El mayor impacto histórico y la propensión de inundaciones se concentra en 17 entidades federativas que albergan a 62% de la población, por lo que expertos sugieren trabajar en equipo para construir infraestructura hídrica.
En México, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, el tema de las inundaciones ha sido un problema con el que se ha tenido que lidiar por varias décadas.
Sin embargo, desde 2001 el gobierno mexicano puso en su agenda, como prioridad, el asunto de la prevención de desastres como parte de sus políticas públicas, pero a más de una década después, la administración federal sigue destinando más recursos y esfuerzos a la reconstrucción causada por desastres naturales que a la prevención, así lo indican analistas de la Universidad Iberoamericana.
Cabe mencionar que los costos de reconstrucción tras desastres naturales ocurridos de 1999 a 2011 totalizaron en 1,460 millones de dólares (mdd) por año (cerca de 18 mil 980 millones de pesos [mdp]), de acuerdo con el informe sobre la gestión del Fonden realizado por la Secretaría de Gobernación.
Mario Garza, coordinador académico del diplomado en Protección Civil y Prevención de Desastres de la Universidad Iberoamericana, explica que algunos de los factores que incrementaron la vulnerabilidad de México ante fenómenos naturales son el uso de suelo y una planeación urbana y territorial inapropiados.
“Tenemos todavía una política pública de atención de desastres, la mayoría de las acciones están orientadas hacia la operación, el auxilio y el socorro y la menor parte de las acciones son para la prevención”, comenta Garza.
El reporte sobre protección civil de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cita que las inundaciones en México, como las de Tabasco en 2007 —que afectaron 70 por ciento de la superficie del estado—, son un ejemplo de la falta de programas de prevención.
De acuerdo con un diagnóstico hecho en 2008 por la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Senado de la República, las principales causas son: la presencia de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo —lo que disminuyó la capacidad de los cauces—, la falta de infraestructura hidráulica para el control de ríos, obras hidráulicas inconclusas y la ausencia de un plan de manejo de crecientes.
Mario Garza detalla que en el caso de Guerrero, uno de los factores que influyeron en que se generaran este tipo de desastres fue la pésima planeación urbana. “Los culpables son los gobiernos municipales que autorizaron fraccionar terrenos que eran zonas inundables y de riesgo, pues esto causó deforestación y erosión del terreno, lo que aumenta el riesgo de inundaciones”.
Planeación urbana.
Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), comenta que “la reforma urbana en la que se trabaja es muy ambiciosa, busca dar un nuevo valor a la tierra, poner orden en el suelo que es apto para vivienda y proteger la tierra que tiene vocación agrícola. Ante este objetivo, todos están llamados a participar: constructores, desarrolladores y agentes inmobiliarios”, asegura.
En entrevista con Alcaldes de México, recordó que algunos empresarios se han opuesto a las nuevas disposiciones del gobierno de la República y “por desgracia, la naturaleza acabó dándonos la razón, es imprescindible poner orden, es urgente que la vivienda se construya en lugares seguros para los ciudadanos y donde puedan desarrollar todo su potencial de vida”.
Informa que la reconstrucción de viviendas en Acapulco costó 1,200 mdp, pero la obra en general que tendrá que hacer el Gobierno Federal en Guerrero asciende a más de 22 mil mdp, que tendrán que salir de los recursos fiscales.
Explica que, “las aseguradoras sólo invirtieron 1,700 mdp y, de ese monto, 80 por ciento es gracias a que el Infonavit obliga a contar con un seguro contra daños, el cual se aplicará también sobre la calidad misma de la vivienda”.
La discrepancia en los números, precisa el funcionario, obliga a hacer un ajuste en la política de vivienda del país; se requiere no sólo vender un techo, sino una oportunidad de mejorar su calidad de vida.
¿En dónde estamos?
Por su ubicación geográfica México está expuesto regularmente a eventos hidrometeorológicos severos, como huracanes y precipitaciones intensas que, si bien incrementan la disponibilidad del agua superficialy la recarga natural de los acuíferos, también provocan daños a la población, la infraestructura, los servicios y los sistemas productivos.
Entre 1980 y 2010 las lluvias intensas afectaron a más de 8 millones de personas y ocasionaron daños económicos superiores a 214 mil mdp. El mayor impacto histórico y la propensión de inundaciones se concentra en 17 entidades federativas que albergan a 62 por ciento de la población. Los estados más afectados son el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Tabasco y Chiapas al presentar grandes asentamientos con alta densidad de población en zonas de riesgo y de inundaciones frecuentes.
En mayo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ratificó que durante lo que resta de su mandato se hará una inversión e 417 mil millones de pesos para infraestructura hidráulica en todo el país, enfocado principalmente en obras para garantizar el abasto de agua, entre las que se encuentran, el acueducto submarino para dotar del vital líquido a Ciudad del Carmen, el acueducto de Monterrey, con un largo de 520 kilómetros y la ampliación del sistema Cutzamala.
Por otra parte, dentro del documento del Programa Nacional Hídrico 2014-2018, precisa que México cuenta con 6.4 millones de hectáreas con infraestructura de riesgo, lo cual coloca a la nación como la séptima a escala mundial con mayor vulnerabilidad.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene manipulando 20 Centros Regionales de Atención de Emergencias en Operación (CRAE), que son el instrumento operativo a través del cual este organismo atiende emergencias hídricas, y su objetivo es proporcionar una atención oportuna a la población afectada por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos severos, mediante el uso de equipo, maquinaria y personal capacitado.
De acuerdo con este organismo, desde el pasado 14 de agosto de 2013, la Conagua solicitó reemplazar 2,451 bienes, como vehículos, bombas, elementos de maquinaria pesada, lanchas, plantas, equipos de desazolve de infraestructura hidráulica, de limpieza de cauces y reforzamiento de bordos y equipos auxiliares, cuyo costo asciende a 10 mil 675 mdp, incluidos los gastos de mantenimiento y operación de los activos por un periodo de ocho años, con los cuales se podría cubrir “el 100 por ciento de los requerimientos actuales de atención a emergencias a nivel nacional”.
La inversión del proyecto de adquisiciones para la atención de emergencias hidráulicas incluye la compra de 95 bombas para hacer frente a inundaciones extremas, 210 para severas, 365 para moderadas, 500 para bajas, 300 para la atención de sequías y 28 unidades para mantenimiento de bombas.
Asimismo, 80 unidades para limpieza y desazolve de drenaje, 10 cámaras de video para la revisión de drenaje, 56 equipos para reforzamiento de bordos, 45 plantas potabilizadoras y 40 purificadoras, 65 equipos para transporte de agua y 25 para suministro de energía eléctrica. Además, 150 equipos de iluminación, 448 unidades para transporte de equipo y 250 para transporte de personal, entre otros requerimientos. Todos estos elementos ayudarán a estados y municipios.
Trabajo en equipo.
El diputado federal Jorge Herrera Delgado (priista) destaca que para ponerle fin a los anegamientos y encharcamientos que son causados por las fuertes lluvias en municipios, es necesario trabajar de la mano mediante la construcción de un mayor número de tragatormentas.
“Es necesario que las próximas administraciones se coordinen para obtener recursos para realizar obras preventivas, pues han pasado varias administraciones que sólo se han preocupado por pedir la rehabilitación de las arterias que en su mayoría han sido construidas con asfalto y han dejado de lado el concreto hidráulico sin importar que éstas se ven perjudicadas durante la temporada de lluvias y por el crecimiento de la mancha urbana que las utilizar a diario”, apunta.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados señala que en las ciudades se generan prácticamente todas las innovaciones y se produce más de tres cuartas partes del producto interno bruto (PIB), sin embargo, 74 centros poblacionales están expuestos a riesgos por los fenómenos hidrometeorológicos.
Orientación internacional.
Con la finalidad de intercambiar conocimientos científicos y tecnológicos en áreas estratégicas para el manejo y la atención de las inundaciones, la generación de sistemas de alerta temprana, así como la seguridad de presas y bordos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente del Reino de los Países Bajos suscribieron un Memorándum de Entendimiento sobre Asistencia y Cooperación Técnica en Materia de Recursos Hídricos.
El director general de la Conagua, David Korenfeld, y la ministra de comercio exterior y cooperación al desarrollo, Lilianne Ploumen, coincidieron en que uno de los principales objetivos es la coordinación en el área de gestión de recursos hídricos, con miras a contribuir al desarrollo económico y social de ambos países.
Debido a que una de las principales características de la asistencia técnica que se desarrollará estará enfocada a la protección, planificación y atención del agua en materia de inundaciones, David Korenfeld destaca que para las autoridades ese temaes prioridad en Tabasco y en cualquier otra zona del territorio que sea vulnerable a sus efectos, por lo que destaca la importancia de compartir experiencias que los Países Bajos han desarrollado en la materia.
Korenfeld asegura que una mejor gestión e infraestructura hídricas puede aumentar el valor económico de un país y disminuir los efectos destructivos de las inundaciones y las sequías.
0 comentarios