Según el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, la Guardia Nacional no ha dado resultados relevantes en términos de seguridad pública, además de que el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas ha provocado estancamientos o mermas de recursos a las policías locales.
Foto: Senado de la República.
El Senado de la República, presentó el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado en conjunto con la organización Causa en Común, que analiza y cuestiona las tareas de seguridad en las que han participado dichas fuerzas durante el actual sexenio.
En el documento, también se observa que, el incremento presupuestal, en combinación con la “tradicional opacidad” de las Fuerzas Armadas, aumentan el riesgo de corrupción, además se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos al poner a estas instituciones en tareas de seguridad que no les corresponden.
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Durante su participación, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, enfatizó que la seguridad nacional supone políticas de Estado cuyo principio es dialogar y escuchar a los diversos actores de la sociedad; no obstante, lamentó que en este sexenio ha habido una gran dificultad para hablar sobre este tema, particularmente con las organizaciones civiles.
Advirtió, en ese sentido, que debe ponerse la posibilidad de la “militarización de la República” en el centro del debate, ya que las propuestas de reforma remitidas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión buscan “abrirle las puertas” a las Fuerzas Armadas la posibilidad de que se “metan en todo”.
En su intervención, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expuso que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido sólo 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No obstante, de enero de ese año a mayo de 2024, tanto esa institución como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, acumularon cuatro mil 800 quejas, por violaciones a los derechos humanos.
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