La mancuerna gobierno-empresas ha sido clave para cubrir las necesidades de iluminación de las ciudades

Por D. Galicia, L. A. Hernández y M. Palma

En 1881, las calles de la Plaza de la Constitución y de la Alameda, en la Ciudad de México, se iluminaron por primera vez con electricidad. Ello marcó el inicio del alumbrado público eléctrico en el país.

A partir de entonces, junto con la innovación que el dominio sobre la electricidad había conseguido, también surgió el reto de expandir la red de lámparas a otros espacios públicos, luego a las calles, después a otras ciudades y, con el tiempo, la necesidad de reacondicionar los sistemas instalados con tecnologías más eficientes y más amigables con el medioambiente.

En casi 140 años de luz eléctrica en el país, las ciudades se han expandido más rápido de lo que las redes de alumbrado se han adaptado a las nuevas necesidades. Durante mucho tiempo, los gobiernos asumieron no solo los costos, sino el trabajo que implica darle mantenimiento a las lámparas, desde buscar los aparatos más eficientes y ecológicos al menor costo, hasta sustituir los dispositivos y operarlos.

Eventualmente, las empresas privadas entraron en el ámbito del alumbrado público como proveedores de soluciones tecnológicas para los gobiernos, pero también con esquemas integrales de sustitución, mantenimiento y operación bajo diversos esquemas de financiamiento, como licitaciones o proyectos de asociaciones público privadas (APP).

“La mayoría de la infraestructura eléctrica de las ciudades data de décadas atrás. Actualmente los municipios dedican grandes cantidades de presupuesto en sus proyectos de alumbrado público; muchas veces, únicamente logran parchar o reemplazar luminarias pero la infraestructura permanece y es obsoleta. Cuando se intenta mejorar el servicio, aparecen varios problemas: lentitud, burocracia, dificultades jurídicas y a lo mejor la corrupción”, explica Alejandro Arroyo, Responsable y Consultor de Gobierno en Construlita, un consorcio dedicado a generar soluciones integrales de iluminación para gobiernos.

La mancuerna gobierno-empresas ha sido clave para cubrir las necesidades de iluminación de las ciudades, así como para contribuir a mejorar la seguridad en los espacios públicos e, incluso, detonar la actividad turística al aportar nuevas características estéticas a los edificios y monumentos.

Hoy en día, el alumbrado público forma parte del espectro de soluciones urbanas desarrolladas bajo las directrices del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Con ello, se busca aprovechar la infraestructura de las redes de alumbrado no sólo para iluminar los espacios públicos y controlar a distancia la intensidad de iluminación y los tiempos en que las lámparas permanecen prendidas, sino también para conectar cámaras de videovigilancia, botones de pánico y todos los usos que permita la conexión a Internet.

El mercado ha respondido a estos enfoques con la oferta de soluciones tecnológicas que buscan hacer de las redes de alumbrado público, sistemas de gestión de la iluminación pero también, soportes para brindar otros servicios a través del IoT.

“El alumbrado público forma parte de las ciudades y de los municipios, y es una plataforma que contribuye de manera importante con otros aspectos como la seguridad. Con el IoT podemos usar la misma plataforma para ofrecer otros servicios, por ejemplo, a través de sensores instalados es posible medir la calidad del aire, o vigilar las calles con cámaras de seguridad. Ya no es solo un tema de iluminación, sino ver qué se puede hacer con esta plataforma con la que hoy, todos los municipios pueden contar”, explica Diana Saldaña, Gerente de Producto de Signify México.

Ella refiere que la penetración de soluciones de alumbrado público inteligente en México ha sido lenta, en buena medida porque los gobiernos municipales deben ajustar sus presupuestos para atender diversas prioridades, por lo que una opción para que las administraciones locales puedan conocer los beneficios de estos dispositivos y conocer de manera más precisa las ventajas que ofrecen, es a través de proyectos piloto.

“Tenemos dos casos, el primero es el municipio de Uruapan, Michoacán, donde ya cuentan con esta tecnología que se llama Interact City, la cual permite administrar el alumbrado público, y mediante un plan de trabajo previo, realizar un mantenimiento efectivo. Asimismo, estamos por finalizar el proyecto de San Luis Potosí para la administración de la red de alumbrado y programación de mantenimiento. Por ahora, son soluciones de monitoreo, atenuación y programación, pero están preparadas para escalar el sistema en el futuro y, si el municipio lo desea, podrán contar con sensores para gestionar otros aspectos”, detalla.

ESFUERZOS INTERNACIONALES

World Resources Institute México (WRI) coordina a nivel mundial el proyecto Acelerador de Eficiencia en Edificaciones (BEA, por sus siglas en inglés), el cual pertenece a la iniciativa Energía Sustentable para Todos (SEforALL) de las Naciones Unidas, que ayuda a las ciudades y los gobiernos estatales a acelerar la adopción de políticas, así como a replicar las mejores prácticas para la eficiencia energética.

La meta para 2030 es que todos los edificios nuevos sean eficientes, con cero emisiones netas de carbono.

Hay 55 entidades (ciudades, estados y municipios) asociados a BEA a nivel mundial, de los cuales 25 están ubicadas en América Latina y 8 en México: Sonora, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México y Mérida, Yucatán.

Fuente: WRI.

REDES MÁS EFICIENTES

Si bien, actualmente el paradigma del alumbrado público es el desarrollo de sistemas inteligentes y más eficientes, el ahorro de energía sigue siendo un aspecto importante, por lo que una buena parte de los proyectos aún se concentran en lograr mejores resultados de iluminación con un menor consumo de electricidad. Es el caso de Torreón, Coahuila, donde Construlita puso en marcha un proyecto de renovación de luminarias.

“En octubre de 2014 comenzamos con la renovación de alumbrado. Propusimos instalar 60 mil puntos de luz, 6 mil postes, 750 mil metros de cable y reahabilitar 100 por ciento de la infraestructura eléctrica, considerando que, una vez entregado el proyecto, este se iba a financiar con los ahorros logrados por dichas acciones. El consumo del municipio era de aproximadamente 12.7 pesos por kilowatt, después de la renovación bajó a 3.5 pesos por kilowatt, generando un ahorro de 70 por ciento”, explica Alejandro Arroyo.

La base para transitar hacia sistemas de alumbrado público eficientes es conocer el tipo de infraestructura instalada, no solo de luminarias, sino las distancias, las características de las vialidades y pavimento donde se ubican, y en función de ello, pensar en una tecnología que pueda mejorar todo el sistema de iluminación, explica Héctor Ledezma Aguirre, Director de Fomento, Difusión e Innovación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

“Es muy importante que los proyectos de alumbrado público en los municipios incluyan un diagnóstico físico de la instalación, después un estudio de vialidades conforme a la norma NOM-013. El siguiente paso es integrar todos los elementos a mejorar, es decir, el cambio de transformadores, postes, circuitos, lámparas, lo que denominamos conversión o sustitución de equipos”, apunta.

La CONUEE brinda apoyo técnico a los municipios sobre sus proyectos de alumbrado público. Desde la creación del Plan Nacional de Eficiencia Energética y Alumbrado Público Municipal hace diez años, ha asesorado 47 proyectos, donde los municipios invirtieron más de 2 mil millones de pesos (mdp) y cambiaron más de 40 mil luminarias, generando ahorros importantes.

Ahora, la Comisión propone una versión 2.0 del plan nacional, con el fin de desarrollar una regulación técnica para las nuevas tecnologías de telecomunicaciones que pueden integrarse a las luminarias; esto es una característica de las ciudades inteligentes.

Para lograrlo, desarrollará proyectos piloto en tres ciudades del norte, occidente y centro del país, que ya cuentan con sistemas Led, para instalar un máximo de cien sistemas de sensores y dispositivos en lámparas, mismos que proporcionarán datos adicionales sobre movilidad y seguridad. “En estos proyectos piloto no hay dinero público, es una colaboración entre municipios, la CONUEE y empresas asociadas a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname)”, afirma Héctor Ledezma.

La meta del plan nacional 2.0 es sustituir 60 por ciento de los 10 millones de sistemas de alumbrado que existen, lo cual se traduce en un ahorro de 8.7 mil mdp anuales para las finanzas locales, disminuyendo el consumo de 2.5 millones de mega watts hora anuales.