*Por Marco Romero Silva.
Gobiernos “se van y nuevos llegan”, entre discursos que ofertan promesas a diestra y siniestra, siempre aderezados con frases tan ingeniosas, que algunas incluso pueden llegar a ser muy convincentes en las propuestas que difunden.
Algunas de esas recurrentes promesas, que de ninguna manera pueden faltar, son las del combate a la corrupción, que en vía de crítica o hasta de amenaza, se lanzan en contra de quienes renuncian o son renunciados de los cargos públicos que ejercieron, durante el periodo de gobierno que llega a su fin, para ser relevados por quienes encabezaran una nueva administración.
Así se cumple la máxima, de que, “llegaron los buenos y se van los malos”; por supuesto, entre los malos que se van, siempre estarán quienes recibirán el muy duro calificativo de corruptos, o en el mejor de los casos, el de servidores públicos ineficientes que no supieron ejercer la tarea de gobernar, ni capaces de administrar correctamente los recursos públicos ejercidos bajo su encargo.
Foto: Coalición Anticorrupción.
Esa repetitiva escena sexenal, evidentemente desgasta la lucha anticorrupción, disminuyendo su credibilidad, ante los ojos de los ciudadanos, que, cansados de observar la millonaria y periódica distracción de recursos presupuestales, generalmente son escépticos en que efectivamente se entablará una genuina lucha por controlar y disminuir drásticamente el cáncer social de la corrupción.
En este contexto, en el año 2015 surgió el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), bajo el paradigma de una novedosa participación ciudadana, con derecho a presidir el mismo, bajo la figura de Comités de Participación Ciudadana distribuidos a nivel nacional, pero a fuerza de ser sinceros, con escasas herramientas para en verdad guiarlo por exitosos derroteros, en esa necesarísima lucha.
Ciertamente, no por el reconocimiento dentro de este nuevo sistema, del derecho humano de los ciudadanos de participar en la batalla anticorrupción, se prestigia en automático esa lucha, que si bien la sociedad la reconoce como indispensable, las muy malas experiencias sufridas por décadas, la hacen observarla con un gran recelo.
El caso es, que las reformas sobre el SNA, han conducido a insistir en la exigencia, de hacer efectivos los derechos de vivir en un ambiente libre de corrupción, de gozar de una buena administración pública, y que en este marco, se materialice un adecuado uso y aplicación de los recursos públicos, mismos derechos que realmente siempre han estado inmersos entre normas constitucionales y legales, pero que hoy se destacan, esgrimen y se reclaman, en múltiples foros a lo largo de nuestro país, basados en un renovado ímpetu, anclado en el derecho humano de participación ciudadana en los asuntos públicos.
El 9 de diciembre de 2022, en el Día Internacional contra la Corrupción, ciudadanos del movimiento anticorrupción en todo el mundo estarán unidos, para hacer conciencia sobre la importancia del combate en contra de este mal, e insistir en rechazarlo con toda fuerza, porque rompe la igualdad en que debemos vivir en comunidad, al distraer recursos públicos o sociales, para el exclusivo beneficio de quienes abusan del poder público o económico de que disponen.
En efecto, la corrupción ha dejado de considerarse como un problema exclusivamente de servidores públicos, para corresponsabilizar a los particulares, tanto para luchar en su contra, como para sufrir sanciones en el caso de incurrir en las prácticas corruptas, que no obstante, que encontramos así definidas muy diversas conductas, en leyes de diversas materias, para desencanto social, en nuestro país aún se mantiene un escaso margen de efectividad en su aplicación, reflejando los altos niveles de impunidad que aún prevalecen.
Así las cosas, no es necesario ser muy perspicaz, para darse cuenta que sin éxito no hay prestigio; en otras palabras, el SNA debe mostrar eficiencia y eficacia en sus objetivos de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en el mantenimiento de un adecuado control y fiscalización de recursos públicos, para legitimarse ante la sociedad y obtener su reconocimiento y respaldo definitivo, de otra manera no se prestigiará, si no cumple esos concretos mandatos constitucionales que se asignaron a la estructura ciudadana y pública que abriga al sistema.
Después de poco más de cinco años de operación del SNA, este ha logrado estructurar una Política Nacional Anticorrupción (PNA) y su Programa de Implementación (PIPNA), que ahora el sistema debe mostrar que se aplican en el día a día y que en verdad sirven para dar resultados y otorgar respuestas concretas a los reclamos sociales, que siguen doliéndose de las múltiples facetas en que se desenvuelve el fenómeno de la corrupción, afectando patrimonios de todos tipos.
Reflexionar sobre el adecuado combate a la corrupción, nos sitúa automáticamente en un ambiente de cumplimiento de la ley, bajo altos estándares de aplicación de valores éticos y las mejores prácticas internacionales en la materia.
Sin duda, esos espacios donde no solamente impere la ley, sino también prive la integridad, que como objetivos persigue el sistema, no se advierten como una empresa menor; sin embargo, deben abrirse con firmeza, prontitud y eficacia, por instituciones y operadores del SNA, a partir de la PNA aprobada, en acatamiento a la obligación dispuesta para los entes públicos, por la ley general que rige la materia.
Desde este espacio, convencido en las bondades del SNA y a sabiendas de lo mucho que hay por construir dentro del mismo, hago votos porque la instalación de la ASAMBLEA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, en la que habrán de reunirse todas las instituciones que lo integran, incluidos todos sus Comités de Participación Ciudadana, a celebrarse el 8 de diciembre de 2022, resulte la ocasión propicia para el relanzamiento del sistema y el arranque de una nueva ruta, hacia logros más ambiciosos en la lucha anticorrupción, para bien de México.
Lic. José Marco Romero Silva. Especialista en Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos por la UNAM. Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. Miembro fundador del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, A.C.
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