Solos contra el crimen

CalleCuando a finales de 2009 se difundió que el alcalde de Tancítaro, Michoacán, así como todos sus concejales, abandonaron el municipio a causa del miedo por las amenazas del crimen organizado, y las policías federal y estatal se quedaron a resguardar la seguridad de los 25 mil habitantes del ayuntamiento, el hecho fue objeto de múltiples análisis —políticos, sociales, etcétera—. Pero, con el paso del tiempo se ha vuelto “un lugar común” decir que otros municipios fueron abandonados por sus autoridades, o simplemente que éstos dejaron en manos de otras instancias el resguardo de sus poblaciones.

Tan sólo en enero pasado, el edil de Mier, Tamaulipas, decidió no reactivar los cuerpos de seguridad pública municipales y dejar que el gobierno estatal fuera el que decidiera. En Oaxaca, el Secretario de Seguridad Pública sostuvo que no será posible homologar los cuerpos de seguridad estatal y municipal hasta que no se erradique la corrupción y la impunidad; en tanto que en Santa María del Oro, Jalisco, renunciaron los 10 oficiales de policía por amenazas de la delincuencia organizada.

La ex jefa de policía de Práxedis G. Guerrero, Chihuahua, de 20 años, Marisol Valles, fue cesada del cargo, luego de que huyera a Estados Unidos por “temor”. Se presume que fue amenazada por grupos del crimen organizado.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, manifestó que más de 400 municipios en el país no tienen un cuerpo de seguridad propio y cerca de 90 por ciento de los que tienen policías disponen de menos de 100 elementos.

¿Qué sucede cuando no hay quien garantice la seguridad? Se pregunta Maritza Rosales, directora de Competitividad y Desarrollo Regional, de la firma de consultores Aregional. Cuando no hay seguridad pública básica, la de los municipios, esto incide directamente en la economía y por lo tanto en el bienestar de la población.

“De allí que se debe trabajar urgentemente para resolver los temas de inseguridad en que han caído algunos municipios y sus poblaciones a falta de cuerpos policiacos”, destaca la especialista.

El diputado Jaime Sánchez Vélez añade que los derechos humanos de la ciudadanía resultan afectados con el accionar de la delincuencia y la ausencia de quien resguarde a las poblaciones. “Cuando hay enfrentamientos entre delincuentes —como sucedió en Michoacán— la policía se ve impedida para acudir a resguardar calles, escuelas y a la sociedad en su conjunto. Nadie mide las consecuencias en cuanto a la afectación de la sociedad civil.”

La delincuencia y el crimen organizado se han extendido a varios estados del país. En Morelos, el crecimiento de la delincuencia ha generado un caos que impide a la sociedad, incluso, salir a las calles; y así es la situación en otros estados como Jalisco y Veracruz, donde ya no hay control de la delincuencia por parte de la administración a cargo, alerta el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

FUERZAS INSUFICIENTES

Datos del Gobierno Federal señalan que del total de las 2,440 corporaciones municipales en todo el país, más de la mitad cuentan con un máximo de 20 policías locales. “Formalmente hay municipios que cuentan con autoridad policial, con unos cuantos elementos; pero que éstos sean capaces de defender a la población ya es otra cosa”, opinó recientemente Víctor Quintana, activista del estado de Chihuahua.

Ha sucedido que en municipios donde ha renunciado en masa todo el cuerpo policiaco, la población, ante la incapacidad de la autoridad, acaba deteniendo a los delincuentes o tomándose la justicia por su mano, como sucedió en el municipio mexiquense de Ozumba, en el otoño pasado. Otro caso es Asunción, Chihuahua, donde en septiembre pasado residentes del poblado lincharon a dos hombres que supuestamente habían secuestrado a una joven de 17 años.

Hay que mencionar que más de 90 por ciento de los delitos que se cometen en México forman parte del llamado fuero común —homicidio, secuestro, extorsión— y son los cuerpos municipales y estatales los que en teoría trabajan para combatirlos.

Ramón GalindoSi bien se han destinado mayores recursos financieros y humanos para abatir a la delincuencia, los resultados alcanzados parecen ser insuficientes, por lo que aún queda un largo camino que recorrer.

Ramón Galindo Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, comenta que algunos alcaldes son tan presionados por el crimen organizado, que dicen: “No quiero policía municipal porque de esa forma no me pides dinero”, y municipios pequeños indican: “No quiero policía porque vienen los poderes fácticos”. Eso habla de la debilidad del municipio.

“El municipio es frágil, débil. Habrá municipios que prefieran cerrar. Hay alcaldes que han huido y funcionarios que piden exilio político porque están amenazados. 130 presidentes municipales han muerto o han sido amenazados. Y otro daño colateral de la fragilidad de los municipios es que la política está totalmente depreciada”, lamenta.

Incluso, sostiene el senador, hay alcaldes promovidos por el crimen. Los aspirantes a alcaldes son abordados por el crimen desde que son precandidatos, cuando quedan los abanderados definitivos les ofrecen dinero y cuando son electos van y le cobran “favores”. Los que dicen “no” se ponen en la lista negra.

BAJOS SALARIOS

El diputado Sánchez Vélez añade la desfavorable situación salarial en la que viven los policías. Alrededor de 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales en el país gana entre mil y 4 mil pesos, y 20 por ciento trabaja hasta por tan sólo mil pesos de salario. Estas cifras demuestran clara-mente que los elementos municipales y estatales que combaten a la delincuencia lo hacen con recursos limitados y armas inapropiadas, dice.

Respecto a los estados más afectados, los asesinatos de alcaldes han sido mayores en los territorios donde existen disputas entre grupos delictivos, como en Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. A éstos se suman los sitios donde, además de la presencia del narcotráfico, existe una mayor problemática social, como en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.

En este sentido ambos legisladores coincidieron en la urgencia de diseñar y adecuar políticas y acciones que fortalezcan la administración de las alcaldías, con el fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada.

El pasado 19 de enero, el diputado Sánchez Vélez presentó un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a coadyuvar con las autoridades locales de las entidades federativas en donde se han perpetrado asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos, con el fin de encontrar a los responsables y ser juzgados.

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