Los gobiernos municipales y estatales enfrentan un desafío que difícilmente podrá resolverse únicamente con más vigilancia o mayor presencia policial. Las nuevas Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, publicadas por el INEGI, muestran que cada vez más jóvenes ingresan al sistema de justicia penal, una tendencia que apunta a la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, educación, atención social y reinserción desde el ámbito local.

Foto: Subsecretaría del sistema penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Este estudio demuestra que, aunque durante 2024 disminuyó el número de adolescentes puestos a disposición por policías estatales y municipales respecto al año anterior, la cantidad de jóvenes imputados por la presunta comisión de delitos siguió creciendo.

En total, según este informe en 2024, más de 35 mil adolescentes fueron vinculados a carpetas de investigación, lo que representó un incremento superior al siete por ciento frente a 2023 y un aumento de más de 55 por ciento respecto a 2021, cuando se registró el nivel más bajo de la serie. Ocho de cada diez de los adolescentes imputados fueron hombres.

El propio reporte permite identificar áreas donde las administraciones estatales y municipales pueden incidir. Desde 2022, las lesiones desplazaron al robo como el delito más frecuente cometido por adolescentes, mientras que amenazas, abuso sexual y narcomenudeo permanecen entre las conductas con mayor incidencia.

El cambio, este patrón apunta a fenómenos vinculados con violencia interpersonal y entornos comunitarios complejos, donde la prevención social, la mediación comunitaria, la atención psicológica, el fortalecimiento escolar y la recuperación de espacios públicos pueden convertirse en herramientas tan relevantes como la persecución del delito.

Las cifras también muestran que el internamiento continúa siendo una medida excepcional. Al cierre de 2024, casi dos terceras partes de los adolescentes sancionados cumplían medidas distintas a la privación de la libertad, mientras que únicamente una tercera parte permanecía bajo alguna modalidad de internamiento. Sin embargo, los ingresos a centros especializados volvieron a crecer ligeramente durante el último año, después de varios años de descenso.

Otro de los focos de atención para los gobiernos es la reinserción social. El INEGI reporta que entre los adolescentes privados de la libertad predomina la educación secundaria como máximo nivel de estudios, pero casi uno de cada cinco ni siquiera había concluido la primaria o carecía de escolaridad. Estos datos evidencian que el abandono escolar sigue siendo uno de los principales factores de vulnerabilidad, por lo que las estrategias locales de permanencia educativa y capacitación para el trabajo adquieren un papel central en la prevención del delito juvenil.

El informe incorpora además indicadores que ayudan a entender el contexto en el que crecen las juventudes mexicanas. Durante 2024 fueron registrados mil 153 homicidios de adolescentes y la tasa nacional volvió a incrementarse impulsada principalmente por los hombres. A ello se suma que el suicidio mantiene una tasa de 5.1 casos por cada 100 mil adolescentes, con un aumento sostenido entre las mujeres durante los últimos años.

Estos indicadores muestran que la atención a los adolescentes en conflicto con la ley no puede limitarse al funcionamiento de fiscalías, policías o centros de internamiento. También exige fortalecer las capacidades institucionales para atender salud mental, permanencia escolar, prevención de adicciones, cultura, deporte y acompañamiento familiar.

A una década de la creación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las cifras del INEGI plantean que el desafío para los gobiernos locales no es únicamente responder cuando un joven comete un delito, sino construir políticas públicas capaces de evitar que llegue a ese punto. La evidencia estadística sugiere que invertir en prevención temprana puede ser tan determinante para la seguridad pública como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de impartir justicia.