Diputados federales aprobaron el jueves por la noche, 4 de las reformas constitucionales propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y respaldadas por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, mismas que forman parte del “Plan C”.
Foto: Cámara de Diputados
La Comisión de Puntos Constitucionales avaló los dictámenes para una pensión universal por vejez y el complemento que garantice a jubilados un ingreso equivalente a su último salario; reforzar becas a jóvenes; el aumento de los salarios dignos por arriba de la inflación y el programa de arrendamiento de vivienda propuesto por Sheinbaum.
Se aprobó un dictamen que reforma el artículo 123 constitucional para establecer que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa por vejez:
Personas trabajadoras con sesenta y cinco años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tendrán derecho a que su pensión por vejez sea igual al promedio de salario del último año de cotización.
Asimismo, se busca elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para otorgar un apoyo económico mensual a personas de entre 18 y 29 años que no cuenten con un empleo ni cursen algún nivel educativo.
Por otra parte, se establecerá la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Además, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
La comisión aprobó un dictamen para que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establezca un sistema de vivienda con orientación social que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora, y también podrá construir vivienda para que las personas trabajadoras cotizantes puedan adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley.
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