Proponen hasta 15 años de cárcel para servidores públicos por desplazamiento forzado

Establecer sanciones de ocho a 15 años de cárcel para grupos delincuenciales que generen desplazamiento interno forzado y servidores públicos que no acaten la ley o participen en la comisión de delitos relacionados con el problema, proponen un grupo de legisladores federales.

El senador Emilio Álvarez Icaza y los diputados federales Lucía Riojas y Carlos Morales, los tres sin partido político, promueven expedir la ley para la prevención, protección, generación de soluciones duraderas y sanciones en materia de desplazamiento interno forzado, y reformar el Código Penal Federal y la Ley de Minería, cuya iniciativa presentarán este miércoles de manera formal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Hay una deuda del Estado mexicano con las víctimas de desplazamiento interno forzado, afirmó Álvarez Icaza, en rueda de prensa virtual con víctimas y representantes de colectivos y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, quienes exigieron al Congreso federal tipificar como delito el fenómeno del desplazamiento interno forzado y la desaparición de personas.

Desde la óptica del senador, la ausencia en México de la figura del desplazamiento interno forzado coloca en indefensión y revictimiza a las personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen por distintas razones, entre otras la violencia e inseguridad y en algunos otros casos por problemas religiosos o de disputa de tierras, sin recibir apoyo de las autoridades.

Se pretende expedir una ley nacional que obligue a los tres órdenes de gobierno a atender el problema, explicó, porque las leyes de carácter general o federal no garantizan la debida coordinación entre autoridades.

De acuerdo con información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desplazamiento interno forzado es un problema creciente en México.

A pesar del reconocimiento gubernamental del fenómeno en abril del 2019, cita un reporte sobre el tema, todavía no existe un diagnóstico formal de la problemática, ni políticas públicas especializadas para atender a las personas desplazadas de manera integral, por lo que la población aún se encuentra invisibilizada y desatendida.

La comisión identificó que en el 2019 hubo 27 episodios de desplazamiento interno en ocho estados.

Datos parciales, porque no hay cifras oficiales, finalizó Álvarez Icaza, revelan que en el 2018 un total de 11,491 personas fueron afectadas por desplazamiento interno forzado, de las cuales 1,473 eran niñas y niños.

Con información de: El Economista

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