Programas de reinserción social, obsoletos

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Especialistas aseveran que varias localidades del país cuenta con una nada honrosa ineficiencia al interior de sus centros penitenciarios

 

FOTO: CUARTOSCURO

Es a mediados del siglo XVIII que surgen las cárceles como instituciones cuyo principal objetivo era el de sancionar al infractor con los castigos que se considerasen necesarios, pero fue a mediados del siglo pasado que se comenzó a implementar en la mayoría de los países penas que no incluyeran castigos corporales, psicológicos o emocionales a los presos.

Por el contrario, se optó por un mecanismo de reinserción social, término relativamente nuevo cuyo objetivo es adaptar de nueva cuenta al infractor a la vida social de una manera productiva, enseñándole labores manuales como la carpintería y herrería, entre otros.

Para lograr el cometido, cada estado adecuó y efectuó distintos mecanismos. Gracias a ello existe una variedad de programas dedicados a reincorporar a los reos de una manera no dañina y que genere un bien a la sociedad.

José Patricio Patiño.
FOTO: CUARTOSCURO

México tiene un sistema penitenciario y de reinserción social que ha fracasado, así lo asevera José Patricio Patiño, presidente de la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales (ICPA por sus siglas en inglés) capítulo Latinoamericano. “El objetivo principal de las cárceles debe ser la reinserción social, no únicamente el de contener a los reos, pero en territorio mexicano muchas veces no se logra ni lo segundo.”

Añade que la reinserción social por parte de las mismas instituciones carcelarias y el estado no ha dado buenos resultados; por el contrario se continúa con políticas públicas de reinserción sobrepasadas. “Las actividades de los programas de reincorporación a la sociedad que se imparten en las prisiones de México están enfocadas a la manufactura, artesanías y manualidades, que en la vida cotidiana, una vez liberado el reo, sirven de poco o nada, pues no es posible mantener a una familia con eso”, afirma José Patricio Patiño.

Parte de la problemática que se da en el sistema penitenciario, en especial en México, es la sobrepoblación de reclusos: “El sobrecupo es algo que sucede en la mayoría de las cárceles, lo cual dificulta que los programas de reinserción se puedan llevar a cabo con la efectividad esperada”.

La sobrepoblación en las instalaciones de los reclusorios conlleva a problemas de otra índole, como violencia e inseguridad al interior de las cárceles, así como extorciones, falta a los derechos humanos y espacios de convivencia. “El sistema carcelario en México se enfrenta a la realidad de una sobrepoblación y el fracaso de los programas de reinserción social que a la postre derivan en la reincidencia delincuencial.”

DATOS DUROS

En marzo de 2017 se publicó un informe sobre población penitenciaria, realizado por la Auditoría Superior de la Federación en 2016, el cual reveló que 75 por ciento de las cárceles locales del país se encontraban en condiciones de sobrecupo, además de población de reos federales; mientras los penales de dicha índole no tenían cupo. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su estudio del sistema penitenciario que abarca hasta finales de 2016, arrojó que de las 322 cárceles bajo administraciones locales, 267 son dedicadas a reclusos mayores de 18 años y 55 para menores de edad; de las cuales, 71 instalaciones son gestionadas por municipios. De los anteriores, 157 tienen severos problemas de sobrepoblación.

“Faltan recursos, personal capacitado, espacios e interés por parte de las autoridades para poder llevar a cabo proyectos de reinserción social”, asegura Patiño.

La mayoría de los programas en los centros penitenciarios no son funcionales. De acuerdo con Patiño, las actividades aprendidas en el interior de las cárceles no están hechas para una vida laboral. Muestra de ello, dice, es que en el reporte del Inegi se registra que en 2016, 59 por ciento de las actividades de reinserción social eran ocupacionales, mientras que 38 por ciento estaban enfocadas al curso de algún grado de escolaridad.

Por otro lado, un estudio realizado en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determina que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) encargado de operar el sistema penitenciario federal, “carece de un programa de reinserción social integral coordinado”.

Asimismo, de acuerdo con el documento, al cierre de 2016 la población carcelaria era de 11 mil 892 reos reincidentes, equivalente a 52.3 por ciento de los internos.

La ASF reconoce que existen programas enfocados a la reinserción de los reclusos a la vida social, sin embargo, tienen un bajo índice de efectividad, al arrojar que de los 17 mil 324 reos registrados en algún tipo de tratamiento para su reinserción social, sólo 273 recibieron alguno de éstos.

“Sin duda uno de los principales problemas que derivan en la poca o nula efectividad del sistema carcelario, y en especial de los programas de reinserción social, es que están superados en las formas en las que se capacita a las personas para ganarse la vida, y por otro lado es que los delincuentes no le temen a la autoridad, saben que las inconsistencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y la poca capacitación de los policías contribuyen a su pronta liberación.”

Con la implementación de este sistema, comenta el entrevistado, es la policía quien ocupa la figura de primer respondiente, por lo que bajo el nuevo esquema, son los encargados de iniciar el proceso de investigación con el que se abrirá la carpeta de investigación para dar lugar al juicio, no obstante, en los poco más de 10 años que se han tenido para preparar a los cuerpos policiales, no se han hecho grandes avances y continúan sin poder fungir como lo establece el manual del primer respondiente.

José Antonio Ortega.
FOTO: ROSALÍA MORALES

José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), asegura que la implementación del nuevo sistema de justicia “es un cambio importante y que se necesitaba, pero no se ha realizado de la manera correcta contribuyendo a que se genere una serie de problemas, principalmente que ni los cuerpos policiacos ni los ministerios públicos (MP) han sido preparados para afrontar los retos que representa trabajar bajo los nuevos esquemas”. Al no contar ni con el primer respondiente debidamente capacitado para recolectar las evidencias necesarias y con los MP sin los recursos necesarios, “los imputados quedan en su mayoría libres sin la necesidad de llegar al juicio, por lo que los delincuentes cada vez tienen menos respeto por la autoridad y miedo a terminar en la cárcel”.

Para lograr la reinserción social, así como la finalidad con la que fue concebido el sistema carcelario de México, además de recluir a delincuentes y reintegrarlos a la sociedad, es necesario que los procesos de investigación sean funcionales para que sea castigado quien debe serlo y permanezca preso el tiempo que así lo dicten las leyes, y una vez dentro, a través de los programas, pueda integrarse de forma productiva a la vida social, para lo que según los expertos hacen falta recursos y capacitación.

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