Policías municipales, bajo fuego y sospecha

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En la miraPrácticamente desde el primer día de gestión, el actual gobierno federal inició una guerra frontal y sin tregua contra los grandes grupos del crimen organizado, especialmente los dedicados al narcotráfico. En esta lucha se han visto involucrados no sólo los cuerpos de seguridad pública, sino también los encargados de la seguridad nacional, como el Ejército y la Marina.

En el combate contra las mafias del país, las policías que ocupan las trincheras de forma más directa y cercana son las municipales, ya que conocen mejor el campo de batalla. Sin embargo, son las que enfrentan con más desventajas y desigualdades al bando contrario, debido a la insuficiencia de recursos con que cuentan. Por ello, en ocasiones han caído en contubernio y complicidad con los grupos criminales, lo que les ha costado a algunos policías ser procesados legalmente.

Asimismo, muchos encargados de la En la mira seguridad pública municipal han sido asesinados de manera violenta, presuntamente por miembros del crimen organizado, quienes también han amenazado a otros tantos, algunos de los cuales han preferido renunciar a sus cargos.

Aquí presentamos un breve recuento de los procesos legales que en la presente administración la Procuraduría General de la República (PGR) ha realizado contra policías municipales, así como un recuento de los directores locales de seguridad pública que han sido asesinados de forma violenta.

EN CHIRONA

Pol mpalDe acuerdo con un documento de la Procuraduría General de la República, durante los primeros tres años de la administración del presidente Felipe Calderón —del primero de diciembre de 2006 al 18 de noviembre de 2009—, 278 elementos policiales de los tres niveles de gobierno han enfrentado acciones legales en su contra. De ellos, 189 eran municipales; de estos últimos, al menos ocho fueron directores o secretarios de seguridad pública municipal.

Los cargos bajo los cuales han sido procesados son muy diversos, destacan principalmente por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Les siguen otros, como privación ilegal de la libertad, portación ilegal de armas de uso exclusivo, acopio de armas, homicidio calificado y en grado de tentativa, así como abuso de autoridad.

Entre los principales grupos del crimen organizado del país con los que se relaciona a los policías procesados por delincuencia organizada se encuentran La Familia Michoacana, Los Zetas, La Línea y los cárteles del Golfo, de los hermanos Arellano Félix y de Arturo Beltrán Leyva.

Son 11 los estados en los que han sido emprendidas acciones legales contra policías municipales; los que han tenido un mayor número son Hidalgo, en donde en dos operativos realizados en junio y en septiembre del año pasado fueron detenidos 106 elementos (56 por ciento del total de los detenidos en dichos operativos); después, muy lejos, se sitúa Tabasco, con 18, y posteriormente Baja California y Nuevo León con 13 detenidos.

De los 189 casos municipales, 140 policías (74 por ciento del total) ya tienen auto de formal prisión, 43 (23 por ciento) cuentan con orden de aprehensión, cuatro se encontraban bajo arraigo y dos fueron consignados.

TAMBIÉN EJECUTADOS

Respecto a los directores o secretarios de seguridad pública municipal —en lo que va de la presente administración federal—, al menos 16 de ellos han muerto entre 2007 y enero de 2010, según datos periodísticos. Todos ellos han sido asesinados de manera violenta, la mayoría presuntamente ejecutados por bandas del crimen organizado.

Esos crímenes han sido cometidos en 11 estados, los que son encabezados por Guerrero, en donde han sido ejecutados cuatro encargados locales de la seguridad. Le siguen Michoacán con tres y Chihuahua con dos.

Derivados de los hechos anteriores, habría que destacar que no sólo directores de seguridad pública y presidentes municipales se han visto obligados a renunciar a sus cargos ante las amenazas y presiones del crimen organizado, sino ayuntamientos enteros, como ocurrió en el caso de Tancítaro, Michoacán. Esto expresa muy bien todo el terreno que el Estado mexicano tendrá que recuperar.

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