Fortalecimiento institucional para la protección policial

►Por Martha Palma Montes e Isaías Ocampo
FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO

Coyuca de Benítez, uno de los municipios costeros de Guerrero en la región de Costa Grande, tiene como principal actividad económica el comercio, pero además destacan la agricultura, la pesca, los servicios y el turismo, gracias a su cercanía con uno de los principales destinos turísticos del país: Acapulco.

Ambos municipios, los más afectados por el paso del huracán Otis, en octubre de 2023, también figuran entre las localidades más inseguras del país. Tan solo un par de días antes del azote del ciclón, al menos 15 agentes de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez fueron emboscados en la carretera federal que atraviesa el municipio, con un saldo de 13 policías asesinados, entre ellos el titular de la dependencia municipal y el Director de la Policía preventiva.

La magnitud del problema de seguridad pública que refleja esa masacre en Coyuca de Benítez es, desafortunadamente, tan solo una fracción de la realidad que azota a las corporaciones policiacas locales, pues, en promedio, cada día es asesinado un policía en alguna parte del país.

De acuerdo con el Registro de policías asesinados 2023, de Causa en Común, del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, fueron asesinados al menos 412 policías de los tres órdenes de gobierno. Dicha cifra representa un incremento de 2 por ciento respecto al número de policías asesinados en 2022; en total, a lo largo del actual sexenio han sido asesinados dos mil 230 elementos policiales.

Según los registros de Causa en Común, 218 de los policías asesinados en 2023 eran municipales, 154 estatales y 34 federales. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023 se contabilizan mil 210 policías municipales asesinados.

Los estados con el mayor número de policías asesinados durante 2023 fueron Guanajuato (60), Guerrero (40), Zacatecas (32), Michoacán (28) y Jalisco (24).

FACTORES DE RIESGO
Para los policías en México existen diversos elementos que los hacen vulnerables durante sus tareas de seguridad pública, principalmente para los funcionarios estatales y municipales. “Estos factores de riesgo están relacionados con la violencia, el crimen organizado y delitos como el secuestro, la extorsión, robo a transeúntes u otras actividades delictivas”, explica Jonathan De Vicente Encarnación, Director de Incidencia Política en México Unido Contra la Delincuencia.

Otro de esos factores, agrega el especialista, está relacionado con la corrupción dentro de las propias corporaciones de seguridad, así como la falta de recursos y capacitación de las Policías locales. “En el caso de los funcionarios de seguridad pública, estos factores de riesgo se potencian, sobre todo, cuando hay conflictos al interior de la propia corporación”.

“Desafortunadamente, vemos un panorama de riesgo para los policías, e inclusive para los propios mandos, lo cual debería ser una situación inaceptable para cualquier gobierno, porque, finalmente, los policías representan ese primer contacto del Estado”, señala por su parte Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común.

De acuerdo con la experta, la mayoría de los eventos ocurren de forma violenta, lo que sostiene la hipótesis de que muchos de los asesinatos están relacionados con la delincuencia organizada. “Sin embargo, dada la falta de información oficial al respecto, no tenemos un sustento sólido para poder señalar que estos homicidios estén relacionados con el crimen organizado”.

REFORZAR LA SEGURIDAD DEL POLICÍA
Para los expertos de Causa en Común y de México Unido Contra la Delincuencia, las principales acciones que deben emprender los gobiernos estatales y municipales son el fortalecimiento institucional y la generación de capacidades de las corporaciones de seguridad pública.

“Eso se tiene que ver reflejado a través del equipamiento adecuado y del seguimiento puntual a cursos en materia de derechos humanos, de perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, con el fin de generar también confianza en la ciudadanía”, comenta De Vicente Encarnación.

“Actualmente, las Policías municipales y estatales han sufrido disminuciones en los apoyos federales, respecto a lo que recibían en años anteriores, y eso merma su capacidad de respuesta. No solo es armar al personal, sino que también hay policías que carecen de municiones o armas de fuego suficientes, además de patrullas y uniformes dignos”, explica Canjura Luna.

“Debería existir toda una planificación con una estrategia para fortalecer a las Policías municipales en torno a lo que ya existe en la ley. Tenemos la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública y allí están establecidos cuáles son los criterios para el desarrollo policial”, agrega la investigadora.

Nancy Canjura refiere que, por ejemplo, Chihuahua, un estado que se encontraba entre los primeros cinco lugares en asesinato de policías entre 2019 y 2021, ha salido de esa situación gracias al fortalecimiento de su personal policiaco en todo sentido.

“Se debe tener el número adecuado de policías, una estrategia de integración tecnológica paralela y un área de inteligencia que permita hacer más con menos; lo ideal es potenciar las capacidades del personal con tecnología, inteligencia y estrategia”, advierte.

Para la especialista, ese tipo de políticas deberían estar operando a nivel nacional “para que todas las localidades puedan tener los recursos que les permitan responder a las realidades que vive cada una”.