Los municipios y la educación en México

La Ley General de Educación, publicada el pasado mes de septiembre, reconoce a los ayuntamientos como autoridades educativas y los dota de más atribuciones en la materia

Uno de los derechos de todo mexicano es la educación, tal como se indica en la Carta Magna, y en este proceso de enseñanza, tanto padres como autoridades juegan un papel primordial, mismo que ejercen desde sus distintos círculos de competencia. Y si de atribuciones hablamos, los gobiernos municipales contribuyen en puntos específicos.

Para Marco Fernández, Profesor Investigador de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), e Investigador Asociado de México Evalúa, los alcances de los gobiernos municipales son muy limitados «porque no tienen facultades y no cuentan con presupuesto para dicho fin, más bien, las excepciones tienen que ver cuando algún presidente municipal considera que el tema educativo es cercano a sus intereses de política pública, ya sea en una mejora pequeña de infraestructura o en dotar de ciertos uniformes a los estudiantes».

Sin embargo, el Legislador Federal Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, asegura que con la nueva Reforma Educativa expedida en el mes de mayo, el Artículo 3o constitucional se ha modificado y, con ello, «los municipios son parte de la autoridad educativa, así lo plasmamos en las leyes secundarias, en la nueva Ley General de Educación, en el Artículo 4o constitucional en el que se dice que también el ayuntamiento forma parte de esta autoridad educativa municipal».

LOS MUNICIPIOS EN LA LEY

Con el objetivo de concederles algunas facultades, en la Ley General de Educación se especifican las atribuciones que los gobiernos municipales tienen en relación con el proceso educativo, así lo menciona la Legisladora Federal Adela Piña Bernal, Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

“En el Artículo 23 se les concede (a los municipios) la facultad de solicitar a la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) actualizaciones y modificaciones en los planes y programas de estudio para que se ajusten a sus contextos locales y regionales.” En este sentido, Juan Pablo Sánchez Rodríguez agrega que “la idea es que cada ayuntamiento le pase a la SEP qué es lo que se necesita; es decir, cuál es el contexto de la educación en su región. Por eso el concepto de ‘regionalizar’ la educación en cada uno de los estados y, en este caso, en cada uno de los municipios, porque si hablamos de una regionalización es muy diferente el contexto de Oaxaca que el de Nuevo León, por ejemplo.

“Cada municipio, al ser autoridad educativa, puede comentar cuáles son las necesidades de esa región y de esa forma inmiscuirse en el sistema educativo nacional”, así, explican ambos legisladores, las autoridades educativas participan en la edición de los libros de texto gratuitos, pues en éstos se incluye parte del ámbito de cada región, de acuerdo con la solicitud concreta de los gobiernos municipales.

Por otro lado, “también en la misma Ley General de Educación, en su Artículo 38, se habla de que las autoridades educativas federales, de las entidades federativas y de los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación, y me estoy refiriendo al nivel superior”, expresa Adela Piña Bernal, quien añade que “en el Artículo 98 de la misma ley, se dice que los gobiernos municipales pueden participar en el funcionamiento de los planteles educativos”. Y no sólo eso, “en el Artículo 105 se establece que pueden intervenir en los consejos de infraestructura educativa y formar parte de los consejos de participación escolar. Esto último se encuentra en el Artículo 132”.

Aunque en la actualidad los gobiernos municipales tienen mayor injerencia, existen rubros en los que no participan, como en la asignación de plazas docentes. “El ayuntamiento no juega ningún papel en esta famosa ‘caja transparente’, como le hemos llamado. Aquí hay una cuestión tripartita entre la Federación —que en este caso es la SEP—, las secretarías de educación en cada uno de los estados y en la Ciudad de México, y los sindicatos. Es esa sociedad tripartita que nada más va a vigilar que la plaza se dé o se otorgue limpiamente bajo un proceso de transparencia”, indica el Secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Cuando se trabaja en comunidad, la evolución de los municipios es más factible, y esto sucede si los gobiernos locales están al pendiente de los planteles, convirtiéndose este punto en uno de los más importantes en su gestión, como lo indica la Presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara Baja: “Su trabajo fundamental es darle seguimiento a algunos asuntos, como el mantenimiento de los muebles e inmuebles, servicios e instalaciones necesarias (de las escuelas) para proporcionar los servicios educativos”. En relación con este tema, el Legislador Juan Pablo Sánchez Rodríguez argumenta que “los municipios también pueden coadyuvar en los servicios de seguridad, agua y luz. No es una obligación, pero ellos podrán celebrar convenios para coordinarse”.

Por su parte, Marco Fernández sugiere a los ayuntamientos “usar los recursos para hacer tutorías y compensar las deficiencias académicas que llevan a los chicos a reprobar, desesperarse y abandonar la escuela”.

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