Las víctimas de la corrupción, la indolencia y la impunidad en la Línea 12 del Metro CDMX

Por Marco Romero

 

 

 

  Expreso mi solidaridad con las víctimas del infausto percance del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro CDMX, sumándome a la exigencia de que se les imparta justicia pronta y expedita, por los agravios que están sufriendo.

Con cierta frecuencia escuchamos en conferencias, talleres y seminarios que promueven la integridad, la expresión: “¡LA CORRUPCIÓN MATA!” y esto es lo que muy desafortunadamente sucedió en la llamada línea dorada del Metro de la Ciudad de México, la reciente noche del 3 de mayo.

Una obra pública supuestamente destinada para el beneficio de una mejor y más rápida trasportación de las familias trabajadoras de la popular zona de Tláhuac, en lugar de apoyarlas, primero se convirtió a partir de marzo de 2014 en un obstáculo para agilizar sus traslados por más de un año y medio, cuando permaneció parcialmente suspendida en su operación y casi nueve años después de inaugurada, en instrumento de una tragedia, que hoy nos tiene de luto a todos los capitalinos, pero también de la comisión de un presunto delito.

La aparente lejanía en el tiempo, entre la construcción y puesta en operación de la Línea 12 del metro y la fatídica noche en que se desplomó el tren desde su carril elevado hasta la Avenida Tláhuac, con el resultado hasta este día de 25 muertos y 79 heridos, no impide el fincamiento de responsabilidades de diversa naturaleza de servidores públicos y particulares, que tuvieron participación tanto en la materialización de esa contratación pública, como en la puesta en marcha de las instalaciones del metro resultante de ella.

Los evitables daños físicos y materiales o los muy desafortunados fallecimientos que injustamente están soportando decenas de víctimas, hoy se han convertido en el hilo conductor para la apreciación de las presuntas responsabilidades civiles, administrativas, penales y políticas de los sujetos que incurrieron en ellas y las necesarias sanciones que hoy más que nunca, los ciudadanos debemos exigir que se impongan por las autoridades competentes, como freno a ese pernicioso circulo de impunidad y corrupción que nos corroe como sociedad.

En lo inmediato, la prioritaria atención de las víctimas y el respeto a sus derechos humanos, no se observan atendidos a cabalidad; hemos presenciado a través de videos en redes sociales muy dolorosas evidencias de la angustia que sufren quienes directamente han quedado inermes ante las consecuencias de este hecho y no encuentran los apoyos oficiales que les hagan expeditos y menos dolorosos los trámites de atención hospitalaria o de carácter funerario, que están enfrentando por la negligencia o la corrupción a la que irregularmente quedaron expuestos.

Son inentendibles las causas por las cuales no ha operado con eficiencia el seguro que supuestamente garantiza la atención, que como usuarios del metro, tienen las víctimas actuales de los hechos comentados.

El tratamiento de los reclamos que la sociedad en su conjunto tenemos el derecho de hacer por este doloroso suceso, también deja mucho que desear, porque se les está descalificando con el rasero común de oportunistas, electoreros o partidistas; nada más impreciso, pues aunque hubiera algunos que tengan ese propósito, lo fundamental es que las exigencias no son ni subjetivas, ni carentes de razón,  están soportadas por el hecho incontrovertible de haberse desprendido injustificadamente una sección de la estructura que soportaba el paso del metro y que provocó su caída al vacío, con las consecuencias fatales que ya conocemos.

Las autoridades de la Ciudad de México, igual que las federales, deben ser empáticas con estas exigencias y tener una respuesta no solo prudente y tolerante para con ellas, sino rápida y eficaz para confrontar a quienes originaron este desastroso problema, a fin de llevarlos a comparecer en lo inmediato, en los procedimientos de investigación administrativos y penales que las leyes de estas materias ordenan, los cuales deben estar ya abiertos desde el momento mismo en que ocurrieron estos hechos.

Una de las exigencias más recurrente es la petición de renuncia de la Directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que por tercera vez se produce, ante un panorama de sucesivos eventos catastróficos, durante los cuales, en todas esas ocasiones han traído como consecuencia la pérdida de vidas humanas. Es insostenible su permanencia al frente de ese importante organismo de transporte para la Ciudad; cualquier investigación objetiva e imparcial sobre estos acontecimientos, parte de la premisa de la separación del cargo de esa servidora pública, que además ha sido denunciada por trabajadores del metro, por la supuesta desatención en las indispensables labores de mantenimiento que deben realizarse continuamente, para seguridad de los usuarios.

En otro contexto, se ha anunciado ya la contratación de una empresa extranjera para que lleve a cabo la realización de un peritaje sobre las causas del infausto percance; no obstante, la intervención de un perito verdaderamente independiente, no puede llevarse a cabo sin la autorización y su designación directa por las víctimas, en salvaguarda del ejercicio del derecho humano que tienen para ello, el cual no puede ser llevado a la práctica por alguien distinto a ellas.

Aunque sea una verdad de Perogrullo, debe quedar claro que la única autoridad competente para investigar responsabilidades penales es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; cualquiera otra autoridad podrá tener la calidad de coadyuvante, pero no sustituir la competencia que por ley le corresponde al órgano ministerial.

En suma, es inocultable que sexenio tras sexenio, las contrataciones públicas siguen manteniendo a la clase política y a sus testaferros en el sector privado, de escándalo en escándalo; sin embargo, la ambición por capturar los presupuestos públicos y desviarlos de sus objetivos de interés social, parece no tener fin, porque la impunidad se mantiene constante.

Todos quienes participan en hechos de corrupción, apuestan a quedar sin castigo, a sabiendas del descomunal índice de impunidad.

Es un hecho, que aún no logran imponerse, ni implantarse las mejores prácticas por las cuales se asegure que prive la integridad en la asignación de contratos públicos.

En otro hecho, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha producido los frutos esperados, aún con la incorporación de la participación de ciudadanos que luchan por incidir en una genuina lucha en contra de la corrupción; en su conjunto, no han alcanzado ningún impacto representativo para disminuir este pernicioso cáncer social.

La Constitución de la Ciudad de México nos garantiza el derecho a la buena administración, a través de un “gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.”

Hoy que nuevamente la corrupción nos presenta su peor cara, produciendo víctimas fatales, estamos en esta Ciudad de México esperando de este gobierno, no solo que se comprometa de palabra con esas garantías, sino que las haga realidad.

Lic. José Marco Romero Silva

Especialista en Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos por la U.N.A.M.

Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C.

Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. A.C

Miembro fundador del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción A.C

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