Alcaldes de México | 13 de febrero de 2023.- El gobierno del estado de Colima y la Secretaría de la Función Pública (SFP) firmaron un acuerdo de coordinación de control interno, fiscalización, mejora de la gestión gubernamental; prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción.
Foto: SFP.
El acuerdo signado por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva y el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, tiene como objetivo implementar acciones e intercambiar información y experiencias; asimismo prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
En coordinación de auditorías, de manera anual, se revisarán programas federales específicos y se fortalecerá la coordinación en el intercambio de información para que el estado abra investigaciones por faltas no graves y graves en materia de responsabilidades administrativas, derivado de inconsistencias en auditorías.
La SFP compartirá lineamientos y plataformas tecnológicas para denuncias ciudadanas por corrupción y el Sistema Integral de Análisis de Evolución Patrimonial.
En materia de contrataciones públicas, ambas instancias se comprometen a coordinar instrumentos de control, detección de riesgos y medidas preventivas de corrupción, así como implementar programas de integridad empresarial; respecto a la Contraloría Social, se firmó un convenio específico, con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia en obras y programas federales.
El acuerdo considera, entre otros aspectos, la vigilancia y auditoría de recursos públicos federales, que la Contraloría General de Colima y SFP realizarán de manera conjunta, visitas de inspección y revisiones a los fondos, programas, proyectos, acciones, obras y servicios ejecutados por el gobierno estatal.
Asimismo, impulsa la labor de la contraloría estatal para constatar el cumplimiento de disposiciones normativas, monitorear la evolución patrimonial de personas servidoras públicas, vigilar procedimientos de adquisiciones y realización de la obra pública, fomentar la participación de la sociedad en la vigilancia de la aplicación de los fondos destinados a los programas sociales, atender las denuncias ciudadanas, e impulsar un sistema de alertadores internos y externos de la corrupción.
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