La diputada Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, prevé construir una normativa para la regulación de motocicletas , a través de reuniones con organizaciones, autoridades de movilidad de los estados, gobierno federal y sociedad civil.
Foto: Cámara de Diputados.
Ante el incremento de accidentes por motocicletas, la diputada explicó que estas reuniones son con el fin de buscar soluciones y escuchar ideas, luego de que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya refiere el uso de motocicletas que están consideradas como vehículo particular motorizado y tienen las mismas reglas que los automóviles.
Argumentó necesario analizar si es necesario ampliar el marco general para fortalecer las capacidades de estados y municipios en sus reglamentos de tránsito.
“La presidenta Claudia Sheinbaum va a mandar una iniciativa sobre el tema de una regulación nacional de motos, como Comisión podríamos empezar a trabajar por lo menos escuchando a actores e instituciones sobre qué es lo que están haciendo y qué es lo que proponen en este sentido”, agregó.
En este sentido priorizó el tema del servicio que dan las aplicaciones sobre motocicletas, las cuales no cuentan con una reglamentación.
Asimismo, consideró robustecer los capítulos sobre el tipo de casco, el nivel de velocidad y el número máximo de personas que deben de ir a bordo de las motocicletas.
“Solicitaré dichas reuniones con la posibilidad de una reforma o no, o ya es suficiente y se lo dejamos a los estados, pero me parece que tenemos que entrarle a ese tema”, aseguró.
Desechan iniciativa de prohibición de emisión de alertas sobre controles de tránsito en app
La presidenta de la Comisión de Movilidad indicó que se recibió un dictamen en sentido negativo con la iniciativa que buscaba adicionar un artículo 50 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de establecer la prohibición de emisión de alertas sobre controles de tránsito en aplicaciones de navegación y asistencia en tiempo real.
La diputada consideró que el contenido de la propuesta podría incurrir en una colisión de derechos y se restringiría el libre acceso a la información, el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión y de acceso a las tecnologías de información y telecomunicación.
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