidad de vida ni incentivos. Hay que comprometerlos con el Estado”, concluye el edil.
0 comentarios