Rescatan a 200 tarahumaras de explotación laboral

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social rescató a más de 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación en dos municipios de Baja California Sur, informó el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete.

Los indígenas, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola, que reside en Guanajuato.

Fueron trasladados con engaños para trabajar en Comondú, en Baja California Sur, donde trabajaban y vivían en  condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial.

Estos indígenas trabajaban en la cosecha de papa, y por ese trabajo solo recibían  200 pesos semanales como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.

La dependencia, denunció que la red operaba con «enganchadores» que cobraban a ocho pesos el costal de papa recolectado, a los trabajadores sólo se les pagarían cuatro pesos por cada costal.

Navarrete, agregó que tras la denuncia de las víctimas, la delegación de la Secretaría del Trabajo en BCS le dio inmediato seguimiento, lo que resultó en un operativo de inspección que confirmó la acusación tras lo cual se llevaron a cabo las acciones de prevención y de sanción correspondientes.

Por la gravedad del caso se dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que investiguen y determinen si, además de las violaciones de derechos laborales detectadas, se cometieron otros delitos o si se evadieron impuestos.

Navarrete agregó que en el operativo de inspección, los comisionados constataron que unos 100 trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua.

En este predio, que sólo era utilizado como vivienda, había además mujeres, bebés y adolescentes de 14 años. El campamento estaba ubicado en el Boulevard Agustín Olachea S/N, Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú.

Además de los indígenas tarahumaras había otros cien jornaleros agrícolas, de Sinaloa y Guerrero, en otro campamento que se localizó en el mismo municipio y con las mismas condiciones de vivienda.

Además en este lugar se encontró un área habilitada como cocina, donde se preparaban los alimentos de los jornaleros y sus familias, en total desorden y falta de higiene.

Por estos hechos se ordenó una inspección extraordinaria en materia de Seguridad e Higiene a la empresa propietaria del campo agrícola, con razón social “El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.PR de R.L de C.V)”.

Durante el desahogo de la misma se detectaron 113 violaciones a la legislación laboral como son: condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas adecuadas para la toma de alimentos, falta de equipo de protección personal.

Además se encontró a 13 menores de edad laborando; 167 trabajadores sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y consecuentemente sin prestaciones de ley.

Por estas irregularidades la Dirección General de Inspección decretó la Restricción de operaciones en el campo agrícola propiedad de la empresa “El Cerezo” y se solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se inicie una investigación en materia de violación a los derechos humanos de estos 200 jornaleros agrícolas y sus familias.

También intervinieron elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur quienes iniciaron una denuncia penal por el delito de Trabajo Infantil.

Se pidió además la intervención de personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con el objetivo de determinar las condiciones de riesgo en la salud de los trabajadores y de Policía Municipal en apoyo a estas acciones.

Con el objetivo de mantener la fuente laboral de estas personas, se entablaron negociaciones con el administrador del campo, logrando su permanencia en el empleo y la reubicación de manera inmediata a los trabajadores a zonas adecuadas de vivienda, se supervisó que recibieran alimentos suficientes e higiénicos y se les dotará de baños limpios y agua suficiente para beber y sus necesidades.

El titular de la dependencia, señaló que los delitos en que pudo incurrir la empresa contratante, que es una organización criminal de «enganchadores», son trata de personas, explotación infantil, privación ilegal de la libertad y otros del fuero común y federal.

Informó que, en lo que va del año, el Operativo “México con Trabajo Digno”, ha realizado 11 mil 446 inspecciones a 15 mil empresas, con lo que se ha beneficiado a más de un millón 88 mil trabajadores, de los cuales 760 mil 495 son hombres, 327 mil 453 mujeres y 333 menores en edad permitida para trabajar.

Derivado de estas inspecciones se ha han sugerido 42 mil 184 medidas de acciones concretas y en 11 casos se han emitido restricciones para la operación de los centros de trabajo, y se han dictado multas por violaciones que ascienden a los 132 millones 42 mil pesos.

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