Así afecta la violencia política a las mujeres en México

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Alcaldes de México

El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ISLB) informó que en el caso de las mujeres, la violencia política es particularmente cruda ya que afecta gravemente su inserción a la vida pública del país. De acuerdo con la consultora Etellekt, del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año han ocurrido 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, la mayoría de ellas (24) aspirantes y candidatas.

De acuerdo con el informe sobre violencia política en México presentado por Etellekt, esta elección ha sido la más violenta de la historia del país. A la fecha se han contabilizado alrededor de 305 casos de agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares. Ello ha provocado la muerte de 93 políticos en tan sólo 8 meses del proceso electoral.

Resalta que en México, a pesar del avance normativo para que cada vez más mujeres formen parte de la vida pública nacional, las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres han generado graves obstáculos para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la participación política. Muestra de ello es la poca representación en los puestos de mayor nivel de decisión nacional. A nivel federal, tan sólo cuatro mujeres han participado en cargos de Secretarias de Estado durante este sexenio. En el caso de las gubernaturas de las entidades federativas, sólo hay una mujer gobernadora, y en los últimos veinte años sólo se registran 6 mandatarias estatales.

Los obstáculos para que las mujeres accedan a cargos públicos y a la vida política no sólo son de autoselección (ellas mismas deciden no hacerlo), sino que también son estructurales, hay barreras institucionales y sociales que impiden que las mujeres accedan al poder.

Es importante señalar que existe violencia política contra las mujeres en razón de género cuando:

· El acto u omisión que se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o las afecta desproporcionadamente.

· Tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

· Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público.

· Es perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes.

La violencia política ha ascendido a niveles inaceptables en México. No es únicamente violencia política psicológica y verbal, que refuerza estereotipos de género, sino también amenazas, agresiones físicas y hasta muerte. Este contexto de violencia política por género, se refuerza a partir del contexto de violencia que vive México.

Ejemplo de esto es el caso de la candidata a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes, quien ha denunciado su caso por difamación y esterotipación, o Susana Harp, candidata al Senado en Oaxaca y Patricia Azcagorta Vega, candidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora.

Otro caso, aún más grave de este tipo de violencia política o difamación, es también a la que ha sido sujeta Nestora Salgado, en la que el candidato de la Coalición “Todos por México” a la Presidencia ha reforzado la idea de que la candidata al Senado, es “secuestradora,” a pesar de haber sido absuelta de los cargos y existir un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que concluye que el Estado mexicano violó flagrantemente sus derechos humanos.

En este último caso, además, la candidata es de origen indígena y es mujer. “La magnificación del caso por el candidato presidencial y el partido político al que pertenece, cuestiona los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a la libre determinación y a sus propias formas de gobierno y pone el lente sobre la difamación y la impunidad en nuestro país. La situación se agrava porque las mujeres indígenas tienen pocos espacios de acceso al poder, peor aún, si han sido luchadoras sociales”, señaló Ana Joaquina Ruiz, investigadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Este hecho es relevante, porque al permitir que se utilicen estereotipos de género en el espacio público, se refuerza en el imaginario colectivo la idea de que las mujeres, particularmente indígenas, no pueden acceder al poder. Refuerza la idea de que “no es su espacio”.

El ISLB apunta que no se trata de garantizar sólo la vida y la integridad física de las personas, sino de garantizar el lugar de las mujeres en el espacio público. “¿Cómo podemos pedirle a las mujeres que accedan a sus espacios, si, en pleno siglo XX siguen teniendo que arrebatarlos? Urgen garantías para el ejercicio de los derechos políticos de las candidatas”.

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