José Marco Romero Silva.
Los múltiples males sociales que se le atribuyen a la corrupción, probados en los hechos y sufridos con distintas intensidades en todos los estratos sociales, justifican la necesidad de que la lucha en su contra se libre con la debida prioridad, eficiencia y resultados perceptibles por toda la sociedad.
A nivel global, cada 9 de diciembre se nos recuerda la importancia de la lucha nacional e internacional contra la corrupción, destacando que genera pobreza, frena el desarrollo económico y social, debilita la democracia, así como las instituciones públicas y privadas, aumentando la desigualdad al desviar recursos que deberían generar desarrollo social, pero que se canalizan a distorsionar las acciones de gobierno y la competencia leal, o para torcer la adecuada impartición de justicia e incluso fomentar la criminalidad, afectando a todos, pero especial y desproporcionadamente a los más vulnerables.
Todo estos daños económicos, deterioros institucionales y estragos sociales, justifican la preponderancia del combate a la corrupción desde los sectores público, privado y social, así como a nivel individual; no obstante, los esfuerzos parecen inversamente proporcionales a la importancia de la misión, que, o no se comprende cabalmente, o a cada quien interpreta que la tarea corresponde a otro, a pesar de que las encuestas dicen que al menos es el segundo problema que le importa más a los mexicanos, después de la inseguridad y la violencia.
Foto: Archivo.
En este contexto, donde el gobierno le echa la culpa a los voraces empresarios y estos a los corruptos gobernantes y ambos acusan a una muy escasa e indiferente participación ciudadana, sobre lo cual estos hacen hincapié en que se encuentran en estado de indefensión porque no hay garantías para denunciar, culpando al incomprensible entramado gubernamental que obligatoriamente, por sí solo, debería ser capaz de contener eficazmente este fenómeno complejo.
Lo anterior produce un espacio surrealista favorable a potenciar la corrupción, generando la desfachatez con la que se conduce más de un corrupto, gozando con impune burla ante la sociedad, sus repugnantes ganancias mal habidas, lo cual es suficiente para recordarnos que el combate real a la corrupción no se produce con encendidos discursos gubernamentales, ni con planes y programas publicados en Diarios Oficiales y ni siquiera con leyes supuestamente portentosas que incrementan sanciones que no se aplican y menos volteando todos con displicencia ante la comisión de actos corruptos.
En México hace 10 años se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la finalidad de combatir los males antes señalados, pero ante sus escasos resultados prácticos hoy se le llama a rendir cuentas, con la mira puesta, en reformarlo, aunque hay voces que se alzan favorables a su desaparición.
Con claridad debe decirse que el SNA se llenó de academia, de diagnósticos, de muy sesudos análisis, comentarios y propuestas, en interminables seminarios, encuentros, talleres y cursos, pero sin traducción útil de toda esa teoría, en la brutal realidad de la jungla social donde operan los corruptos; su poca practicidad se tradujo en magros resultados ante los ojos ciudadanos. Ahí quedó olvidada la obligatoriedad de la Política Nacional Anticorrupción y su Programa de Implementación en carácter de elefantes blancos; sin aprovechamiento los muy molestos formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses que exhiben y causan escozor a quienes deben presentarlas, la inacabada Plataforma Digital Nacional a la que resisten incorporarse más de una institución, pero cuyo contenido operable quisieran controlar varios. Para pronto, el SNA quedo muy lejos de hacer realidad la cero tolerancia a la corrupción.
En fin, ante los dolorosos e impunes escándalos de corrupción que hemos visto en México, desde 2015 para acá, cuando constitucionalmente nació el SNA, nadie parece haber temblado en las redes de corrupción por su creación, ningún corrupto se inquietó, los expertos en el saqueo de recursos públicos y privados han seguido cumpliendo con eficiencia su infame tarea, multiplicando las líneas de transmisión entre las cúpulas de sectores público y privado, aprovechando las debilidades institucionales para capturar irregularmente millones y millones de recursos públicos, que lavan aprovechando el sistema financiero nacional e internacional que presumen de inmaculados. Por si nos falta memoria ahí están Odebrecht, Segalmex y actualmente el huachicol fiscal.
Así como en el diagnóstico sobre la criminalidad que nos aqueja, es indispensable analizar sus causas profundas, como la desatención a las injusticias sociales, o la falta de oportunidades de desarrollo y la exclusión de amplias capas sociales de los beneficios del progreso país, todo lo cual genera desigualdad y pobreza, potenciando la posible aparición de conductas antisociales, en el combate a la corrupción es indispensable analizarla y atacarla bajo una óptica similar, cerrando las brechas institucionales que ayudan a la apropiación ilegal de recursos públicos. No es que esos canales estén cuidados por tontos, es que los responsables forman parte de las redes de corrupción.
En México no es inusual que pretendamos “solucionar problemas” expidiendo una nueva ley o al menos reformándola; podríamos afirmar que nos gustan las normas y si las aderezamos con sanciones, con posibilidad de aumentarlas periódicamente, mucho mejor, aunque no seamos tan buenos en exigir que esas normas regularmente se apliquen y exhibir y sancionar a quien omite hacerlo.
Así fue diseñado hace 10 años el Sistema Nacional Anticorrupción, para instrumentarlo mediante 7 leyes, atractivo en el papel pero poco eficaz en la práctica, no porque no pueda ser funcional, sino porque las 7 instituciones públicas que originalmente lo integraron, siempre tuvieron reserva en coordinarse a plenitud y ceder espacios de poder, pero también, porque desde el cenit del poder público se ha visto con reserva la novedad de que el sistema fuera presidido por ciudadanos y que la inclusión de la participación ciudadana tenga un alcance real en el contenido de las políticas públicas en la materia, así como en su seguimiento, evaluación y mejora continua.
No es tan complicado entender el sistema y menos aplicarlo, pero si lo es, hacerlo funcional en la realidad, con trabas desde el oficialismo o enfrentamientos y protagonismos desde la “esquina” de la participación ciudadana.
Hoy estamos en la coyuntura de la posibilidad real del lanzamiento de un nuevo sistema, con nuevas normas, otros procedimientos y la refundación de competencias para desahogarlos.
Solo hay que recordar que más normas no equivalen a menos corrupción, sanciones más altas no implican menos corrupción, en cambio no aplicar las normas vigentes, cualesquiera que estas sean, o simular su cumplimiento sin duda multiplica la corrupción.
Un buen punto de partido, para el relanzamiento del combate a la corrupción, sería aceptar que SNA no ha avanzado como se esperaba, entre otras causas, porque sus normas no son cumplidas a cabalidad, ni siquiera por los entes públicos integrados en el Comité Coordinador del sistema
Además, es indispensable entender de una vez, que la ley no es suficiente para luchar contra el cáncer de la corrupción. Se requiere mucho más, se requiere lograr abrir la conciencia social y alcanzar el compromiso de la sociedad en general por desechar las conductas corruptas; esto es, se requiere impulsar una evolución de las conciencias sobre los males que produce, que nos lleve a la voluntad personal y social de erradicarlos, desatando nuestro comportamiento personal y social, de conductas que retroalimentan un sistema de gran corrupción del que se nutren cúpulas corruptas de sectores público y privado.
Esa voluntad, no es igual a la llamada voluntad política; cada que se hace un llamado a cualquier servidor público sobre la concesión graciosa de su voluntad política, debemos entender que se invoca al autoritarismo, se invoca a la voluntad del déspota del siglo XVIII para renovar la máxima de “Todo para el Pueblo, pero sin el pueblo.”
El gobernante no debe a la sociedad su voluntad política, sino su sometimiento al imperio de la ley, a cumplirla puntualmente en el ejercicio del poder público del estado que detenta para beneficio social y no para aprovechamiento personal.
Sepultemos la idea de depender en pleno siglo XXI de la voluntad de los gobernantes, en lugar de exigirles apego a la ley, honradez, transparencia, rendición de cuentas, manejo escrupuloso de recursos públicos e imposición de sanciones por uso abusivo del poder, despreciativo de la ley y corrupto por naturaleza.
Cualquiera que sea el sistema que combata la corrupción, los ciudadanos tenemos el derecho humano de seguir participando en el, no simplemente para aplaudir, ni para observar impávidamente como se administra, sino con la prerrogativa de sentarnos en la misma mesa de los gobernantes a dilucidar el camino por el cual transitemos de manera conjunta para luchar en contra de este cáncer social y participar en su conformación, construcción de políticas públicas, evaluación periódica y mejora continua de sus procesos y procedimientos, otro escenario no sería aceptable.
*Mtro. José Marco Romero Silva. Es Master en Compliance, Fraude y Blanqueo. Especialista en Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos. Maestro de Marco Jurídico de las Adquisiciones, Servicios y Obra Pública y de Solución de Controversias, en la Maestría de Enajenaciones y Contrataciones Públicas, en el Instituto Nacional de Administración Pública.
Otros artículos del autor:
Huachicol, la enésima lucha contra la corrupción
0 comentarios