Inversión en proyectos ¿ha sido suficiente?

Pala mecánicaLa construcción de infraestructura es un gran detonador del crecimiento económico de un país, pues al mismo tiempo de responder a las necesidades de bienestar de la población, incrementando así su calidad de vida, genera una gran cantidad de empleo, así como una elevada demanda de insumos, convirtiéndose en un efecto multiplicador, resultado de la derrama de recursos hacia otras áreas. Por lo tanto, podemos decir que la infraestructura impulsa el desarrollo, tanto económico como social, de la nación.

Durante muchos años, el crecimiento de la infraestructura del país se detuvo, comprometiendo seriamente el desarrollo económico. Fue hasta hace quizás una década que se empezó nuevamente a invertir en este rubro, promoviendo algunos proyectos aislados, aún sin un plan integral definido a mediano o largo plazo, que permitiera colocar a México en los niveles de competitividad que por sus características geográficas y naturales debe de ubicarse.

A principios de la presente administración, el Ejecutivo Federal anunció el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) con la meta de que para 2030, México se ubique dentro de los 30 países mejor evaluados de acuerdo con el Índice de Competitividad de la Infraestructura que elabora el Foro Económico Mundial. De acuerdo con este indicador, México se encontraba en aquel entonces en el lugar 64 de competitividad; según el reporte 2011- 2012, actualmente se ubica en el lugar 58.

Para alcanzar los objetivos y metas que se propusieron, el PNI planteaba la necesidad de llevar a cabo una serie de reformas estructurales, con el fin de elevar la rentabilidad social y económica de la inversión, e incrementar así de manera significativa los recursos, tanto públicos como privados, destinados al desarrollo de infraestructura. En función de esto, previeron tres escenarios:

Inercial: En caso de que no se llevaran a cabo las reformas estructurales requeridas por el país.

Base: Si sólo se llevaba a cabo la reforma hacendaria.

Sobresaliente: Si se logra la realización de todas las reformas que se requieren.

En función de cada uno de los escenarios, se planteaba la inversión promedio anual, en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), que se tendría que aplicar al desarrollo de infraestructura. De esta forma, se consideró en el primer caso una inversión de entre 2 y 3 por ciento, en el escenario base de entre 3 y 4.5 por ciento, y en el sobresaliente, de entre 4.5 y 6 por ciento.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que en el año 2009 se tenía un avance global en el PNI de 40 por ciento, mientras que se estimaba que a finales de 2010 sería de 60 por ciento.

Información de la Unidad de Inversiones de la misma dependencia, indica que el país podría haber invertido entre 2007 y 2012 cerca de 5.4 por ciento del PIB.

Sin duda, un importante obstáculo para alcanzar las metas establecidas ha sido la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y Legislativo federales para lograr las reformas estructurales que nuestras leyes requieren. Apenas a principios del presente año, el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), la cual busca impulsar mayores inversiones y dar certidumbre en la realización de proyectos que involucren la participación conjunta de los sectores público y privado.

Se espera que con las regulaciones contenidas en esta Ley, las inversiones privadas en infraestructura aumenten y entonces sí se puedan alcanzar los objetivos planteados. Sin embargo, todavía falta elaborar el reglamento para la nueva legislación, en cuya elaboración están participando diversas dependencias, cámaras y colegios de profesionales. Hagamos votos para que éste encuentre tiempo para discutirse y aprobarse en los próximos meses.

¿QUÉ SIGUE?

Durante el 26° Congreso Nacional de Ingeniería Civil, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México a finales del año 2011, se presentó la Propuesta de Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, el cual fue elaborado por los seis comités temáticos (Transporte, Agua y Saneamiento, Energía Eléctrica, Hidrocarburos, Desarrollo Urbano y Turismo) de dicha organización.

El principal objetivo de esta contribución de los ingenieros era integrar el Catálogo Nacional de Proyectos de Infraestructura, para apoyar la aceleración del crecimiento económico sostenido asociado a la Visión de Nación en el periodo 2013-2018. Dicha visión consiste en:

Asegurar un crecimiento económico sustentable con tasas de crecimiento del PIB del orden de 5 por ciento anual.

La economía con este crecimiento y una población que tendería a estabilizarse entre 130 y 140 millones en 2050, lo que permitiría quintuplicar el ingreso per cápita.

Se darían las condiciones para que las inversiones en educación, salud, infraestructura y actividades productivas coadyuven a la eliminación de la pobreza y a la convergencia de las desigualdades sociales y regionales.

Con el crecimiento sostenido de la economía se aseguraría la conservación de su capital natural, sin incrementar los riesgos ambientales.

El CICM en conjunto plantea un catálogo de 1,115 proyectos que implican una inversión en el sexenio de 415.7 mil millones de dólares (mdd), lo que supone un valor de inversión del orden de 5.7 por ciento del PIB estimado. Dicha inversión se divide en cuatro grandes rubros: Transporte, Agua, Energía, y Desarrollo Urbano y Turismo.

Los efectos esperados de la Propuesta de Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, elaborado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México son 3.9 millones de empleos directos y 3.2 millones de empleos indirectos, para un total esperado de 7.1 millones de plazas de trabajo.

Si bien el Programa es un interesante mecanismo para impulsar el desarrollo del país, teniéndose avances significativos, considero que no debería ser simplemente un programa de carácter sexenal, sino una política pública que establezca metas y proyectos específicos a mediano y largo plazos, que comprometa a los gobiernos por venir a dar continuidad a los programas, sin quedar tampoco maniatados a mejorarlos o complementarlos.

Se deben buscar proyectos que resuelvan problemas desde un punto de vista integral, y que no sean sólo paliativos a corto plazo para salir de la complicación, o para cumplir con compromisos de campaña. Para esto es necesario recuperar las áreas encargadas de la planeación y elaboración de estudios y proyectos; es decir, darle su lugar a la ingeniería de proyecto.

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