La manera en la que se manejan los datos de los ciudadanos, que pueden incluir desde los personales hasta los financieros, es uno de los principales desafíos para las organizaciones gubernamentales, de acuerdo con especialistas del sector y autoridades.
Foto: SAS.
En días pasados se realizó el SAS Innovate on Tour en México 2025, donde se exploraron los desafíos para las instancias públicas en el tratamiento de los datos, en vías de optimizar la seguridad de los ciudadanos, y al mismo tiempo, integrar la innovación en la forma de gestionar el orden público.
Gabriel Reyes Galván, director de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, profundizó sobre los alcances e implicaciones de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, así como de la Ley General Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), ambas publicadas el pasado 16 de julio.
En dicho dictamen se dio a conocer la creación del Sistema Nacional de Información, en el que estarían al menos un Registro Nacional de Armamentos y Equipo, uno más de Detenciones, el de Incidencia Delictiva, otro de información Penitenciaria, así como un Registro Nacional de Mandamientos Judiciales.
Durante su participación en el foro, Reyes Galván explicó que “las principales innovaciones de la LGSNSP son el fortalecimiento de la coordinación y creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública; el establecimiento de estándares mínimos de operación e implementar un nuevo modelo de gestión de recursos federales.
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Asimismo, la institucionalización del Gobierno Federal de Seguridad, Fortalecimiento de Centros de Comando y Control, y el establecimiento de una Mesa de Paz”, así que el cuestionamiento que surge es sobre el impacto que tendrán dichos cambios en el tratamiento de los datos de los ciudadanos.
Por su parte, Mario Ulloa, director de sector público para SAS México, “el papel que jugamos los analistas en todo esto es importante. La seguridad nacional no es un concepto abstracto, está vinculado con el bienestar y la vida cotidiana de la ciudadanía, lo cual abre un campo nuevo para trabajar en la coordinación mediante el uso de Inteligencia Artificial (AI) y analítica de datos para brindar relevancia estratégica, transformación y manejo adecuado de los grandes volúmenes de información”.
Ulloa también enfatizó que la nueva ley no sólo se trata de espionaje, sino de un tema de coordinación. El gobierno cuenta con muchos datos, y existe un abanico de oportunidades para generar valor con ellos, sin cometer riesgos que impliquen prácticas fuera de la ley. “Por ejemplo, puede que detengan a alguien por una multa de tránsito, pero si la analítica muestra que esa persona tiene una orden de aprehensión por homicidio o por tráfico de drogas, es ahí donde los procesos tendrán cambios y mostrarán la diferencia”, detalló.
Analítica, el catalizador de la nueva ley
Francisco Franco, director de CIS Pensamiento Estratégico y Doctor en Desarrollo y Seguridad Nacional, compartió la relevancia de la integración de datos de diversas dependencias, pues actualmente existen ocho instancias que hacen inteligencia de datos a nivel federal, las cuales están en el Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aunque confirmó que “todos funcionan, maduraron de manera distinta, con procesos y datos diferentes, así que ese problema se solucionaría con la transformación de datos para un trabajo en conjunto”.
“Hasta hoy, en materia de inteligencia, México no tiene una comunidad y los avances son elementos sueltos”, añadió Franco, por lo que las herramientas de analítica avanzada pueden ayudar a que la nueva ley impacte al ciudadano a través de una mejor gestión de datos de videovigilancia, bases de datos de criminales, tomas de denuncias y hasta seguimiento de reportes de la población ante probables delitos.
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