“Cuando un litigante o juzgador es asesinado, se pierde la posibilidad de la realización de un derecho o de construir condiciones institucionales de convivencia”, mencionó José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y socio fundador del IFED en conferencia de prensa.
Fotos: México Evalúa.
En la presentación “Cuando impartir justicia es peligroso”, por México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED), se refleja que, el ambiente de agresiones a la independencia judicial desde los poderes del Estado y grupos de poder político y/o económico, se ha intensificado durante este sexenio, en particular por parte del Poder Ejecutivo.
Esta investigación ofrece un diagnóstico exploratorio sobre los ataques que personas juzgadoras y actuarias, experimentan cotidianamente en el ejercicio de su labor y que tienen un efecto adverso en la demanda de justicia y paz.
En los estudios “Los ataques a la integridad del personal judicial en México”, y “Violencia en contra de las personas abogadas litigantes en México”, se encuentra que, 69 por ciento de las personas abogadas litigantes sufrió en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional.
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Mientras que, 21 por ciento de las personas juzgadoras reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años. Del 1 de enero de 2023 al 17 de enero de 2024 se identificaron 167 señalamientos en contra de personal judicial de los cuales 98 por ciento consistieron en declaraciones públicas, 88 por ciento fueron declaraciones públicas emitidas directamente por el presidente de la República.
Las agresiones hacia el personal jurisdiccional y las personas abogadas litigantes derivan en afectaciones graves en la salud, economía y relaciones familiares. Para personas que litigan se perciben afectaciones en el ejercicio de su trabajo, como el abandono de casos, la decisión por abandonar el litigio por completo y una disminución en la calidad de su trabajo.
Recomendaciones para atender el tema, IFED y México Evalúa
Que los poderes judiciales tengan políticas de protección de su personal; desarrollar medidas de protección con perspectiva de género; crear protocolos de seguridad y estrategias de colaboración interinstitucional; generar un registro de las agresiones o amenazas al personal y a las instalaciones.
Articular acciones de secretarías de seguridad pública, fiscalías y tribunales para prevenir, investigar, procesar y sancionar casos de violencia contra personal judicial y personas litigantes. Atención, a través de sindicatos de los poderes judiciales y barras de abogados, a las necesidades de sus miembros.
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