La organización Data Cívica exigió el uso de evidencia para prevenir y atender la violencia de género, a través de un compendio que presenta claves para entender diversas formas de violencia —letales y no letales— que afectan a las mujeres en México.
Foto: Cortesía.
En el informe, “Lo que sabemos sobre las violencias que viven las mujeres en México”, dado a conocer por Data Cívica, se presentan hallazgos sobres homicidios contra las mujeres, violencia de pareja, violencia institucional contra mujeres privadas de su libertad, violencia y discriminación contra mujeres indígenas y/o migrantes, desapariciones, y violencia política.
Relacionado a la violencia letal, los asesinatos de mujeres en general aumentaron 127 por ciento de 2006 a 2023, en el caso de homicidios por razón de género, en 2006, hubo 1.03 feminicidios por cada 100 mil mujeres en el país, y en 2023, esta tasa era de 1.38 feminicidios por cada 100 mil mujeres, un aumento de 34 por ciento.
En la última década ha aumentado la proporción de mujeres asesinadas por armas de fuego de 42.8 por ciento en 2013 a 61.3 por ciento en 2023, seguido por ahorcamiento (13%) y arma blanca (11.7%). La proporción de mujeres asesinadas por arma de fuego equivale a un incremento de 18.5 puntos porcentuales, más del doble de lo que vemos en el caso de los hombres (7.4 p.p.).
Aunque es más común que las mujeres sean asesinadas dentro de sus hogares, en los últimos diez años el porcentaje de homicidios en la vía pública ha aumentado tanto para mujeres como para hombres.
Por otro lado, 1 de cada 5 mujeres indígenas en México ha sufrido violencia física en su relación de pareja más reciente, frente a 1 de cada 7 mujeres no indígenas. Además, las mujeres indígenas reportan mayores tasas de violencia sexual, económica y psicológica en sus relaciones románticas.
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Así mismo, la maternidad de mujeres migrantes e indígenas, está marcada por el estigma, la violencia institucional y el aislamiento social. Estas mujeres enfrentan mayores tasas de violencia obstétrica, incluyendo presiones para ser esterilizadas (13.7 por ciento frente al 9.5 por ciento de las no migrantes ni indígenas). Además, las migrantes internacionales enfrentan aislamiento severo, con el 22.6 por ciento reportando no tener redes de apoyo para cuidar a sus hijos en emergencias, cifra mucho mayor que las de las mujeres no migrantes (ENDIREH 2021).
En cuanto a la violencia institucional contra mujeres privadas de la libertad en México, ellas enfrentan importantes desigualdades de género y condiciones estructurales adversas. El 29 por ciento de las mujeres privadas de libertad se declara culpable de algún delito debido a presión o amenazas, 1.6 veces más que los hombres que se declaran culpables por la misma razón.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, el 61.3 por ciento de las mujeres detenidas no recibe información sobre sus derechos al momento de la detención, cifra mayor que la de los hombres (56%). La asesoría legal también es limitada: menos del 25 por ciento de las personas detenidas recibe este apoyo, siendo las mujeres indígenas quienes más carecen de representación adecuada (19.8 por ciento).
Casos de desaparición
Relacionado a la crisis de desapariciones, si bien el número de personas desaparecidas registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha aumentado entre todos los grupos de edad, tanto para hombres como para mujeres, el aumento más grande ha sido más específicamente de mujeres adolescentes (de 10 a 19 años).
En el ámbito de la política, las mujeres son más vulnerables a la violencia psicológica y sexual mientras que los hombres sufren más violencia física extrema (83 por ciento frente al 13 por ciento de mujeres). En ataques no letales, como amenazas de muerte y ataques armados sin víctimas fatales, la brecha de género es menor: 29 por ciento de las víctimas son mujeres y 65 por ciento hombres.
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La violencia no letal afecta más a perfiles específicos de mujeres políticas: el 60 por ciento de las integrantes de partidos políticos atacadas de forma no letal son mujeres, así como el 50 por ciento de familiares y 43 por ciento de autoridades electas atacadas. Esto muestra una violencia diferenciada en función del género y el rol político.
Derivado de estos hallazgos es indispensable entender cómo la identidad, el contexto en el que se da un asesinato así como otras agresiones generan patrones de victimización distintos, como en los casos de feminicidio o los asesinatos de grupos étnicos y minoritarios.
Este enfoque interseccional, requiere de más y mejores fuentes de información que incluyan, por ejemplo datos sobre orientación sexual o discapacidad y además garantice el llenado de campos ya existentes en las fuentes de información como el parentesco del agresor, pues hubo una disminución en el registro de variables como esta en el registro de personas asesinadas, pasando de 12 por ciento en 2005 a menos del 1 por ciento en 2023.
Por otro lado, también es importante reconocer que ha habido avances en la inclusión de datos sobre habla de lengua indígena y etnicidad de las personas víctimas de asesinato, con un aumento significativo en el registro de estas variables desde que ingresaron al registro.
Los hallazgos visibilizan y dan claves para comprender distintos tipos de violencias abonando a la discusión e implementación de planes y políticas efectivas de prevención y erradicación como el Sistema Nacional del Cuidados, acciones en materia laboral que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de las mujeres, centrar esfuerzos en la identificación, sensibilización y abordaje de las causas estructurales de la violencia feminicida, en el fortalecimiento de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y en un enfoque en políticas de gobierno dirigidas no solo a la atención reactiva sino proactiva, con la prevención como eje central, utilizando evidencia rigurosa, intervenciones comunitarias y un compromiso renovado de las instituciones para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
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