En 2023, los gobiernos de las 32 entidades federativas del país gastaron un total de 2.85 billones de pesos, lo que equivale a un promedio de 21 mil 759 pesos por habitante, indicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Fotos: IMCO.
En México, uno de cada tres pesos de recursos públicos es ejercido por las administraciones estatales en áreas que inciden directamente en la competitividad del país y el bienestar de la población, como salud, educación y seguridad pública, de ahí la importancia de realizar una planeación presupuestaria eficiente.
El IMCO llevó a cabo la edición 2024 del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG), el cual examina si los gobiernos estatales han recaudado conforme a lo estimado en sus leyes de ingresos, y si sus gastos se han apegado a lo aprobado en sus presupuestos de egresos a lo largo de la última década (2015-2023).
El objetivo del informe señaló el organismo, es fomentar una mejor planeación de los ingresos y del gasto público, así como promover una mayor rendición de cuentas en las entidades del país.
El estudio revela la existencia de variaciones sistemáticas, generalizadas y, en ocasiones, significativas entre los ingresos estimados y recaudados, así como entre el gasto aprobado y ejercido para múltiples rubros de ingreso y partidas de gasto estatales, las cuales distorsionan los objetivos y metas plasmadas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos aprobados por los congresos locales.
Estiman menos ingresos de lo que se recauda
El IMCO expuso que, estimar menos ingresos de los que realmente se recaudan es un fenómeno generalizado y recurrente, de tal forma que, cada año, a lo largo de los últimos nueve ejercicios fiscales, los gobiernos estatales, en su conjunto, han reportado ingresos entre 6.6 y 17.9% mayores a los estimados.
Esto implica reasignaciones en el gasto que, si no se justifican y fiscalizan adecuadamente, pueden dar lugar a un uso discrecional de los recursos públicos.
Los datos del Instituto indican que, Guerrero, Morelos y Tlaxcala registraron ingresos superiores en más de 12.9 por ciento a los estimados durante todos los años analizados (2015-2023), lo que refleja deficiencias persistentes en la programación y planificación de sus recursos.
En 2023, 31 de las 32 entidades federativas tuvieron ingresos mayores a los programados, por lo que los gobiernos estatales, en conjunto, recaudaron 13 por ciento más de lo estimado (2.97 billones de pesos frente a los 2.63 billones aprobados).
En 15 entidades, los ingresos excedentes superaron en más de 15 por ciento los ingresos estimados. Cinco estados tuvieron incrementos de entre 20.6 y 39.5 por ciento: Campeche (20.6%), Chiapas (22.2%), Nayarit (23.6%), Nuevo León (32.9%) y Sonora (39.5%).
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Aunque solo nueve gobiernos estatales tenían autorización para contratar deuda por 23.1 mmdp, 15 entidades adquirieron obligaciones financieras por un total de 96.8 mmdp, un 318.9 por ciento (73.7 mmdp) más de lo aprobado.
Más gastos de lo presupuestado
Los gobiernos estatales no necesariamente gastan conforme a lo presupuestado, refirió el IMCO. En la práctica, existen partidas o conceptos de gasto donde el monto finalmente ejercido es considerablemente mayor o menor que el aprobado, sin que los congresos locales intervengan necesariamente de forma activa en la autorización de tales cambios.
De acuerdo con el informe del Instituto, entre 2015 y 2023, los gobiernos estatales destinaron entre 36.8 y 138.6 por ciento más recursos de los aprobados para comunicación social y publicidad. En 2023, 24 entidades gastaron más de lo autorizado, destacando los casos de Tamaulipas (1,245%), Veracruz (1,187%) y Tabasco (748%).
En 2023, las 32 entidades federativas planearon gastar 2.62 billones de pesos, pero ejercieron 2.85 billones de pesos, lo que representó un exceso de gasto de 235.2 mmdp (equivalente a 2.2 veces el presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ese año –105.4 mmdp–).
Aunque en 2023 los estados obtuvieron más ingresos de los estimados, distintas partidas de gasto presentaron subejercicios, entre las que destacan: Comunicaciones (-15.6%); Ciencia, tecnología e innovación (-10.7%); Minería, manufacturas y construcción (-5.4%); Vivienda y servicios a la comunidad (-3.2%); y Combustibles y energía (-3.0%).
La inversión pública registró un subejercicio en 2023. Aunque se autorizaron 119.9 mmdp para este concepto de gasto, se ejercieron 106.5 mmdp, cifra (-)11.1 por ciento menor a la establecida en los presupuestos de egresos de los estados.
Propuestas para un mayor control de los recursos
El IMCO señaló que el tipo de adecuaciones presupuestales –tanto recortes como aumentos– que se documentan en su informe, revelan áreas de oportunidad en la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos públicos, y subrayan la importancia de limitar la discrecionalidad que las secretarías de finanzas estatales tienen en la gestión de los recursos locales.
En particular, agregó, evidencian la necesidad de que los poderes legislativos estatales, incluidos los órganos locales de fiscalización, cumplan con las facultades que les confiere la Constitución y actúen como contrapesos en el manejo del gasto público de los estados.
Por ello, para un mayor control del gasto público estatal, las propuestas del IMCO son las siguientes:
Establecer controles y mecanismos de seguimiento a las adecuaciones presupuestarias de los poderes ejecutivos estatales.
Modificar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (LDF) y las leyes locales para regular las variaciones entre los montos aprobados y ejercidos por los gobiernos estatales. Se propone que si las adecuaciones presupuestarias exceden 15 por ciento del presupuesto aprobado, la Secretaría de Finanzas del estado (o su equivalente) deberá justificar y someter la propuesta de ampliación o reducción presupuestal a la autorización del congreso local.
Mayor participación de los Congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto. Los congresos locales, junto con los órganos locales de fiscalización, deben cumplir su función de contrapeso al monitorear y fiscalizar debidamente las variaciones observadas entre los montos aprobados en los presupuestos de egresos y los montos ejercidos que se reportan en los informes trimestrales y cuentas públicas que los ejecutivos locales les remiten.
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