“PREVENTÓLOGOS”, contra la opacidad en alcaldías.

Vigilar el gasto público y el patrimonio de los gobiernos municipales es una de las batallas más difíciles de ganar para un contralor, sobre todo por el elevado nivel de opacidad que existe en la mayoría de las cuentas públicas locales.

Los especialistas coinciden en que, si bien el papel de estos funcionarios tomó mayor relevancia en los últimos años, aún falta mucho por avanzar, sobre todo en las alcaldías más pequeñas donde prevalece un alto nivel de pobreza.

Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), comenta que en la mayoría de las alcaldías, la injerencia de un auditor a nivel municipal —como también se le conoce al contralor— está “en pañales”.

“En los municipios grandes sí existe un tejido administrativo, pero las alcaldías pequeñas como Pinotepa, Oaxaca y Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, por mencionar algunos, no llegan ni a contralor”, comenta.

Al respecto, José Luis de la Cruz Gallegos, director académico del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), refiere que hay dos polos totalmente opuestos en la materia. Por una parte existen ciudades como Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California; y León, Guanajuato, en las cuales la labor del contralor es sumamente destacada; pero del otro lado están los ayuntamientos que sobresalen por su nivel de pobreza. “Hay lugares donde no tienen ni una computadora, entonces, ¿cómo pueden vigilar el gasto? ¿Con qué herramientas?”, cuestiona el especialista.

MÁS DIENTES

Los contralores, como su nombre lo dice, ejercen control. Son los funcionarios que evalúan y promueven el desarrollo administrativo en las dependencias de gobierno. Su principal tarea consiste en prevenir malos manejos al interior de las administraciones. Por eso en algunos lugares se les dice “preventólogos”, ya que buscan evitar posibles actos de corrupción, principalmente en los procesos de contratación de proveedores de bienes y servicios, comenta José Cruz Hernández Moreno, quien fue contralor municipal de León, Guanajuato, de 2009 a 2012.

El también ex presidente de la Alianza de Contralores de dicha entidad, reconoce que todavía falta camino por recorrer en el tema; sin embargo, asegura que en la última década la labor de estos servidores públicos ha cobrado mayor relevancia.

Asimismo, afirma que con el paso de los años las leyes han otorgado “más dientes” a los auditores, “aunque aún son insuficientes para acabar con el cáncer de la corrupción, la cual avanza de manera acelerada debido, entre otras cosas, a la falta de transparencia que existe en la mayoría de los municipios”.

DE LA LUZ A LA SOMBRA

De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Municipal 2013 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de los 366 ayuntamientos evaluados, sólo 10 obtuvieron una nota superior a 70 por ciento en una escala de cero a 100 en cuanto a la rendición de cuentas del gasto público, mientras que 72 estuvieron en un rango de entre 27 y 58 por ciento y 284 por debajo de 25 por ciento.

Entre los rubros donde existe más opacidad destacan: monto de prestaciones sindicales, criterios de aprobación de fideicomisos y subsidios, y el plazo de contratación de la deuda. Dicho estudio revela además que 78 por ciento de los municipios evaluados incumplen condiciones mínimas vinculadas a la rendición de cuentas de su gasto público.

Raymundo Tenorio_Mayo2014De acuerdo con Tenorio y De la Cruz, el nivel de transparencia mejorará a partir de que entre en vigor plenamente la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los municipios, en 2016. “Claro, no será de la noche a la mañana, deberán transcurrir al menos tres años para empezar a ver resultados”, aclara Tenorio.

CUIDAR EL PERFIL

José Cruz Hernández aclara que la normatividad es uno de los puntos más importantes en los que un contralor debe poner atención para hacerle frente a posibles actos de corrupción y, por lo tanto, para disminuir los índices de opacidad, principalmente a la hora de firmar contratos con proveedores. Esto implica, desde la constitución del Comité de Adquisiciones, los límites máximos para los casos de contrataciones directas, los procesos de licitación y los fallos, hasta las sanciones que se impongan para quienes incurran en irregularidades.

“Otros aspectos que deben cuidarse son el perfil de los empleados públicos que laboran en áreas de adquisiciones; la conformación profesional y meticulosa del padrón de contratistas; la transparencia de los procesos de contratación; el clausulado objetivo y contundente de los contratos; la supervisión consistente de los bienes y servicios contratados y la efectividad de las fianzas, así como el resarcimiento de los vicios ocultos”, detalla Hernández Moreno, quien actualmente se desempeña como director General de Gestión Administrativa y Enlace Gubernamental de la Tesorería de León.

Asimismo, comenta que con el fin de mejorar el desempeño de los contralores, los gobiernos municipales deben ser cuidadosos en aspectos como la elección de la persona adecuada para encabezar dicha área administrativa, así como en la autonomía y el trabajo social. En lo que toca al primer punto, refiere que dicho funcionario debe ser una persona profesional, elegida mediante un concurso claro y transparente, ya que en algunos casos el puesto se asigna con base en la decisión de algún funcionario superior.

En cuanto a la autonomía, la contratación de un contralor se debe efectuar sin la injerencia de las secretarías de finanzas. “De qué sirve no estar bajo las órdenes de un tesorero, si económicamente estás sujeto a sus decisiones. Lo ideal es ser independiente, pero auditado por un tercero”, aclara.

El tercer punto es el trabajo con la sociedad. Auditar a todos los funcionarios públicos no es una tarea fácil, sobre todo en los ayuntamientos grandes. Pero cuando se trabaja de la mano de los ciudadanos todo es más fácil, comenta el experto.

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