Expediente Abierto
►Inversión Sostenible ♦ Opinión
Durante 33 años en el activismo ambiental, he constatado que nuestros gobernantes todavía no le dan la importancia debida a la protección ambiental (aire ambiente, suelo y agua), al manejo de nuestros residuos, ni a la conservación de matorrales, selvas, bosques y su biodiversidad.
La conciencia ambiental de un país se logra con educación. México no tiene la suficiente protección de sus recursos naturales, que garantice el derecho humano de los mexicanos a tener una vida limpia y sana, el cual, desde 2011, está consagrado en el Artículo 4o. Constitucional.
Desde 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos propuso 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Fin de la pobreza; Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; Producción y consumo responsables; Acción por el clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas, y Alianzas para lograr los objetivos.
México está muy lejos de alcanzarlos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) carece de una estrategia nacional en conjunto con las entidades federativas y mucho menos con los ayuntamientos. Todavía no cumplimos cabalmente nuestras leyes, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y reglamentos de protección ambiental.
Mis afirmaciones están basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que, de 2004 a 2020, reportaron que tuvimos Costos Totales de Agotamiento y Degradación Ambiental por más de 15 billones de pesos, de los cuales, por contaminación atmosférica, fueron 10 billones de pesos, y por el arcaico manejo de los residuos sólidos urbanos, más de 1 billón de pesos. En agua y suelo fueron 4 billones de pesos. El modelo de gestión ambiental mediante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las procuradurías estatales ambientales y la Comisión Nacional del Agua ha fracasado en estos 32 años de vigencia de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, y 12 leyes federales. La comunidad europea nos lleva 50 años de ventaja en la protección ambiental, no solo por los recursos que le destina, sino también porque cumple sus normas y leyes de protección ambiental y manejo de residuos.
Decir que México practica la economía circular es una afirmación sin sustento real, toda vez que el porcentaje de reciclaje y reaprovechamiento de nuestros 44 millones de ton/año de residuos sólidos urbanos no rebasa el seis por ciento. Aunque estamos reciclando dos millones de ton/año de plásticos, necesitamos incrementar su reciclaje hasta siete millones de ton/año. No reaprovechamos los 23 millones de ton/año de la fracción orgánica que nos servirían para producir siete millones de ton/año de composta y tampoco valorizamos energéticamente 11 millones de ton/año de la fracción inorgánica no reciclable para generar 7,700 gigawatts/hora/año que equivalen a 23 por ciento de la electricidad que genera la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No reciclamos el agua, no usamos riego por goteo, no reforestamos permanentemente ni recuperamos suelos degradados.
Invito a las autoridades locales a que cumplan con nuestra Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, separándolos para su reciclaje, reaprovechamiento y valorización energética, con apoyo del sector privado en los 130 centros regionales a nivel nacional para terminar con el modelo caro, obsoleto y contaminante del relleno sanitario, pero para lograrlo es necesario que cobren la gestión de los residuos sólidos urbanos.