A dos años de los sismos de 2017 se ha avanzado 30% en el proceso de reconstrucción

A dos años de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 —de magnitudes 8,2 y 7,1 respectivamente—, que dejaron al menos 471 fallecidos y más de 700 municipios con declaratoria de desastre, únicamente se ha tenido un avance de 30% en el proceso de reconstrucción.

Tras los sismos, se contabilizaron 186,526 viviendas dañadas en 8 entidades; 19,198 escuelas dañadas en 11 estados; 297 hospitales con algún daño en 11 entidades y 2,340 inmuebles culturales con afectaciones.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que en el sector de vivienda se lleva un avance del 26%; en educación del 59%; en salud de 17% y en cultura del 47%, dando un total global de 30% en el proceso de reconstrucción.

Precisó que de octubre a diciembre de 2018 se realizó un avance del 21% en vivienda, pero se alcanzó un 26% de enero a agosto de este año, por lo que para diciembre de 2019 se espera tener un avance del 41% y concluir en el primer trimestre de 2020.

En los sectores de educación, cultura y salud se llegó a un avance del 52% hasta diciembre de 2018, y para agosto de este año ya se alcanzaba el 64%; para diciembre de este año se espera llegar al 71% en el proceso de reconstrucción, para que, de igual forma, se concluya en el primer trimestre de 2020.

Los estados más afectados fueron Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero, pero también hubo daños en Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco.

Fuente y gráfico: Sedatu

Según cifras oficiales, por el sismo del 7 de septiembre fallecieron 102 personas: 82 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.

En el sismo del 19 de septiembre murieron 369 personas: 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

Los sismos afectaron a más de 12 millones de personas en 400 municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y Guerrero.

Acciones del actual Gobierno

El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, señaló en conferencia matutina de este miércoles, que al asumir su cargo se identificó que no había un programa que planteara objetivos, estrategias o metas claras ni mecanismos de coordinación entre diferentes instituciones para reconstruir los inmuebles afectados, números certeros que permitieran conocer la magnitud del desastre. A ello se agregó un escaso acompañamiento en la reconstrucción de viviendas, donde tampoco se contó con adecuación cultural y local:

“En conclusión, señor presidente, cuando recibimos la estafeta nos dijeron que teníamos que dar la última vuelta; sin embargo, cuando arrancamos nos dimos cuenta de que estábamos iniciando. Ante esta realidad, la instrucción fue recorrer las comunidades, platicar con las familias afectadas y conocer de viva voz cuáles son sus necesidades y sus demandas. En cada uno de los recorridos que hemos hecho, se van sumando nuevas familias que no fueron censadas”.

En su intervención, David Cervantes Peredo, comisionado nacional para la reconstrucción, declaró que para atender a la población afectada, en esta nueva etapa se elaboró un programa bajo la responsabilidad del Estado, coordinado por el gobierno federal. Para ello se creó la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR), coordinada por la Sedatu, en la que participan diferentes sectores como ejecutores del programa: las secretarías de Salud, Cultura, Educación; así como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Se han instalado coordinaciones estatales y las mesas técnicas en los estados afectados a través de las que se revisa la idoneidad de las normas para la construcción, e incluso se han elaborado normas técnicas para la construcción emergente, con el objetivo de garantizar la seguridad estructural de todo lo que se está reconstruyendo.

Además, se promueve la creación de programas de ordenamiento por parte de los municipios, con el fin de garantizar que no se sigan ocupando zonas de riesgo para asentamientos; también se analiza la vulnerabilidad en las zonas donde hubo vivienda dañada, para determinar si hay necesidad de reubicarlas.

En materia de vivienda, se garantiza la adecuada realización del diseño, seguridad estructural y adecuación cultural, mediante asistencia técnica a los beneficiarios; actualmente hay 220 asistentes técnicos que trabajan en lo particular, asociaciones civiles y pequeñas empresas.

“Dentro de las bases del programa y como obligación constitucional, todos los programas públicos tienen un enfoque de derechos humanos y en ese sentido, hemos venido trabajando para garantizar o restituir esos derechos; por un lado, garantizar el derecho a la información, a la participación de las personas y con la reconstrucción material, restituyendo el goce del derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y a la cultura”, explicó el comisionado.

El PNR aplica criterios de prioridad para dar atención a las zonas con mayor grado de marginación, índice de violencia, pobreza, con población indígena y donde se registraron más daños. Como lineamiento general, el programa cumple con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, por lo que se han conformado comités de contraloría social en los que hasta ahora, participan más de 23 mil beneficiarios, pues la participación ciudadana ha sido una característica del programa. Para contribuir al fortalecimiento o recuperación de la economía local, la mano de obra, profesionistas, pequeñas empresas que participan en el programa, son de las localidades.

Inversión para la reconstrucción

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, informó que se han invertido recursos por 29 mil 694 millones de pesos a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017.

El funcionario federal explicó que estos recursos se repartieron en dos programas: el primero el Programa Parcial Inmediato, donde se dispersaron seis mil 844 millones de pesos para reestablecer comunicaciones y servicios. Y el más grande, donde se asignaron 22 mil 810.3 millones de pesos con recursos tradicionales del Fonden, así como por distintos donativos, para reconstrucción de escuelas, vivienda e infraestructura, de estos, detalló, 40 millones de pesos fueron para evaluación de daños.

Por parte del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), se otorgaron ocho mil 94 millones de pesos para reconstrucción parcial o total de 170 mil 687 viviendas en 315 municipios de ocho entidades. En tanto, por medio de la Sociedad Hipotecaria Federal se dieron nueve mil 259 créditos de 100 mil pesos en promedio con una tasa preferencial de 7.0 por ciento, para viviendas con daño total, de las cuales 72 por ciento ya se concluyeron.

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