Municipios: autonomía financiera, el reto

Para ampliar el margen en la toma de decisiones sobre asuntos que repercuten en su interior, los municipios necesitan más recursos y, para lograrlo, precisan recaudar más y depender menos de las participaciones federales y estatales

FOTO: ROSALÍA MORALES

La figura del municipio quedó plasmada en la Constitución Política mexicana en 1917. En el Artículo 115 se le reconoce como base del poder federal y estatal siendo de este último su base dividida territorialmente, con organización política y administrativa propia de una entidad libre. El reconocimiento de esas cualidades corresponde a una lucha de años en la que se pretendió descentralizar el poder.

En los años siguientes los estudiosos del derecho se dieron a la tarea de crear las normas constitucionales para que el municipio pudiera funcionar y ejecutar las tareas que se le habían delegado siendo las principales, en un principio, los servicios y la recaudación de impuestos con el fin de generar ingresos propios.

Desde 1917, cuando se promulgó la Constitución, el Artículo 115 ha sufrido más de 15 reformas, dentro de las cuales se le han aumentado tanto obligaciones como atribuciones, siendo las segundas la principal lucha de los gobiernos locales. “La autonomía municipal es un logro que tardó mucho tiempo y se ha alcanzado paulatinamente, con desaciertos y aciertos, pero al final es un logro del federalismo descentralizado”, apunta Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En términos jurídicos, los municipios encuentran respaldo a su independencia y autonomía en el Artículo 115 de la Constitución. “Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado”, se puede leer en dicho artículo.

Lo anterior, apunta Carlos Gadsden, Presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, “es un logro que se alcanzó desde el origen de la Constitución con la finalidad de evitar errores cometidos en la época de Porfirio Díaz, cuando existían figuras intermedias”. La función principal de este párrafo, asegura, es la de garantizar que sean los municipios quienes, con las facultades otorgadas por la misma Constitución, se organicen dentro del marco de las leyes locales como mejor les convenga y con la certeza de que no habrá intervención alguna. En caso de existir acciones o figuras que vulneren o contravengan lo plasmado en el 115 Constitucional, “basta con que un municipio se inconforme para que la Corte falle a favor del municipio”, enfatiza Gadsden.

Por su parte, Mauricio Merino asegura que la lucha en años recientes se ha centrado en mantener tal autonomía y el incremento de atribuciones, así como las responsabilidades que a cada uno le corresponden.

“El asunto con los municipios es que han buscado durante muchos años una mayor toma de decisión en asuntos que repercuten en su interior, sin embargo el principal problema que conlleva eso es la falta de recursos que son necesarios para incrementar sus atribuciones”. Otro inconveniente son los vicios adquiridos en el manejo y transparencia de los recursos, que como comenta, es lo que lleva en la actualidad a que se pretendan nuevos mecanismos para hacer llegar los recursos económicos a las últimas instancias, situación que a consideración de Merino es una contradicción, pues “no se puede buscar la autonomía siendo dependientes económicos”.

En opinión de ambos especialistas, mejorar la recaudación propia en los municipios es el reto a superar, ya que de esa manera los ayuntamientos alcanzarán independencia total y podrán así incrementar atribuciones y responsabilidades. Carlos Gadsden enfatiza que una asociación de municipios nacional, con el suficiente peso e independencia, “es necesaria para que se puedan entablar diálogos con los estados y la Federación en temas de interés. El Convenio de Colaboración Fiscal establece que son los municipios los encargados de recaudar ciertos impuestos, pero no pueden en gran medida sentarse en la mesa de discusión sobre el destino de los mismos”.

Para Mauricio Merino, la autonomía de los municipios no peligra en lo que al marco jurídico corresponde, sin embargo la dependencia de los mismos con el Gobierno Federal en relación a la dotación de recursos representa un riesgo y una contradicción en el panorama político actual. “Los municipios deberían pretender una mayor autonomía económica, la jurídica se encuentra respaldada por la Constitución, pero en lo que a recursos monetarios se refiere, existe la posibilidad de volverse cada vez más dependientes.

MÁS RECURSOS, BUEN SIGNO

A finales de enero de 2019 se publicó el Presupuesto de Egresos de la Federación con lo correspondiente a los estados y municipios, lo que es beneficioso en dos sentidos, según Carlos Gadsden, “porque el gasto destinado tanto para estados como para municipios es mayor y también se agrega un elemento, que es el de la reorientación de gasto en relación con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU”.

El pacto firmado por varias naciones en materia de desarrollo sostenible incluye, entre otros aspectos, compromisos que los países deben cumplir con acciones que tengan impacto desde o en lo local, los cuales habían sido, a consideración de Gadsden, olvidados en administraciones pasadas.

“Es importante resaltar que los 17 objetivos comienzan a tomar relevancia, sin embargo es muy pronto para asegurar el éxito, hay que esperar al desarrollo de las políticas federales y cómo interactúan con los gobiernos locales, pero es un buen comienzo que en el presupuesto correspondiente a 2019, los recursos destinados a las entidades y a los municipios sean mayores”, apunta.

Los recursos que serán destinados para las entidades vía los conceptos de participaciones federales y fomento municipal, crecieron 13.1 por ciento con respecto a lo aprobado para el año 2018, es decir, aumentará de 585 mil 347 millones de pesos (mdp), a 662 mil 194 mdp.

Con respecto a los recursos que serán destinados al Fondo de Fomento Municipal, se logró llegar en 2019 a los 32 mil 885 mdp, es decir, 13.2 por ciento más que lo destinado el año anterior, que fue de 29 mil 27 mdp. La entidad que recibirá la mayor cantidad de recursos es el Estado de México que en total serán más de 97 mil 710 mdp.

A consideración de Carlos Gadsden, el hecho de que el Gobierno Federal destine una mayor cantidad de recursos a los gobiernos estatales y municipales es beneficioso para que puedan llevar a cabo proyectos que “sin duda tienen que ser alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, lo que permitirá una mayor independencia”, pero reconoce también que se debe poner especial atención a dónde y cómo se hacen los gastos. “Es necesario mejorar la administración en lo local de los recursos económicos y desde la Federación vigilar que sean implementados correctamente”.

Carlos Gadsden.
FOTO: ROSALÍA MORALES

PANORAMA DESAFIANTE

A partir de una modificación en 1983 hubo cambios más significativos, pues se les otorgaron atribuciones fiscales y obligaciones, reconocimiento de comunidades indígenas, así como su derecho a la autodeterminación, revocación de mandatos y seguridad. Sin embargo, “el panorama actual de lo que se ha entendido como federalismo en México se ve complejo y desafiante”, apunta Merino en alusión a los cambios que se han dado desde el pasado 1o de diciembre.

El experto apunta que una de las principales banderas que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la república fue la de acabar con la corrupción, lo cual “deriva en la decisión del Presidente de reconcentrar facultades en el gobierno nacional, especialmente en materia de control fiscal y de asignación de recursos, lo que responde también a la preocupación y ánimo de impartir orden en el gasto social”.

Asimismo, vislumbra una contradicción en las formas en las que se maneja la presente administración federal en relación con los recursos destinados a las entidades y los municipios, con la intención de fomentar el desarrollo y fortalecer las estructuras locales.

“Se entiende que en el afán de poner orden a los vicios adoptados en administraciones pasadas, se replanteen los mecanismos y formas de distribuir los recursos, pero no pueden hacerse organismos locales fuertes, autónomos y autosuficientes cuando se condicionan los proyectos a la ayuda que se les da por parte de la Federación”, concluye.

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