La noche del pasado sábado, Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quien fue capturado en febrero de 2014, escapó del Centro de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
Esta es la segunda vez que Guzmán Loera se fuga de una prisión de alta seguridad en México, luego de que en 2001, lograra huir del penal de Puente Grande, Jalisco.
Tras su recaptura, el gobierno norteamericano exigió de manera inmediata la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a través del presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike McCaul, manifestó su temor ante un nuevo escape del capo mexicano, debido a que consideraban que la corrupción en el sistema de justicia mexicano había sido la principal causa de su primera fuga.
Al respecto, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó, “yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho”, aseguró.
En aquel entonces, Murillo Karam, explicó que el proceso de extradición no aplicaba para Joaquín Guzmán Loera, pues no existía peligro de fuga y por cuestión de soberanía, permanecería en México hasta que concluyeran los procesos en su contra.
El líder narcotraficante debía enfrentar en total, ocho órdenes de aprehensión, dos de ellas de rehaprensión, es decir, una pena de 13 años nueve meses, restante de su primera condena y de la que sólo había purgado siete años antes de su primera fuga, más el acumulado de seis sentencias por nuevos delitos.
El traslado de “El Chapo” Guzmán fue pospuesto totalmente, luego de que en enero de 2015, el juez federal, Fabricio Villegas, titular del juzgado décimo de distrito, le otorgara una suspensión de amparo que por tiempo indefinido, impedía a las autoridades entregarlo al gobierno de Estados Unidos.
De haberse logrado la extradición, Guzmán Loera, enfrentaría al menos seis acusaciones pendientes con la justicia norteamericana, en donde se le imputan decenas de cargos ante distintas cortes federales en California, Nuevo México, Texas, Illinois y Nueva York.
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