Municipios, clave en acceso universal a internet

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Habilitar puntos de acceso en áreas públicas, dar a conocer a los ciudadanos información sobre proyectos en materia de conectividad y homologar trámites para los competidores son acciones que los ayuntamientos pueden realizar para garantizar este derecho constitucional

FOTO: DREAMSTIME

Hoy día que el acceso a la información y la interconexión entre las personas a través de computadoras y dispositivos móviles es clave, se hace cada vez más necesaria la accesibilidad de las personas a Internet y banda ancha. En México, a partir de la Reforma en Telecomunicaciones promulgada el 10 de junio de 2013, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el acceso a Internet como un derecho para todos los mexicanos.

La razón por la cual se estableció Internet como un derecho constitucional es por su función como un habilitador de otras garantías fundamentales, como el derecho a la información, el derecho a la privacidad y el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), entre otros factores.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para mediados de 2016, 59.5 por ciento de la población de seis años o más en el país eran usuarios de Internet; 47 por ciento de los hogares en el país contaban con algún tipo de conexión a Internet, el grueso de los usuarios se conectan mediante sus teléfonos, de los cuales 73.6 por ciento, de seis años o más, navegan en Internet, para lo anterior cabe mencionar que al finalizar el segundo trimestre de 2016, tres de cada cuatro usuarios de redes móviles, poseen teléfonos inteligentes (smartphones).

En la labor para garantizar que el acceso a Internet y un mejor servicio mediante la banda ancha sea una realidad en todas las regiones del país, así como en aquellos municipios de difícil acceso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realiza un anuario estadístico en el que se presentan los indicadores con los que se monitorean los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión a nivel nacional, por entidad federativa y por municipio.

Luis Aldo Sánchez Ortega, coordinador General de Planeación Estratégica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), afirma que la finalidad de esta herramienta es presentar un diagnóstico puntual que permita a los operadores y prestadores de servicios analizar y evaluar sus áreas de oportunidad, y a los usuarios consultar la variación de la oferta de servicios para tomar decisiones de adquisición; los gobiernos estatales y municipales pueden, con la información proporcionada por el IFT, proyectar y replantear políticas públicas que coadyuven a garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a internet.

INFRAESTRUCTURA, UN RETO

A pesar de su posición ventajosa y del crecimiento reciente del sector, México presenta aún rezagos en la penetración, uso y aprovechamiento de la banda ancha y las TIC.

En lo que a los municipios corresponde, algunos de ellos trabajan en proyectos que permitan el libre acceso de los ciudadanos a Internet en parques, zonas de esparcimiento y áreas de interés público, un ejemplo es Aguascalientes capital. El coordinador General de Gobierno Digital de este municipio, Ramiro Pedroza Márquez, menciona que “para la primer etapa del proyecto se instalarán 232 puntos de acceso gratuito a Internet distribuidos entre parques, paraderos de autobús y centros tecnológicos.”

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Andrea García García, expresa que “en 2017 se cumplieron cuatro años de la reforma en materia de telecomunicaciones, en este tiempo se han visto resultados y podemos decir que han habido grandes avances en beneficio de la población”. No obstante a lo anterior, también comenta que existen elementos que no han permitido avanzar en garantizar el derecho a Internet y en los proyectos de libre conectividad en todas las regiones del país. Uno de los principales obstáculos recae en la infraestructura de telecomunicaciones.

“La finalidad es llegar a cualquier rincón de nuestro país, sin importar su geografía y que realmente se materialice el derecho de los mexicanos de acceder a Internet gratuito y de banda ancha, así como disminuir la brecha digital, de tal manera que los ciudadanos puedan hacer valer su derecho a la información y el municipio, como el gobierno más cercano a la población, debe trabajar para que el Internet esté a la mano de todos aquellos que lo requieran, ya sean estudiantes o personas que deseen informarse”, sostiene la legisladora.

TRABAJO EN EQUIPO

Tal y como lo dicta la Constitución, a partir de la reforma del Artículo 6 Constitucional, que establece el derecho de todos los mexicanos al acceso de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, que incluye la banda ancha e Internet, Andrea García asegura que “más que una obligación del Gobierno Federal con los municipios, se trata de un trabajo en equipo, ya que México tiene una geografía complicada, con zonas de difícil acceso que dificultan la instalaciones de la infraestructura necesaria y el territorio mismo obstaculiza algunos servicios.

La senadora, quien preside la comisión de Desarrollo Municipal y es integrante de la de Comunicaciones y Transportes, asegura que se ha trabajado con los tres órdenes de gobierno y en todas las instituciones para lograr que los servidores públicos sean quienes generen una cultura de información para el ciudadano. Tanto Andrea García como Ramiro Pedroza, coinciden en que el acceso a Internet gratuito es una necesidad y debe formar parte de la agenda de los gobiernos locales en la medida de su capacidad porque es una de las principales vías mediante las cuales, cualquier ciudadano puede solicitar información, al mismo tiempo que puede conocer “las acciones de gobierno y pedir cuentas sobre el trabajo que esté realizando cualquier servidor público en el país”, aseguran.

A nivel federal se han realizado acciones para fomentar el acceso gratuito a Internet en áreas públicas, una de ellas es el Programa México Conectado, que en uno de sus ejes rectores llamado Sitios Públicos, busca garantizar el acceso a Internet en espacios públicos. Hasta el día de hoy se ha logrado establecer en más de 101 mil 322 puntos. Lo anterior, menciona Andrea García “es gracias a las alianzas con otras instituciones de gobierno, para facilitar la gestión de los sitios de conexión”.

En México, el grueso de la población es usuaria de Internet y es predominantemente consumido por jóvenes, así lo demuestra la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016. Según información de la encuesta, al segundo trimestre de 2016 se registraron 65.5 millones de personas de seis años o más como usuarias de Internet y sus diferentes servicios, lo que representa 59.5 por ciento de la población nacional, 2.1 por ciento más que en 2015.

Luis Aldo Sánchez Ortega.
FOTO: ROSALÍA MORALES

En 2017 se cumplieron 4 años de la reforma en materia de telecomunicaciones, tiempo en el que se han visto avances y resultados en beneficio de la población ya sea con el IFT como órgano descentralizado encargado de las políticas regulatorias de los operadores y prestadores de servicio o con los gobiernos estatales y municipales, así como el Federal y las diversas dependencias encargadas de las políticas públicas.

ALGUNAS ACCIONES

Hoy día, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) trabaja en un par de iniciativas para lograr la colaboración de gobiernos municipales y estatales, con el fin de agilizar la instalación de infraestructura y disminuir los costos inherentes.

Una de las iniciativas consiste en divulgar el Reglamento Modelo para gobiernos locales, el cual permitirá homologar trámites, reducir plazos, transparentar el cobro de permisos y derechos, estandarizar la infraestructura y obligar a su compartición.

La segunda consiste en crear un inventario nacional de infraestructura pasiva en el que exista un registro de sitios, ductos, postes y derechos de vía de toda la administración federal, así como estatales y municipales, incluyendo a organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este instrumento permitirá conocer la disponibilidad y el estado de esta infraestructura, con el fin de generar esquemas de aprovechamiento para la misma en el despliegue de redes de telecomunicaciones.

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