Gobernador de Coahuila busca castigar con cárcel el acoso sexual en el transporte público

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, envió al Congreso del Estado un paquete de iniciativas de ley para castigar con multa, cárcel y trabajo comunitario el acoso sexual que sufren en el transporte público las mujeres. Se busca por medio de recursos legislativos poner freno a la desbordante violencia de género en Coahuila.

La propuesta contempla nuevos tipos penales: uno de ellos es el acoso sexual en vías públicas, que ocurre cuando una mujer va en transporte público y es asediada o molestada sexualmente por el conductor o por alguno de los pasajeros.

Además, en el delito de feminicidio se incorporan nuevas calificativas para castigarlo, por ejemplo, cuando se comete en contra de una menor de edad o de una mujer embarazada.

La propuesta del gobernador Miguel Ángel Riquelme con iniciativas para reforzar las penas contra la violencia de género contempla crear una Ley para Jefas de Familia y la Ley de Paternidad Responsable, con disposiciones que salvaguardarán la manutención de madres e hijos, ante el abandono que enfrentan en casos de divorcio o cuando el padre se niega a reconocer la paternidad.

También se formuló una propuesta de Ley para la Emisión y Seguimiento de las Medidas de Protección para Mujeres en Situación de Violencia.

El acoso sexual en transporte público tendrá una pena de hasta 2 años de prisión y trabajos en favor de la comunidad para el agresor, así como multas.

El paquete de iniciativas incluye también cambios en la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar; Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar; Ley para la Familia; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley de Protección a la Maternidad; Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
y Código Penal.

Aunado a ello, el diputado Marcelo Torres Cofiño presentó la iniciativa para eliminar del Código Penal el periodo de convivencia obligatorio que la mujer ha tenido con la pareja, para que se le considere víctima de violencia familiar, en caso de ser agredida. Por ahora, el delito aplica si la convivencia es de 6 meses por lo menos, en contraste con que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de maltrato.

Con información de: Zócalo

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