Seguir viendo

Denuncia CNDH falta de compromiso de autoridades para detectar trabajo forzoso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al Gobierno mexicano para ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor el 9 de noviembre de 2016.

Al presentar el Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que se plantea una política pública, porque las normas nacionales e internacionales ya están, pero no bastan; ahora falta voluntad política para materializarlas.

Destacó la importancia de que las autoridades federales y locales del Trabajo comprendan que las jornaleras y los jornaleros agrícolas del país se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que los hace susceptibles a ser víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajos o servicios forzosos, y que tienen los mismos derechos que las víctimas de otras modalidades de explotación a ser identificados, rescatados y atendidos de manera integral.

Señaló que dichas autoridades actúan bajo la inercia de costumbres de las regiones que por muchos años han generado la intervención de los llamados “enganchadores”, quienes tras hacer una oferta de trabajo a grupos de jornaleras y jornaleros agrícolas se encargan de sus traslados, que se dan en condiciones peligrosas la mayor parte de las veces; de sus alimentos, insuficientes y de mala calidad; de las zonas de pernocta, indignas e insalubres; de su nula seguridad y su retorno a lugares de origen, en condiciones de hacinamiento, sin que autoridad alguna supervise la actuación de tales “contratistas” y/o patrones.

Enfatizó que a las víctimas de trata de personas en los trabajos o servicios forzados no se les ve igual que a una víctima de trata con fines de explotación sexual, para la que no existe una resistencia tan evidente sobre su rescate.

“Inspeccionar un campo agrícola y ver a un hombre o mujer trabajando en condiciones indignas, peligrosas, bajo amenazas de retención de sueldos, tendría que tener el mismo nivel de acción y respuesta por parte de las autoridades que el encontrar a una mujer víctima de trata de personas en los operativos implementados en algún bar u hotel”, aseguró.

Acompañado por el Quinto Visitador General, Édgar Corzo Sosa, González Pérez consideró indispensable la acción coordinada y corresponsable inmediata de las autoridades involucradas en la prevención y procuración de justicia que, ante la existencia de casos de trata de personas, dejara de actuar bajo el principio de debida diligencia para prevenir la esclavitud y la trata de personas en el país.

Destacó la disparidad de resultados obtenidos en el estudio presentado, derivada de las respuestas de las autoridades federales y locales a las solicitudes de información de la CNDH, y precisó que ello representa un reto al combate a la trata de personas a que el Estado mexicano se ha comprometido, y puso en relieve que, en su mayoría, las y los inspectores del trabajo no consideran que tienen la obligación de detectar y denunciar posibles casos de trata de personas, y quienes sí las identifican no cuentan con el apoyo institucional para realizar esa labor.

Respecto del grado de colaboración de las autoridades laborales para este estudio, el Ombudsman nacional explicó que fue disímil, ya que 21 autoridades dieron respuesta a la solicitud de información, 5 contestaron en términos generales, cuatro agruparon una serie de preguntas a las que dieron respuesta genérica y tres no proporcionaron información (Querétaro, Tabasco y Michoacán).

Tras mencionar que en algunas entidades se ha avanzado en la emisión de protocolos y capacitación, aún queda mucho por hacer en esta materia, y dio a conocer algunas propuestas entre las que destacan que el Gobierno mexicano ratifique el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la OIT; elaborar, institucionalizar e implementar en los ámbitos federal y estatal protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

También, impulsar desde la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo el diseño e implementación de metas e indicadores de cumplimiento para la prevención y detección de posibles casos de trata de personas, con énfasis en centros de trabajo agrícola; presencia más activa de la STPS y autoridades laborales locales en las Comisiones Intersecretariales en materia de trata de personas; garantizar la capacitación de las y los inspectores del trabajo y promover la elaboración de estudios y diagnósticos estatales y regionales para profundizar las información sobre la población jornalera y los riesgo que enfrenta.

La debida inspección y prevención de la trata de personas y su explotación –añadió el Ombudsman nacional— contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y permite romper con círculos no sólo de pobreza, sino también de violencia, y da herramientas para atacar directamente los factores que permiten que la trata de personas se convierta en parte de la vida cotidiana.

Este Estudio, que ya fue debidamente notificado a todas las autoridades laborales federales y estatales, puede consultase en la página www.cndh.org.mx

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: