De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2024, 59.4 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 91 zonas del país, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
Foto: Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
La ENSU, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que, entre los municipios que la población percibe como inseguros, se encuentran Naucalpan de Juárez, (89.2 por ciento); Ecatepec de Morelos (84.5 por ciento); Chimalhuacán, (77.3 por ciento); y Cuautitlán Izcalli, (77 por ciento).
También, Toluca (76.5 por ciento); Tlalnepantla de Baz, (69.6 por ciento); Cuauhtémoc, (65.3 por ciento); Nezahualcóyotl, (61.1 por ciento); Zapopan, (60.4 por ciento); Atizapán de Zaragoza, (53.2 por ciento).
Bajo este panorama, los nuevos alcaldes, ediles y/o presidentes municipales tendrán que asumir los retos de inseguridad que se viven en cada una de sus localidades. Cada representante tendrá que trabajar de la mano de su gabinete para combatir esta situación.
Por ello, Causa en Común, considera que, toda política pública orientada a la disminución de las violencias, debe implementarse sobre la base de instituciones sólidas, homologadas en cuanto a sus capacidades técnicas, con suficiente solvencia operativa para atender y adaptarse a las diversas necesidades estructurales, los contextos sociales, económicos y políticos existentes en el país, y en permanente observancia de los derechos humanos.
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Entre las sugerencias de esta institución para atender el tema de inseguridad, se propone un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia que incluya autoridades públicas, la participación de organismos autónomos, medios de comunicación, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas.
¿Qué acciones se pueden emprender?
Diseñar con las Fuerzas Armadas un plan de repliegue inmediato de los elementos militares a sus funciones constitucionales; reorientar el presupuesto de las Fuerzas Armadas hacia el cumplimiento de sus tareas primordiales de defensa nacional y a su modernización.
En cuanto al combate al crimen organizado, a partir de reformas legales, otorgar a las policías y fiscalías estatales facultades de investigación y persecución en materia de crimen organizado, de manera que contribuyan al desmantelamiento de organizaciones locales.
Referente al sistema penal, delinear y ejecutar un plan integral para la recuperación del control sobre los penales que reportan autogobierno, incluyendo: operativos policiales con base en labores de inteligencia, enfocados a desarticular organizaciones criminales.
Para prevención, impulsar una estrategia nacional para incrementar la denuncia ciudadana mediante diferentes modalidades, incluyendo mesas de trabajo vecinales y vías digitales. Recuperar fondos federales para financiar políticas de prevención situacional y recuperación de espacios públicos, siempre en atención a las diferentes necesidades locales de seguridad.
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