Ampliación de mandato en BC vulnera valores democráticos: Causa en Común

Por Isaías Ocampo

Alcaldes de México | Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019.- La ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California, de dos a cinco años, vulnera valores democráticos, contiene efectos retroactivos en perjuicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y contraviene normas constitucionales, señaló María Elena Morera, presidenta de Causa en Común A.C., al presentar un recurso amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para anular la llamada «Ley Bonilla».

Foto: Isaías Ocampo / Alcaldes de México

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, inició su mandato el pasado 1 de noviembre en medio de impugnaciones ante la SCJN en contra de que su mandato dure cinco años, luego de que el Congreso del estado aprobó el 8 de julio la extensión del mandato y cuya ley fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 17 de octubre.

De esa forma, el mandato de Bonilla se extendería hasta octubre de 2024 y no finalizaría en 2021, como se había establecido previamente para empatar las elecciones locales con las federales en 2021.

Ante este panorama, la presidenta de la organización Causa en Común, en representación de 137 personas firmantes del recurso, acudió a la SCJN a presentar el recurso legal, con el objetivo de que se resuelva lo que consideran una inconstitucionalidad aprobada el 8 de julio de 2019 por el Congreso local de Baja California.

En el documento presentado por María Elena Morena se explica que la acción de inconstitucionalidad promovida por el 30 de octubre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debe ser tomada en cuenta al momento de emitir un fallo, dado que la extensión de mandato del actual gobernador es una afectación no sólo para dicha entidad, sino para todo el federalismo mexicano, por lo que debe ser anulada, considera.

La presidenta de Causa en Común detalló que el recurso presentado expone con claridad la manera en que la llamada Ley Bonilla “vulnera valores democráticos como el respeto al voto, ya que el Congreso suplantó la voluntad de los electores al elegir de facto a un gobernador tres años más sin que se presentaran elecciones, con lo que se vulneró la idea de soberanía popular”.

Indicó además que la norma jurídica aprobada por el Congreso local contravino normas constitucionales ya que no se promulgó y publicó 90 días antes de que comenzara el proceso electoral, a pesar de que incidía en la periodicidad del cargo electo.

La activista precisó que dicha ley “contiene efectos retroactivos en perjuicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos al modificar los resultados de la elección en la que votaron, y afecta la certeza de los gobernador porque el legislador cambio las reglas del juego democrático en un momento posterior a la expresión del voto”.

Los firmantes piden, con este recurso, que la norma impugnada sea anulada y expulsada del ordenamiento jurídico de Baja California porque tiene elementos estructurales suficientes para considerarse inválida.

“Nuestra intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada”, aseguró Morera.

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