Lo sucio antes de 2012

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Los comicios del 4 de julio se vieron manchados por graves hechos del ámbito político y judicial, como detenciones, renuncias, escuchas telefónicas ilegales, intervención de gobernadores incluso en elecciones de distintas entidades, utilización ilegal de recursos públicos, y hasta asesinatos vinculados con el narcotráfico. Es una advertencia de lo que puede ocurrir en 2012 de no tomarse las medidas necesarias.

Las elecciones sirvieron para renovar 12 gubernaturas, alrededor de 1,500 alcaldías y 14 congresos locales. Esto motivó a los partidos políticos a entrar en una vorágine por los distintos puestos de elección popular que, incluso, provocó alianzas electorales entre fuerzas partidarias de signo opuesto: el Partido Acción Nacional (PAN), con la izquierda conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.

Además de los incidentes en el ámbito político, la jornada comicial pasará a la historia por la llamada “guerra sucia” o “negra”. En ésta, lo más grave fueron los asesinatos de candidatos en Tamaulipas; pero también están las grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas, el involucramiento de autoridades estatales y la renuncia de la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Tras la batalla, lo cierto es que las cifras arrojan los siguientes resultados: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó 9 de las 12 gubernaturas; de 13 capitales estatales que estuvieron en contienda se adjudicó 10 y obtuvo mayoría de diputaciones locales en 11 de los 14 congresos estatales que se eligieron. No obstante, la coalición opositora propinó importantes reveses al tricolor en tres de sus bastiones: Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

EL CASO CANCÚN

Mucho se especuló que en Quintana Roo el PRI y el propio gobernador Félix González Canto estuvieron operando los ataques contra el principal opositor del candidato oficial Roberto Borge Angulo; sin embargo, nada se pudo comprobar.

Fue el 25 de mayo pasado, cuando finalmente agentes federales detuvieron a Gregorio Sánchez Martínez, candidato del PRD, PT y Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, bajo los cargos de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se ha informado que es investigado por tráfico de cubanos, chinos y rusos hacia los Estados Unidos.

Sánchez Martínez fue presidente municipal de Benito Juárez. Tras su detención fue trasladado a un penal de mediana seguridad, donde permanece.

GOBERNADORES OPERADORES

El 6 de junio, Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en la Cámara de Senadores, acusó al gobierno Federal por su intervención en campañas políticas, a través del uso de recursos públicos en publicidad y del condicionamiento de los programas sociales. Menos de 48 horas después, César Nava Vázquez, presidente del PAN, respondió a esos señalamientos. Los rechazó y, a su vez, afirmó que en Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas y Veracruz había un evidente derroche de recursos públicos para beneficiar a los candidatos del tricolor.

Un nuevo escándalo sacudió a la opinión pública, cuando el 16 de junio el líder nacional del blanquiazul presentó dos grabaciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, en una de las cuales el mandatario estatal se comprometía a apoyar con recursos públicos las campañas de la candidata priista del municipio de Alvarado, Veracruz, y del aspirante del tricolor a la gubernatura.

Nava Vázquez exigió la renuncia de Herrera y dijo que presentaría cinco denuncias en su contra ante las autoridades competentes, además de una solicitud de juicio político.

Otro caso de grabaciones fue el del mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz, a quien se escuchó haciendo convenios con medios de comunicación para bloquear al candidato de la Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, Gabino Cué.

Los dirigentes del blanquiazul y del sol azteca denunciaron en múltiples ocasiones la intervención ilegal de los gobernadores priistas, quienes, a su parecer, actuaron como operadores electorales de sus candidatos mediante la utilización de recursos públicos. Aun cuando presentaron las denuncias ante los órganos electorales estatales, dijeron no haber recibido ninguna respuesta a sus quejas. De esto también resultó que Acción Nacional reviviera la propuesta de que el Instituto Federal Electoral (IFE) se haga cargo de las elecciones locales.

Asimismo, PRD, PAN y Convergencia anunciaron que ya habían presentado una denuncia en contra del gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, por su ilegal intervención en el proceso electoral.

En Zacatecas, el dirigente local del sol azteca, Jorge Eduardo Hiriart Estrada, acusó a los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Estado de México de intervenir en el proceso electoral como operadores, entre cuyas actividades incluso estaría la compra de votos.

Varios partidos utilizaron a sus líderes más visibles para apoyar a sus candidatos en otras entidades: por ejemplo, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, durante el último mes de campañas viajó a Durango, Puebla, Zacatecas, Sinaloa y Oaxaca. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, no se quedó atrás, cuando menos estuvo en Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas. A ambos se les acusó de acudir en tiempos laborales y de desviar recursos hacia las campañas de otras entidades.

Además de los gobiernos locales, también hubo múltiples denuncias por la intervención de los delegados federales en las campañas a través de recursos públicos

CANDIDATOS EJECUTADOS

El 28 junio pasado el aspirante priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado en una emboscada junto a cuatro de sus escoltas y un diputado local que lo acompañaba.

Al respecto, el presidente de la República, Felipe Calderón, lamentó los asesinatos y señaló que en el caso concreto del homicidio de Torre Cantú, se trabajará en coordinación con el gobierno de Tamaulipas para el esclarecimiento de los hechos.

Pero las elecciones en dicho estado ya se habían manchado anteriormente: el 13 de mayo, el candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, José María Guajardo Valera, fue ejecutado junto con su hijo.

En esa misma entidad, hubo candidatos que no hicieron campaña por las amenazas que recibieron por parte del crimen organizado.

Finalmente, en Chihuahua tras los comicios fueron asesinados dos sobrinos del gobernador electo, César Duarte Jáquez.

ADIÓS A LA FISCAL ELECTORAL

Nadie hasta el momento sabe cuáles son las diferencias que se registraron y con quién, el hecho es que la titular de la FEPADE, Arely Gómez González, renunció el 30 de junio, a sólo cuatro días de la elección.

Mediante una carta enviada al Presidente de la República, la hasta entonces funcionaria de la Procuraduría General de la República explicó que prefería retirarse para permitir que se designara a un titular más cercano al paradigma de políticas públicas que desea el Ejecutivo Federal. Añadió que durante su gestión, la FEPADE pudo consolidarse como una institución clave del entramado político electoral, en la búsqueda de una sociedad cada vez más democrática.

Durante la noche del 4 de julio, la FEPADE anunció que había abierto 23 averiguaciones previas y 103 actas circunstanciadas que podrían ser constitutivas de delitos. Entre las conductas delictivas denunciadas se encuentran la compra de votos, solicitudes de credenciales de elector sin causas justificadas y condicionamiento de programas sociales.

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