Por qué no rinden cuentas

Salvador GuerreroEn transparencia y rendición de cuentas aún falta mucho camino por recorrer. Estos datos ilustran parte del panorama: sólo entre 2 y 18 por ciento de los ciudadanos conoce el órgano de su entidad en la materia y, a nivel nacional, únicamente entre 38 y 39 por ciento de la población sabe que existe el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), pese a que ya tiene siete años de existencia.

A nivel municipal la situación no es mejor, afirma en entrevista con Alcaldes de México Salvador Guerrero Chiprés, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF). El funcionario menciona que presupuestos escasos, falta de voluntad política para impulsar las unidades locales, ausencia de personal capacitado, limitaciones legales y desinterés de la población por la rendición de cuentas son algunos de los problemas en el ámbito local.

Agistín MillánAgustín Millán, también comisionado ciudadano del InfoDF, asevera que si bien México es un referente internacional, y pese a que los 32 estados cuentan con un organismo garante y leyes en materia de transparencia, además de que hay una normatividad Federal, en los municipios “tenemos comportamientos asimétricos”.

Inclusive, entre las 16 delegaciones del Distrito Federal puede haber diferencias notorias por sus niveles de desarrollo socioeconómico. Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztapalapa responden muy bien a los requerimientos de transparencia; en cambio hay otros muy rezagados, como Xochimilco y Gustavo A. Madero.

En los estados ocurre lo mismo: Yucatán, por ejemplo, tiene casos muy notables sobre cómo los municipios se han comprometido con el tema, pero en muchas otras localidades del país la transparencia está ausente, advierte Millán.

LOS MUNICIPIOS SE RESISTEN

Cuánto cuesta la“La rendición de cuentas tiene dos dimensiones: antes se creía —y todavía algunos políticos lo piensan—, que rendir cuentas es presentar un informe. Otros piensan que el término significa responder al ciudadano lo que está preguntando y que se le entregue la documentación que está solicitando siempre y cuando ésta sea pública; es decir, cuando no es reservada ni confidencial”, explica Guerrero Chiprés, quien asegura que en los municipios prácticamente no hay rendición de cuentas.

“Los municipios se encuentran en un estado de degradación, frente a lo que debería ser su nivel de compromiso con la transparencia por dos razones: una, porque en muchos casos ni Agustín Millán. siquiera son entes obligados; y otra, porque en muchas ocasiones no existe ni la más mínima voluntad política para rendir cuentas, aunque tengan la obligación de hacerlo”, agrega el representante de InfoDF.

El comisionado ciudadano cita un estudio el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en el que se indica que sólo 67 de 373 municipios —que representan 80 por ciento del PIB nacional y 65 por ciento de la población del país— tienen páginas de Internet que cumplen con el estándar nacional de comunicar de oficio las obligaciones de transparencia en materia de ejercicio presupuestal.

Además esos 67 municipios, que equivalen al 18 por ciento de la muestra, han presentado por dos años consecutivos —2009 y 2010— la información presupuestal en sus sitios oficiales de Internet, para ser consultada por el público.

En cambio, 8 por ciento de los 373 municipios lo hizo sólo en 2009, 19 por ciento únicamente en 2010 y 55 por ciento en ninguno de los dos años. Es decir, no hay continuidad.

Guerrero asevera que la expectativa es mucho menor en el resto de los municipios a nivel nacional.

LEY “SIN DIENTES”

Blanca IbarraBlanca Lilia Ibarra, presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla (CAIP), coincide en que los ayuntamientos son los que presentan mayores atrasos en adoptar la transparencia como una constante. “Creo que esto tiene que ver con la falta de homologación de las leyes de transparencia. Hay criterios muy dispersos en los estados.”

Lo anterior se evidencia en que no todos los órganos garantes del país tienen facultad sancionadora directa, pues sólo emiten recomendaciones, lo que representa una limitación, añade Salvador Guzmán, consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Yucatán, por ejemplo, sí tiene una ley en la que se prevé la capacidad de sanción. “Hemos aplicado multas a más de 40 municipios y hemos recaudado más de 200 mil pesos por ese concepto”, menciona Miguel Castillo Martínez, consejero presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de esa entidad, quien agrega que el hecho de contar con la facultad sancionadora permite a las unidades de acceso presionar más en el cumplimiento de la ley.

POCOS RECURSOS EN PUEBLA

Minea ÁvilaOtro problema que afrontan los municipios es la falta de profesionalización de los servidores públicos. “Incluso observamos que muchas veces ni los propios contralores municipales saben que tienen la obligación legal de la rendición de cuentas, ni saben de la existencia de la ley de transparencia”, admite Ibarra.

En esto coincide Minea del Carmen Ávila, de la Comisión para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de Durango, quien subraya que en los municipios de la entidad “no hay una persona que se dedique específicamente a la transparencia, porque no se tienen los recursos para ello.

“A veces el síndico tiene que cumplir varias funciones a la vez; sin embargo las autoridades municipales sí se preocupan por entregar documentos, por tener la página electrónica actualizada en la medida de sus posibilidades económicas y por cumplir con los lineamientos que establece la ley”, agrega la funcionaria duranguense.

Blanca Lilia Ibarra también destaca la carencia de recursos en los ayuntamientos. “Los presupuestos públicos deberían contar con un renglón específico para que se puedan crear las páginas electrónicas que faciliten el acceso a la información. En el caso de Puebla, el presupuesto para 2010 fue de 11 millones de pesos, lo que nos muestra, junto con el hecho de que sólo dos municipios tienen un órgano garante —pese a que la ley determina que cada localidad debe tenerlo—, que desde que se estableció la ley de transparencia se impusieron candados a la rendición de cuentas.”

YUCATÁN: NO HAY DEMANDA

ArchivosCastillo Martínez indica que en Yucatán la Ley de Transparencia entró en vigor en 2004. Tres años después sólo 20 por ciento de los ayuntamientos tenía titulares de unidades de acceso, es decir en 26, mientras que en el resto no había siquiera oficinas para que los ciudadanos pudieran ejercer este derecho.

De 2007 a 2010 “pasamos de 26 localidades que tenían oficinas a 71. Hoy tenemos abiertas 102 de 106 ayuntamientos”, enfatiza Castillo. Sin embargo, “70 por ciento de los municipios que tienen abiertas sus unidades de acceso no han tenido a la fecha una sola solicitud o pregunta. Esto, pese a que en Yucatán la ley respectiva establece que los municipios son entes obligados y que 80 por ciento de ellos deben tener información pública en la página de Internet del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública”, menciona el consejero.

FALTA EXIGENCIA

El tema de la transparencia en los municipios es de la mayor relevancia, debido a que es justamente el tercer nivel de gobierno el que está más cerca del ciudadano, en términos de la dotación de los servicios públicos. De ahí que la gente quiere saber con qué criterios se decide proporcionarlos a una comunidad y no a otra, comenta Agustín Millán.

No obstante, las autoridades municipales están más preocupadas por rendir cuentas a los congresos locales, al gobierno del estado o a la Federación, pero no al ciudadano. Éste se halla desdibujado en su localidad y por eso es importante que la voluntad política se exprese en dotar de recursos suficientes a los órganos garantes, para que tengan la capacidad de promover este derecho fundamental, manifiesta Millán.

Guerrero Chiprés concluye que quien será el principal catalizador de la transparencia como un proceso asimilado de participación cívica es la población. Sin ella y con la pura voluntad burocrática de los órganos, resulta insuficiente. Se requieren ciudadanos movilizados cívicamente.

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