Los delitos de corrupción en las entidades federativas alcanzaron una impunidad promedio de 98.17 por ciento durante 2022, de acuerdo con el Índice de Corrupción Estatal 2022, de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México).
Foto: Gobierno de México.
La probabilidad de que un funcionario público sea sancionado por este tipo de conductas es de sólo 1.8 por cada 100 casos.
La ONEA México publicó en días pasados la segunda edición del Índice de Corrupción Estatal, correspondiente al año 2022.
Esta herramienta, creada para la cuantificación de los niveles de corrupción en los estados del país, se generó a partir de la ponderación de información pública y cifras obtenidas mediante la presentación de más de trescientas solicitudes vía transparencia.
Los resultados de este volumen ubican a la totalidad del territorio en situaciones de “media” y “alta” prevalencia de corrupción, lo cual implica una reducción en comparación con los estándares observados en 2021. No obstante, el promedio nacional registró, a su vez, un acrecentamiento en áreas importantes como la impunidad hacia los delitos cometidos por servidores públicos.
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Durante 2022, el índice nacional de sanción de los delitos de corrupción fue de 1.83 por cada 100 casos, lo que se traduce en una impunidad penal promedio de 98.17 por ciento. En catorce estados, los tribunales superiores de justicia local indicaron la emisión de cero sentencias condenatorias.
Al igual que en la edición anterior del “corruptómetro” (2018-2021), los poderes judiciales de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero y Oaxaca reportaron la inexistencia de resoluciones por estos delitos, lo que significa la ausencia de sanciones penales por cinco años consecutivos.
Por otro lado, la incidencia administrativa—entendida como el promedio de investigaciones radicadas por los órganos internos de control de la administración pública local— incrementó en 54.66 por ciento durante el año de estudio, al transitar de 50 mil 663 expedientes iniciados en 2021 a 70 mil 355 en 2022. Del universo de indagatorias aperturadas en sede administrativa, sólo 7.8 por ciento derivó en la determinación de responsabilidades.
Clasificación de entidades
La entidad con la peor evaluación del índice fue Chihuahua, con una clasificación de 61.8 sobre 100. Le acompañan Ciudad de México (61.66), Estado de México (57.5), Quintana Roo (56.46), Aguascalientes (54.02) y Baja California (53.94).
Nuevamente, Querétaro se ubica en el último lugar del índice con la prevalencia más baja del país (27.31), aún considerada un nivel de corrupción “medio”. El listado de entidades mejor evaluadas continúa con Nayarit Tlaxcala (28.13), Nayarit (39.93), Guanajuato (40.75), Tamaulipas (41.48), Sinaloa (44.28) y Yucatán (44.79).
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