Los muertos que nadie ve

DetectorMéxico es un enorme cementerio. De ello dan cuenta cientos de fosas clandestinas encontradas en los últimos años, particularmente desde 2011, cuando los cuerpos de casi 200 personas fueron hallados en un entierro de este tipo en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Hoy día no existe información pública disponible sobre el número de cuerpos encontrados en entierros ilegales, salvo algunos datos parciales obtenidos mediante solicitudes de transparencia. Un ejemplo es el documento que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió en mayo de 2013 a un ciudadano, en respuesta a una solicitud para que dicha dependencia informara sobre las veces en las que, durante sus operativos contra la delincuencia, había encontrado entierros clandestinos.

En dicho documento se da a conocer que entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2013, los efectivos militares hallaron 466 cadáveres en 198 fosas. No obstante, sólo se trata de los casos detectados por esa dependencia.

Con base en dicha información y una búsqueda de notas periodísticas publicadas a partir de marzo de 2011 —un mes antes de que efectivos militares hallaran los restos de 195 personas en 41 fosas cavadas en San Fernando, Tamaulipas— Alcaldes de México elaboró un recuento mediante el cual se contabilizaron 466 cadáveres hallados en 198 fosas de 21 estados del país. Hasta el cierre de esta edición, en 10 casos detectados las autoridades no habían podido determinar el número de cadáveres encontrados.

Si bien estas cifras arrojan una luz sobre la magnitud del problema, los expertos coinciden en que un conteo oficial de las inhumaciones detectadas por las instituciones de seguridad y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, incluso los que hayan sido reportados por los ciudadanos, permitiría dimensionar de mejor manera los alcances de esta práctica.

EL SELLO DEL CRIMEN ORGANIZADO

El gran cementerioA pesar de que en ocasiones suelen confundirse los términos, hay una clara diferencia entre una fosa común y una clandestina. “Una fosa común es el lugar prodonde la autoridad ministerial determina que se inhumen los restos de personas no identificadas o de quienes no hay medios para ubicar a sus familiares; mientras que una fosa clandestina es una excavación no oficial en la que se deposita uno o más cadáveres con el propósito de ocultar ya sea el hecho delictivo que causó el deceso, o las evidencias que pudieran quedar de dicho acto”, explica Luis Enrique Soto Rodríguez, catedrático del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (Cescijuc).

A pesar de que cualquier persona puede cavar una fosa clandestina para ocultar un asesinato a pequeña o gran escala, los grupos del crimen organizado están entre los principales responsables de la proliferación de dichos entierros, pues “realizan una serie de actividades criminales de forma prolongada y permanente, privando de la vida a muchas personas”, asegura Soto Rodríguez.

En ese sentido, el académico precisa que las bandas criminales no echan mano de esta práctica para encubrir el hecho delictivo en sí —de hecho, suelen “presumir” dichos actos para afianzar su poder— sino como una estrategia para ocultar las evidencias y también como una manera de mostrar su supremacía sobre otras organizaciones.

NO ES VERDAD

Luis SotoAunque la inhumación ilegal de cadáveres parezca algo nuevo, ya que constantemente se da a conocer la aparición de nuevos entierros, Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), sostiene que no es así.

“El hecho de que existan y se reproduzcan hoy los hallazgos no significa que las fosas sean recientes ni que antes no hubiera habido, sino que existen reacomodos en las instituciones de investigación, los cuales permiten que hoy se investigue lo que no se indagó ayer. La gente cree que hoy aparecen fosas porque podrían ser recientes.

Lo cierto es que pueden pasar años, quizá décadas antes de dar con ellas”, explica. El especialista en temas de seguridad nacional considera que uno de los principales problemas para resolver los homicidios relacionados con fosas clandestinas es que las instituciones de seguridad mexicanas detienen a personas principalmente por delitos en flagrancia, no por investigación y, en la mayoría de los casos, los aparatos de procuración de justicia del país no están debidamente capacitados ni cuentan con los estándares profesionales para investigar los homicidios.

“Para reconstruir las redes criminales que hay detrás de una fosa se necesitan investigaciones profundas y profesionales que llevan tiempo y que requieren protocolos de altísima especialidad que las instituciones no tienen.”

PROFESIONALIZACIÓN PENDIENTE

La opinión del titular del Insyde contrasta con la de Luis Enrique Soto, quien afirma que los protocolos de aseguramiento e investigación forense aplicados en México responden a los mismos estándares que se manejan a nivel internacional, sin embargo, aclara que hace falta proveer a los peritos de las herramientas y de los instrumentos necesarios de los cuales carecen, en la mayoría de los casos, por falta de presupuesto designado a las investigaciones criminales.

Ambos especialistas están de acuerdo en que es tanto necesaria como posible la profesionalización, capacitación y depuración del personal policial y de los peritos criminalistas.

Algunas de las medidas sociales para combatir la proliferación de las fosas clandestinas, según la opinión de Enrique Soto, consisten en la cooperación entre la población y el estado, fomentar la formulación de propuestas ciudadanas para prevenir y castigar los delitos, aplicar de manera estricta un sistema de normas judiciales basado en la cero tolerancia, así como mantener limpios, iluminados y aseados los espacios públicos para inhibir la comisión de crímenes.

Así mismo, el catedrático sugiere una serie de medidas que se pueden aplicar a nivel municipal y estatal para combatir la problemática, como depurar los cuerpos policiacos e investigadores y mejorar sus salarios, así como proveer de material necesario a los peritos y establecer programas de orientación y capacitación a los policías que tienen el primer contacto con las escenas del crimen.

“También es muy necesario que el sistema nacional de seguridad facilite que las policías municipales, estatales y federales tengan la misma información y manejen los mismos protocolos, con el fin de unificar criterios”, apunta Enrique Soto, quien también destaca la necesidad de realizar “mapas delictivos”, es decir, indicadores de cuáles son las zonas con mayor incidencia delictiva y qué tipo de ilícitos tienen lugar ahí para diseñar mejores estrategias de prevención, investigación y combate a la actividad criminal.

Ernesto López Portillo comenta que a los gobiernos estatales y municipales les corresponde generar investigaciones coordinadas con las autoridades federales, de tal manera que se traduzcan en indagatorias exhaustivas para resolver los crímenes.

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