Un campo tranquilo para poder invertir, la meta

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Rocendo GlezLa Procuraduría Agraria (PA) está encargada de atender las demandas de miles de campesinos que solicitan justicia agraria, por lo que ha jugado un papel esencial en el ordenamiento y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Además de atender los conflictos, los esfuerzos de la institución están enfocados a fortalecer el campo mediante el apoyo de proyectos para el desarrollo agropecuario, urbano, industrial, turístico y ecológico, en los que tanto los inversionistas y los gobiernos, como los campesinos, resulten beneficiados de la asociación.

La PA es encabezada por Rocendo González Patiño quien, en conversación con Alcaldes de México, señala que el campo mexicano se encuentra en una tercera etapa, en la que el país debe proceder al aprovechamiento de sus tierras para abrir grandes posibilidades de desarrollo para los campesinos.

¿Cuál es el origen y la función de la Procuraduría Agraria?

Nace con las reformas de 1992 al artículo 27 de la Constitución. En esos cambios se establece que ya no hay más tierras para distribuir, y que ahora el mandato es ordenar las que se entregaron. Entonces se crearon varias instituciones importantes, como los tribunales agrarios, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, esta última como instancia defensora de los derechos de los campesinos de México ejidatarios, jornaleros, pequeños propietarios y comuneros.

Para ordenar las tierras, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los gobiernos estatales y del federal, trabajamos a partir de equipos técnicos con tecnología de vanguardia, vía satélite, y realizamos una labor titánica de más de 14 años. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales consistió en el ordenamiento de los ejidos y de las comunidades. La tarea fue medirlos internamente y en su perímetro, definir las parcelas, ubicar los asentamientos humanos y establecer el uso común para todos los ejidatarios y comuneros. Terminamos en 2006 y logramos medir 95 por ciento de todos los ejidos y comunidades. Estamos hablando de más de 96 millones de hectáreas regularizadas.

Lo anterior es muy importante, porque antes de la reforma de 1992 los ejidatarios tenían sus derechos y su parcela, pero no tenían ningún documento que los respaldara. Antes, la asamblea ejidal definía sobre esos derechos, y si se incumplía con alguna obligación, o si los líderes de la comunidad estaban en contra de alguien, podían quitárselos y expulsarlo del ejido o de la comunidad. Era una situación muy difícil, de mucha inestabilidad e inseguridad, y ello, más que permitir que la tierra fuera productiva, era un obstáculo fundamental. Pero afortunadamente logramos la regularización.

Se ha hecho un buen trabajo. Como PA tenemos la obligación de atender a los 31 mil 623 núcleos agrarios que hay en México y estar con ellos en sus asambleas, capacitarlos y ayudarlos en sus gestiones. Tenemos una estructura de más de 2 mil 700 personas que están distribuidas en todo el territorio nacional, contamos con alrededor de mil oficinas, 32 delegaciones y 116 residencias que nos permiten atender de manera rápida las demandas agrarias.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentaron para la regularización?

Rocendo 2Jurídicamente se repartía un terreno, pero se hacían dos o tres asignaciones del mismo, lo que genera conflictos agrarios. Esto ocurre en menos del 5 por ciento de los ejidos y de las comunidades, pero obstaculiza el trabajo. Es importante señalar que cada año tenemos alrededor de 30 mil juicios y alrededor de 25 mil conciliaciones.

Un problema que se asocia con los municipios es la falta de políticas claras de desarrollo de largo alcance. ¿Qué hay en las zonas ejidales y comunales que son muy importantes para nuestro país? Primero, allí está 80 por ciento de las selvas y los bosques, 74 por ciento de la biodiversidad y dos terceras partes de todas las playas de nuestro país. De esa manera, si queremos hacer algún tipo de desarrollo en el campo, necesariamente tiene que darse en un ejido o en una comunidad; si algún alcalde quiere tener reserva territorial, desarrollo urbano o áreas de infraestructura, allí tiene que hacerlos. Por eso la gran importancia del trabajo que estamos realizando con este nuevo enfoque del aprovechamiento.

Ahora estamos entrando a una etapa muy importante, que es el desarrollo rural en el campo mexicano. Estamos trabajando con un programa denominado Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP).

En ocasiones asociamos al campo sólo con el desarrollo agrícola, pero también debemos vincularlo con los desarrollos turísticos, urbanos, de infraestructura y de servicios, por ejemplo. Eso significa una gran oportunidad.

La ley nos obliga a establecer políticas y acciones que permitan a los campesinos el mejor aprovechamiento de sus tierras y de sus recursos, y esto es adicional al trabajo de defender los derechos de los campesinos en los tribunales.

¿Cuáles son los problemas agrarios fundamentales que aún existen en el país?

La falta de aprovechamiento de la tierra, no el conflicto; implica entrar de lleno a la productividad. El campo mexicano es como un gran gigante, pero está dormido; necesitamos despertarlo en toda su magnitud, es en esto donde tenemos que trabajar de manera coordinada. Necesitamos dejar de ver al campo como un ámbito de extrema pobreza y visualizarlo diferente para entender que es un área de oportunidad con todos los atractivos para cualquier tipo de desarrollo.

Por su ubicación geográfica y por sus condiciones climatológicas, México tiene una gran riqueza tanto agrícola como turística. Lo que requerimos es lograr la convergencia de todas las áreas de gobierno para aprovecharla, pero facilitando también la inclusión de los dueños de la tierra en los proyectos. Tenemos vertientes agropecuarias, urbanas, industriales, de servicios, de productos mineros, de turismo, que están esperando que las explotemos. Ya hemos hecho un diagnóstico en más de 18 mil núcleos agrarios del país, y 5 mil 600 han manifestado su aceptación para ingresar a los programas de desarrollo.

¿Cuáles son sus resultados?

MalezaCon lo anterior pretendemos tener un campo tranquilo y ordenado al que podamos llevar inversión y desarrollo. El Presidente nos ha insistido en que facilitemos las condiciones para invertir en el ejido; pero en ocasiones se pretende invertir en un ejido como si fuera una pequeña propiedad, y allí comienzan los problemas, ya que se busca hacer un desarrollo urbano o de infraestructura en una parcela cuando todavía está dentro del régimen comunal, y aún no se ha dado la transformación a propiedad privada que la ley señala.

Trabajamos para abrir esquemas de inversión en atención a la demanda de los campesinos de México, quienes tienen las tierras, pero no los recursos para hacerlas producir. Queremos establecer esquemas de asociación mediante los que el campesino no venda sus tierras, sino que sea parte del proyecto de una sociedad. También queremos darle garantías al inversionista, y es aquí donde la PA da seguridad en los convenios y contratos que se vayan a desarrollar. Este esquema es de carácter voluntario, con el que queremos aprovechar la vocación de la tierra que hay en el país.

¿Tienen relación directa con los presidentes municipales?

En algunos estados sí. Nos han ayudado a establecer módulos u oficinas de atención en los ejidos y comunidades de su municipio, y ahí les damos atención. Apoyamos a los campesinos para que agilicen peticiones de créditos y de subsidios, por ejemplo. En los esquemas de inversión que estamos trabajando, que son muy importantes para el desarrollo urbano, queremos sumar también al municipio: el campesino pone la tierra, el inversionista las obras y el municipio los permisos y los servicios.

¿Los convenios se hacen con el gobierno del estado o se pueden hacer directamente con los municipios?

Directamente con el presidente municipal, con el gobernador, con el inversionista. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes hay un proyecto de desarrollo ecoturístico en la comunidad de San José de Gracia, en el que el gobierno del estado aportó 50 millones de pesos para el proyecto, la comunidad su tierra, y el esquema establece que van a ir a partes iguales en utilidades. El gobierno aportó el recurso, pero lo va a recuperar, y no sólo eso, sino que va a tener un ingreso por el desarrollo que se está trabajando. Con estos esquemas queremos que ambas partes ganen. Los inversionistas deben dejar de pensar que sólo comprando tierras pueden llevar a cabo proyectos, ya que se pueden asociar con los campesinos y hacer convenios favorables para ambas partes.

Para el monto del reparto de ganancias, todo depende de la inversión y del proyecto. Como ejemplo está el caso de Coahuila, donde se da la explotación de una mina en tres hectáreas que pertenecen a 50 ejidatarios. En este esquema el empresario va a pagar por cada tonelaje de tierra cuatro pesos por metro cúbico del material que extraiga, lo cual es un beneficio muy importante para los ejidatarios. No sólo eso, sino que además el inversionista se compromete a hacer mejoras en la comunidad, como construcción de estanques, caminos, etcétera.

En el caso de Oaxaca establecimos un esquema para la generación de energía eólica; allí lo que se manejó con los ejidatarios fue el arrendamiento de tierras en la zona del Istmo de Tehuantepec. Hay ejidatarios que tienen hasta 30 hectáreas, y con el arrendamiento están obteniendo más de 500 mil pesos de renta al año, adicionales a los ingresos por la mano de obra directa que pueden proporcionar, u otro tipo de servicios, como el suministro de materiales.

¿Qué gana el municipio?

Desde un desarrollo urbano ordenado hasta utilidades, dependiendo del presupuesto que aporte el municipio a los proyectos. A partir de estos beneficios podría llevar a cabo obras o desarrollos adicionales para los habitantes de la región.

Muchos ejidos tienen playas y costas bellísimas, pero no se han logrado aprovechar al máximo. Cualquier proyecto que se genere en un ejido, por el simple hecho de llevar la inversión, genera plusvalía en las demás zonas.

¿Qué significan, en la historia agraria del país, esos esquemas de inversión?

Estamos en el nacimiento del tercer momento del campo mexicano; lo que debió haberse hecho desde 1915, que es el aprovechamiento de los recursos, apenas se está dando. Esto debe ser permanente y tendría que haberse dado desde el primer día, pero no ocurrió así por la falta de recursos y de seguridad jurídica, además de que antes no se invertía. Antes no sabíamos de quién era la tierra, pero ahora ya hay certeza.

¿Tiene futuro el ejido?

Es una realidad nacional muy importante: los ejidatarios son dueños de más de la mitad del territorio nacional. Lo mejor de México está en los ejidos, en las comunidades, en los municipios, y lo que tenemos que entender, conocer y trabajar, son los esquemas de asociación que nos permitan aprovechar su gran riqueza, ya que cualquier proyecto de desarrollo necesariamente tiene que darse en ese ámbito. Por supuesto que se debe incluir a los dueños de los ejidos, porque ya pasamos las etapas en las que nada más se les compraba la tierra; hoy son parte del desarrollo de proyectos.

Tenemos que visualizar a un campesino triunfador, empresario, productivo. Los jóvenes tienen que darse cuenta de las grandes riquezas que hay en el campo: requerimos buenos profesionistas, ya que son necesarios en el campo.

También hay problemas y carencias como, por ejemplo, la falta de áreas de reserva, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo normal de las ciudades y de los municipios. Todavía crecemos de acuerdo a la necesidad, no de acuerdo a la planeación. Si procuramos asociarnos tendremos tierra para proyectos a gran escala, y sin ese problema de tener que jalar una parte importante del presupuesto municipal para adquirir tierra.

Lo importante es saber asociar a los dueños de la tierra, y que ellos sean los que estén avanzando en el desarrollo que necesitan las ciudades, los estados y el país. Es un gran compromiso que se está dando.

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